RAMÓN COTARELO

Catedrático de Ciencias Políticas

Una de las acusaciones más frecuentes de la oposición conservadora al Gobierno es que carece de proyectos concretos y actúa a golpe de improvisaciones y ocurrencias. Es decir, que funciona de modo oportunista. Sin embargo, tal parece ser la línea de conducta de esa misma oposición en lo que constituye un ejemplo claro de mecanismo de transposición o proyección.

A la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán, recurrido por el PP, el presidente de honor del partido requiere a Rajoy para que defienda más la unidad de España. Pero, en casi todas las cuestiones concretas que configuran esa unidad, la política del PP es distinta, incluso opuesta a sí misma, en cada comunidad autónoma. Recurre en un estatuto lo que aprueba en otros, se opone a la posible prohibición de una fiesta en Catalunya que él mismo suprime en Canarias o rechaza en unas comunidades en que gobierna la implantación de medidas del Gobierno central que acepta en otras.

Ante el riesgo del agravamiento del escándalo de corrupción con el desarrollo procesal del caso Gürtel, aprueba súbitamente un nuevo código ético que, sin embargo, no aplica a los casos pendientes ni a los que sobrevienen.

Enfrentado el partido a reiteradas acusaciones por espionaje ya en los tribunales, responden sus dirigentes formulando otras al Gobierno de igual naturaleza pero mayor calado sin substanciarlas en la vía judicial.

Requerido reiteradamente a que explicite sus fórmulas para resolver la crisis, especialmente en el aspecto del desempleo, Rajoy propone una nueva forma de contrato laboral que reduzca la indemnización por despido a cambio de mayor estabilidad, siendo así que la estabilidad depende en buena medida de la indemnización.

Animado el PP a manifestar lealtad institucional, no es infrecuente que juegue con la estabilidad de las instituciones –bloqueando la renovación de órganos– o que cuestione el funcionamiento de aquellas, sea el Poder Judicial o las fuerzas de seguridad del Estado.

Exhortado a abstenerse de utilizar los asuntos de Estado –desde la lucha contra el terrorismo a la política exterior– para hacer política de partido, recrudece su oposición bien condicionando el apoyo al Gobierno, bien cuestionando o desacreditando su política exterior.
Es cierto que, a más de dos años de las elecciones generales, los sondeos reflejan una pequeña ventaja del PP en intención de voto que corre paralela con el hecho ominoso de que Rajoy aparezca siempre peor valorado que Rodríguez Zapatero. Al margen de que, tratándose de un Gobierno que ha de hacer frente a la peor crisis económica de los últimos tiempos, aquella ventaja resulta casi insignificante, el hecho es que la oposición no muestra proyecto coherente alguno que permita consolidarla y hacerla realidad. Al contrario, da la impresión de actuar según los vicios de que acusa al Gobierno, acumulando ocurrencias e improvisaciones, con lo que, mediando algún tipo de recuperación económica ya en ciernes, resulta verosímil que en el momento de la votación aquella ventaja se trueque en desventaja.