Del consejo editorial

Perdónanos nuestras deudas

 JORGE ORLANDO MELO

Hace más de un año, el Gobierno de Ecuador creó una comisión para analizar su deuda externa. El grupo estaba formado por ocho ecuatorianos y seis extranjeros, "miembros de campañas para la anulación de la deuda del Tercer Mundo", entre los que se encontraban los europeos Eric Toussaint, Gail Hurley y Jürgen Kaiser, conocidos por sus luchas para suspender el pago de la deuda de los países pobres. Hace un mes la comisión concluyó que la deuda ecuatoriana es ilegítima, ilegal y odiosa. Con base en el informe, el presidente Correa declaró la moratoria sobre el 39% de la deuda pública de Ecuador y anunció que buscaría un acuerdo con los acreedores que resulten legítimos.
Las conclusiones de la comisión eran previsibles, pero esto no quita interés a sus argumentos: con frecuencia, los banqueros internacionales conceden a gobiernos ilegítimos muchos préstamos que son innecesarios y caros; el dinero recibido se despilfarra; después de que la deuda llega a cierto nivel, la mayor parte del crédito se utiliza para refinanciar deudas anteriores; los Gobiernos –entre ellos España– prestaron dinero para promover sus empresas, de modo que el crédito tenía que gastarse en el país de origen, etc.
Estos elementos también existen en el caso ecuatoriano: tuvo una dictadura que recibió crédito internacional, muchos de sus gobiernos han sido corruptos o de limitada capacidad administrativa –de manera que gran parte del gasto ha sido improductivo– y ha refinanciado su deuda varias veces, por lo que el ingreso neto de fondos al país es apenas una pequeña parte del valor histórico de la deuda.

El análisis, sin embargo, no es completo y parte con frecuencia de supuestos discutibles, como culpar sólo al acreedor y renunciar a responder por las decisiones del propio país, o considerar que el valor de la deuda, en caso de renegociación, es el de los bonos en los mercados secundarios. Este mes, por ejemplo, los bonos de deuda comercial, afectados por los avisos del Gobierno, se cotizaron a menos del 20% de su valor nominal. Si se aplicara el criterio de la comisión, toda renegociación que aceptara pagar el 40% –el nivel al que Correa espera reducir la deuda mediante la negociación– podría ser muy onerosa e ilegal.
La medida es audaz. Se apoya más en razones históricas y políticas que legales y tendrá gran respaldo popular. A diferencia de la moratoria argentina de 2002, se hace cuando el país cuenta con recursos suficientes para mantener el servicio de la deuda, como resultado de varios años de buenos precios de las exportaciones petroleras. Afecta a sus aliados, como Hugo Chávez, que refinanció parte de estos bonos, aunque probablemente no reaccionará ofendido como lo hizo Lula ante el impago de un crédito similar.
En este momento, las perspectivas de las economías latinoamericanas son inciertas: la crisis puede llevar a que los países de la región, y en especial los que exportan petróleo, como Venezuela y Ecuador, sufran una reducción seria de sus ingresos en 2009 y 2010 y tengan que apretarse bruscamente el cinturón. Por este motivo, renunciar al crédito externo, efecto casi inevitable de la medida, cuando Venezuela va a tener dificultades para seguir siendo la fuente alterna de recursos, es correr un riesgo muy elevado.

Jorge Orlando Melo es historiador