Óscar Celador
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

El titular del Ministerio de Educación ha anunciado la intención del Gobierno de rediseñar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que pasará a denominarse Educación Cívica y Constitucional, para evitar el carácter polémico y el adoctrinamiento ideológico que, en su opinión, esta tiene.

La argumentación del ministro no es coherente por dos motivos. Primero, en 2009 el Tribunal Supremo estableció, por una amplia mayoría de 22 votos a favor y siete en contra, que los contenidos de la asignatura carecen de un carácter adoctrinador o proselitista y que, por lo tanto, no vulneran el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que deseen. Y segundo, si al ministro realmente le preocupa la presencia en el currículo escolar de enseñanzas que puedan suponer el adoctrinamiento ideológico, no parece que sea lógico que muestre su recelo frente a una asignatura que el anterior Gobierno implantó para cumplir una recomendación del Consejo de Europa de 2002, y sin embargo no proponga la eliminación urgente de la clase de Religión, ya que esta tiene como objetivo precisamente adoctrinar al alumnado en los principios de una fe religiosa concreta.

Ahora bien, mucho me temo que, tanto en 2006 como ahora, el PP está utilizando la asignatura de Educación para la Ciudadanía como una cortina de humo para encubrir el auténtico calado de la reforma educativa que se propone realizar. Diversos líderes del PP y de la Iglesia católica llevan tiempo pidiendo recuperar una de las principales señas de identidad de la Ley de Calidad de la Educación que aprobó el Gobierno de Aznar en 2002, pero cuya ejecución fue paralizada por los posteriores gabinetes socialistas; y es que los centros privados financiados con fondos públicos, mayoritariamente católicos, puedan volver a seleccionar a su alumnos utilizando como filtro discriminatorio sus creencias. Por ahora, el experimento le ha salido bien al PP, ya que con sólo mencionar la transformación de una asignatura marginal, que se imparte sólo en dos cursos de la educación obligatoria, ha conseguido que su intención de reformar en profundidad el sistema educativo pase a un segundo plano.