RAMÓN COTARELO

La organización territorial del Estado ha sido la cuestión pendiente de la democracia española y, dentro de ella, la más peliaguda, la de la financiación de las comunidades autónomas (CCAA) del régimen general, porque es la que genera más agravios comparativos. La prueba es que el modelo que se ha aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con la abstención del PP es el quinto desde 1986. Esta modificación permanente tiene causas económicas que son bazas en el juego político, porque, si bien es cierto que el modelo ha ido ajustándose con los años a los efectos de conseguir un mayor equilibrio entre los gastos y los ingresos, al tiempo que ha aumentado la corresponsabilidad fiscal de las CCAA, no lo es menos que las variaciones en los modelos de 1992, 1997 y 2002 estuvieron condicionadas por la debilidad parlamentaria del Gobierno central dependiente de los apoyos de los partidos nacionalistas, singularmente los catalanes, que han tratado de beneficiar a sus comunidades.

El modelo aprobado no es excepción: se mantienen los criterios de adjudicación de fondos; aumenta la corresponsabilidad fiscal (la cuota del IRPF e IVA de gestión autonómica sube al 50% y la de los impuestos especiales al 58%), de forma que será muy difícil recurrir a las rebajas de impuestos como arma política partidista autonómica; se ajusta el cálculo de financiación a la población real, ya que el de ahora se hacía sobre el censo de 1999; y se acotan las obligaciones de solidaridad con la fijación del 75% de ingresos fiscales para el fondo de garantía de servicios públicos fundamentales y el 25% según la capacidad fiscal de cada territorio.

Aunque el modelo beneficia a las autonomías más dinámicas, con la dotación de tres fondos específicos ("suficiencia global", "convergencia" y "cooperación") para paliar desigualdades y evitar que haya territorios desfavorecidos, se ha conseguido un modelo que satisface a todos ("todos ganan; nadie pierde", según aseguran en el Gobierno), especialmente porque ha habido una importante aportación adicional de unos 11.100 millones de euros hasta 2012, 7.000 de ellos de inmediato. El impacto que este desembolso tenga en el déficit de las administraciones públicas es algo que habrá que calibrar en el futuro.

Siendo esto así, ¿por qué se han abstenido las CCAA gobernadas por el PP? Porque, a la vista del modelo, el partido carecía de una actitud compartida, con unas comunidades inclinadas hacia el no –como Madrid o Valencia, que se sienten capitidisminuidas– y otras al sí –como Galicia y Murcia–, sin que en ningún caso se den razones convincentes para el no, razón por la cual el partido recomienda la abstención para no dar una baza al Gobierno que ha resuelto así, de momento, su aislamiento parlamentario y para no incurrir en el error en que cayeron las CCAA socialistas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, que se negaron a aceptar la reforma del sistema de financiación de 1997 y tuvieron luego que luchar denodadamente para recuperar lo perdido.

Catedrático de Ciencias Políticas