NÚRIA BOSCH

El Gobierno central hizo gala de transparencia y madurez democrática al publicar en julio de 2008 las cifras de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas. Es decir, el saldo entre lo que reciben del Ejecutivo las diferentes comunidades en forma de gasto público y lo que aportan en forma de impuestos. Estos datos han sido objeto de fuertes debates no sólo a nivel académico, sino también a nivel de la sociedad civil y político, aflorando a la superficie con una carga polémica muy considerable. No es extraño que así sea, porque se trata de una problemática que toca muy de cerca los intereses de los ciudadanos (cuánto pagan y qué reciben del sector público). La publicación de los saldos por el Ministerio de Economía y Hacienda ayudó a racionalizar el debate, lo que se debe valorar muy positivamente.

No obstante, el Gobierno central no ha adoptado la misma actitud en el caso del nuevo sistema de financiación autonómica, acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio pasado. El nuevo sistema ha llegado ya como proyecto de ley al Congreso, pero todavía el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero no ha hecho público lo que representa en términos cuantitativos el nuevo modelo para las diferentes comunidades autónomas. Sólo se conocen parcialmente algunas cifras hechas públicas por algunas de ellas. Es cierto que, a partir de lo dispuesto en el acuerdo y en el proyecto de ley, los estudiosos en la materia pueden hacer un cálculo de lo que supone el nuevo sistema para cada comunidad autónoma, pero este es un ejercicio reservado a los especialistas que no esta exento de dificultades, ya que la redacción del acuerdo y del proyecto de ley en algunos puntos es bastante confusa.

A excepción del acuerdo de financiación autonómica del año 2001 (bajo el Gobierno del PP), en los anteriores acuerdos, una vez alcanzados, el Gobierno central había hecho públicas las cifras que el nuevo sistema de financiación autonómica suponía para cada comunidad autónoma.

Esta falta de transparencia por parte del Gobierno central no se justifica. En el momento de la negociación del cambio de sistema, es comprensible que el Ejecutivo sea prudente en facilitar las magnitudes de la nueva financiación por comunidades autónomas para que una escalada de competencia entre aquellas no entorpezca el proceso. No obstante, una vez aprobado el nuevo sistema de financiación tal oscurantismo no es justificable. Se vuelve a incurrir en el mismo error que en el acuerdo de 2001, del cual no se dispusieron las cifras hasta 2004, cuando se liquidó el ejercicio presupuestario de 2002, primer año de vigencia del pacto.

La transparencia contribuye a racionalizar y objetivar el debate. El oscurantismo, por el contrario, no evita la polémica y la confrontación, sino que hace que estas se fundamenten antes en los tópicos, los prejuicios y la explotación del agravio y del resentimiento que no en el conocimiento veraz de la realidad. Por ello, el Gobierno central debería hacer ya públicas las cifras relativas a la nueva financiación por comunidades autónomas.

Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública