RAMÓN COTARELO

El debate acerca de cuándo debe dimitir un cargo público en dificultades durará hasta el fin de los tiempos porque los criterios dependen de las conveniencias. Hasta no parecen ser iguales en todos los casos. De las últimas dimisiones se sigue que en España sólo resignan el cargo los de la izquierda, mientras que los de la derecha se niegan a hacerlo. Los casos del ministro Fernández Bermejo y del hasta ahora director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ilustran al respecto. Nada que ver con los señores Trillo, Camps, Bárcenas o Merino. De modo que se ha construido una teoría ad hoc según la cual la izquierda tiene el prurito moral de la dimisión también por fracasos políticos (por ejemplo, las dimisiones de Llamazares, Quintana y Pérez Touriño por perder las últimas elecciones) mientras que en la derecha, al contrario, diríase que el modo de prevalecer tanto cuando se pierden elecciones (Rajoy) como cuando se está bajo posible reproche penal (Bárcenas) consiste en atornillarse al cargo.

La pronta dimisión apenas se materializan los primeros indicios que la hacen plausible, debiera ser la acrisolada costumbre de todos los políticos. La única forma de legitimar la política es consiguiendo que los que la practican no estén saliendo y entrando todo el día en los juzgados. El espectáculo que están dando los italianos invita a pensar que los asuntos de moralidad pública tienen escaso impacto en el electorado. Pero eso no es algo que quepa admitir sin más por razones de salud de la democracia y porque tampoco todos los electorados son iguales. Los hay más y menos exigentes.

Los cargos socialistas que han dimitido lo han hecho por un motivo que en nada afecta a su honorabilidad personal, por faltas administrativas o una posible muestra de mal gusto, e incluso, si se apura, por una de sentido común como es que nadie puede gestionar el CNI a base de convertirlo en el centro de la atención mediática. Es decir, no han dimitido porque se suponga que se han lucrado, que es lo que sucede con los cargos del PP sobre los que pesan sospechas de comisión de delitos. Esa es una diferencia esencial y puede que circunstancial, pero real y decisiva ahora mismo, la que lleva a Rajoy a tener opinión sobre todo en esta vida excepto sobre el tesorero de su partido.

Quieren creer en el PP que los triunfos electorales enjugan las responsabilidades penales, algo que nadie en nuestra sociedad puede aceptar. Y aseguran también que en su grupo ha dimitido una media docena de consejeros, asesores y alcaldes. Lo que sucede es que estos han dimitido como cargos, pero no en su condición representativa: dejan de ser consejeros pero no diputados de la Asamblea de Madrid; alcaldes pero no concejales de los ayuntamientos. Porque son estas condiciones las que les permiten los privilegios del fuero. Por lo demás, no es posible entender que las cuestiones de responsabilidad política se substancien mediante un mecanismo de compensaciones en canal: dos consejeros por un senador o tres diputados por un presidente de la Generalitat.

Catedrático de Ciencias Políticas