NÚRIA BOSCH

Los casos de corrupción ocasionados por nuestros representantes políticos van apareciendo con cierta frecuencia en los medios de comunicación. Es un fenómeno que afecta a todos los países con más o menos intensidad. El Banco Mundial ha alertado de que la corrupción afecta al crecimiento de un país y es un impedimento importante para el desarrollo.
Muchos estudios económicos y políticos demuestran que los países con sistemas democráticos avanzados, basados en la competencia entre partidos, elecciones libres y libertad de prensa tienen menos corrupción política. Por ello, sería razonable pensar que los sistemas democráticos ayudan a reducir los niveles de corrupción al tener más transparencia y más sistemas de control político.

Uno de los mejores controles políticos lo ejercen los ciudadanos cuando acuden a las urnas. En un sistema democrático los ciudadanos pueden castigar a sus políticos no reeligiéndoles para el ejercicio del gobierno. Y es a nivel municipal donde mejor se puede ejercer a través de las urnas dicho control. Ello es debido a que los ciudadanos conocen mejor a los políticos de su gobierno local que a los políticos de gobiernos de administraciones superiores. A nivel local se conocen mejor las características personales de los políticos y el entorno donde ejercen sus funciones. Además, a nivel local muchos de los casos de corrupción están relacionados con la regulación del suelo y el urbanismo en general.

Las consecuencias de este tipo de corrupción son evidentes, en la medida que las irregularidades relacionadas con el suelo y el urbanismo pueden ser más fácilmente percibidas por los votantes. Por tanto, sería lógico pensar que a nivel municipal sea donde los ciudadanos castiguen más la corrupción política.

Un estudio reciente de unos profesores de la Universidad de Barcelona demuestra cómo en las elecciones locales de los años 2003 y 2007 los ciudadanos de los municipios españoles donde hubo casos de corrupción relacionados con la regulación del suelo y el urbanismo castigaron a los políticos corruptos. El estudio analizó una muestra de unos 4.900 municipios, de los cuales más de 500 tuvieron algún caso de corrupción entre 1999 y 2007. Los resultados del estudio indican que los partidos políticos son castigados en las elecciones cuando ha habido casos de corrupción en su municipio, siendo el partido del alcalde el más castigado. El conjunto de partidos pierde un 9% de los votos, mientras que el partido del alcalde un 11%. Asimismo, si el estudio se circunscribe a los casos más graves de corrupción, los porcentajes anteriores pasan a ser del 17% y del 20%, respectivamente.

En consecuencia, aunque los casos de corrupción han de ser penalizados a través de los sistemas judiciales, es evidente que el buen funcionamiento de la democracia es una de las mejores herramientas para luchar contra esta problemática.
Las elecciones no son sólo un mecanismo para elegir a los políticos, sino también un instrumento para que los ciudadanos puedan expresar su descontento y rechazo por la corrupción negando a ciertos políticos el privilegio de gobernar.

Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública