Opinion · Del consejo editorial

La tutela eclesiástica

RAMÓN COTARELO

Enfrentada a la práctica democrática, la Iglesia católica española está en batalla contra las normas de convivencia que relativizan el predominio absoluto de los valores que su moral consagra. Este toque a rebato corre a cargo del segundo en la Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, cuya defensa de la primacía católica sólo es comparable a su modo sesgado de entender los debates públicos, cosa especialmente clara en los dos últimos sobre los crucifijos en las aulas y la reforma de la legislación sobre el aborto.

Dice monseñor que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de pedir que se retiren los crucifijos de las escuelas es “discriminatoria”, atenta contra la libertad y contradice la saludable doctrina de la separación entre la Iglesia y el Estado. De donde se siguen tres conclusiones que oscilan entre la falsedad y la arrogancia. La primera, que la Iglesia propugna una separación entre ella y el Estado que su historia y su práctica cotidiana, desde su financiación hasta la organización de la enseñanza, desmienten de continuo. La segunda, que se arroga el derecho a casar las decisiones de los tribunales decidiendo que el de Estrasburgo simplemente no sabe lo que dice, ya que su decisión va en contra de la finalidad que afirma perseguir. La tercera, que la presencia de los crucifijos en las escuelas, fruto de un acto de imposición estatal de los tiempos del nacionalcatolicismo franquista, es una muestra de libertad.

Y de los crucifijos pasa monseñor a anatematizar la legislación sobre el aborto en un acto de imperio absoluto del dogma católico que pretende imponerse sobre la voluntad del legislador, obligándole a modular su actuación en materia de interés general según sus convicciones privadas so pena de una sanción cercana a la excomunión. Poseído de un espíritu antihegeliano, monseñor Martínez Camino dice que el Estado no puede imponer principios morales a la sociedad ni arrogarse la representación de la mayoría, aunque sea a favor del catolicismo. Es decir, que el Estado no tiene por qué cuidarse del interés general, pero la Iglesia sí puede tratar de imponer su concepción de la moral al legislador, incluso con amenazas.

Siempre que la Iglesia católica pretende imponer su visión moral al conjunto de la sociedad, invoca el derecho divino y la ley natural haciéndolos coincidentes y atribuyéndose el monopolio de su interpretación; es decir, pretende situarse por encima del Estado, al que sólo reconoce función vicaria suya. Y siempre, también, que se critica esa pretensión totalitaria de imponer la parte al todo, surgen voces que reclaman para la Iglesia el derecho a la libertad de expresión, recordando que se trata de formular una posición moral en el conjunto del debate democrático.

Ambas posiciones no son compatibles: el debate democrático se da en el marco de la supremacía de la legislación civil sobre todas las creencias morales particulares y rechaza con contundencia la pretensión de una de aquellas de imponerse sobre las demás por razón de su pretendido origen divino.

Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas