MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC

La investigación científica constituye un importante motor de la economía por el lado de la oferta: los conocimientos que se generan en los laboratorios son la fuente más importante de las innovaciones que producen las empresas. Por esta razón, todo el mundo está hoy convencido de que el gasto en I+D debe anotarse en el capítulo de inversiones más que en el de consumo ordinario. Y también, de que, con vistas a la salida de la actual crisis económica, conviene mantener un adecuado programa de inversiones en ciencia y tecnología que nos sitúe en buena posición de partida cuando llegue el momento.

Pero la actividad científica también constituye un formidable motor de la economía por el lado de la demanda, es decir, por su incidencia en el consumo de productos y servicios de alto contenido tecnológico y en el empleo de personal con elevada cualificación.

Pensemos por un momento en lo que ha supuesto la investigación del espacio desde ambos puntos de vista. El sistema de telecomunicaciones actual depende completamente de la red de satélites, cuyo desarrollo es una de las consecuencias más notables de los programas espaciales. Pero además estos programas, durante décadas, han sido los principales demandantes y consumidores de alta tecnología en sectores para los que todavía no había un mercado suficiente (microelectrónica, aeronáutica, mecánica de precisión, etc.)
En España también tenemos ya ejemplos notables de este tipo. Se acaba de inaugurar oficialmente el Gran Telescopio de Canarias. En su construcción se han empleado más de 130 millones de euros que han servido para financiar actividades industriales (construcción de espejos ultra planos, tecnología de control para sistemas de óptica adaptativa, etc.) de alto valor añadido y de elevado contenido tecnológico e innovador. Recientemente también se ha anunciado la participación española en la construcción de la Fuente Europea de Neutrones, que finalmente se ubicará en Suecia, pero a cuya construcción contribuirá España con la aportación de tecnología punta, equivalente a un 10 % del presupuesto total (en torno a 1.500 millones de euros). En ambos casos se trata de grandes empresas científicas capaces de movilizar importantes actividades económicas en áreas de tecnología punta, cuya satisfacción requiere personal cualificado, inversiones elevadas y controles rigurosos de calidad.

Al diseñar el nuevo plan de inversiones para paliar los efectos de la crisis (Plan E), el Gobierno debe tener muy en cuenta las posibilidades que ofrece el sector de la ciencia y la tecnología. Las inversiones en este campo tienen un gran valor, no sólo por las mejoras de la capacidad tecnológica que producen, sino también por su efecto inmediato sobre la demanda de empleo, de bienes y de servicios de alto contenido tecnológico. Podemos invertir en un nuevo parque recreativo de un ayuntamiento y generar empleo para unos cuantos trabajadores durante unos meses. Pero también podemos invertir en la construcción de infraestructuras en un parque científico-tecnológico y generar actividad económica y demanda de empleo altamente cualificado para muchos años. Que no se olvide.

Miguel Ángel Quintanilla Fisac es  catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia.