24/12/200824/12/2008

FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN

El Tribunal Supremo tiene previsto decidir en enero de 2009 sobre la objeción de conciencia contra Educación para la Ciudadanía. Cuando el Consejo de Europa declaró 2005 como año europeo de la Educación para la Ciudadanía, pocas personas podían aventurar el conflicto que se iba a generar con una materia que se incorporó a nuestro sistema educativo siguiendo las recomendaciones del propio Consejo de Europa.
Su implantación pretendía proporcionar una formación básica en los valores comunes sobre los que se asienta la ciudadanía democrática. Hay que tener en cuenta que la diversidad de identidades y de valores propios de una sociedad plural y progresivamente multicultural convierte en difícilmente operativos, desde la perspectiva de la integración social, a conceptos procedentes de otros ámbitos identitarios: religiosos, éticos o culturales.
Los valores religiosos o morales, por muy extendidos que puedan estar, no nos permiten articular un lugar de encuentro entre todos los sectores sociales. Ese lugar de encuentro sólo lo podremos residenciar en los marcos constitucionales (europeo, estatal y autonómico) en los que se ordena la convivencia democrática mediante una organización institucional representativa y un sistema de derechos y deberes.

Sin embargo, la persistente afición de algunos colectivos por el surrealismo como fórmula de acción política les ha llevado a adoptar una clara actitud antisistema en su oposición a esta asignatura. Es típico de esos planteamientos el uso paradójico de los mecanismos democráticos contra los propios valores democráticos, como cuando se recurre a la objeción de conciencia como instrumento de lucha contra la libertad ideológica. Porque eso es propiamente lo que parece molestarles a los que propugnan la objeción: que haya otros valores distintos a los que ellos defienden y puedan ser enseñados en las escuelas. Valores que, por cierto, están absolutamente reconocidos en la UE y son objeto de las políticas europeas que los poderes públicos deben aplicar.
El ejemplo paradigmático es eso que los objetores llaman ideología de género, con absoluto desconocimiento de que el principio de igualdad de género forma parte indisoluble del derecho europeo en normas que deben ser respetadas y desarrolladas si queremos seguir formando parte de la UE. Hasta tal punto es así que en diciembre de 2006 la UE creó el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, entre cuyos objetivos están contribuir a la promoción de la igualdad de género y reforzarla, incluida la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas comunitarias y nacionales.
Una vez más se manifiesta la esquizofrenia de algunos sectores conservadores españoles. Por un lado, sus agentes económicos son conscientes de la necesidad de integrarnos en un espacio europeo si no queremos volver al subdesarrollo y al aislamiento que durante tanto tiempo caracterizó a nuestro país. Por otro, sus portavoces ideológicos rechazan tajantemente la enseñanza de los valores europeos.
Algo similar ocurre con los valores constitucionales: son invocados continuamente para descalificar las políticas de la mayoría por las mismas personas que alientan la objeción contra su enseñanza en las escuelas. Naturalmente, son muy libres de hacer todo eso porque, por fortuna, vivimos en una sociedad democrática. Eso ya lo saben ellos, pero, ¿lo sabrán también sus hijos y sus hijas si les hacen objetar?

Francisco Balaguer Callejón es Catedrático de Derecho Constitucional