08/01/200908/01/2009

FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN

Las declaraciones sobre el nuevo sistema de financiación autonómica se suceden con continuas referencias a los gustos musicales de quienes lo están negociando. Forma parte de la responsabilidad del gobierno de cada CCAA reivindicar la mejor financiación posible, por lo que no debe extrañarnos que la música les agrade más a unos que a otros. La letra es otra cosa, porque habrá que esperar a ver el funcionamiento del modelo, y eso no dependerá sólo de los distintos Fondos que ha previsto el Gobierno y de los nuevos porcentajes de cesión de tributos, sino también de la evolución de la coyuntura económica. La letra es lo último que se conoce y puede variar, además, con el transcurso de los años.
Las primeras fórmulas de financiación estaban centradas en la participación en los ingresos estatales mediante transferencias destinadas a garantizar que las CCAA pudieran sufragar el coste de los servicios vinculados a las competencias que iban asumiendo. Esa formulación inicial era esencialmente redistributiva: el Estado recaudaba los impuestos de acuerdo con la riqueza de cada Comunidad, pero los distribuía básicamente de acuerdo con la población.
Un sistema basado sólo en el coste de los servicios y orientado casi exclusivamente en un sentido redistributivo chocaba progresivamente con la realidad del Estado autonómico. Las CCAA son también espacios económicos en los que una política fiscal propia puede incentivar el desarrollo generando más recursos. Por ese motivo, el sistema se fue orientando (a través de impulsos que provenían básicamente de Catalunya) hacia un modelo basado no tanto en la transferencia de recursos económicos cuanto en la cesión parcial o total de tributos estatales.

La pretensión inicial de aumentar la autonomía financiera por esa vía se manifestó de manera clara en el modelo 1997-2001, que estaba centrado en la transferencia parcial del IRPF y que resultó un fracaso por dos motivos básicos. El primero de ellos, derivado de la coyuntura económica con el descenso de los tipos de interés y la disminución de las rentas de capital y de la capacidad recaudatoria del impuesto. El segundo, provocado por el Gobierno de Aznar que, después de ceder parcialmente el impuesto, reformó la Ley del IRPF en 1998 reduciendo la presión impositiva.
El modelo actual, consensuado en julio de 2001, cedía más tributos a las CCAA, intentando que el peso de la financiación dependiera de los tributos cedidos. Sin embargo, sólo dos de ellas (Madrid y Baleares) han conseguido una plena autonomía financiera con ese sistema, sin depender de las transferencias estatales vía Fondo de Suficiencia. Tras las últimas reformas estatutarias quedaba clara la necesidad de avanzar en ese modelo, incrementando los porcentajes de cesión de algunos tributos.
Lo que se pretende con la reforma no es eliminar la solidaridad o impedir la redistribución. Se trata de buscar un equilibrio que incremente la autonomía financiera, permitiendo dinamizar la economía y generar mayores recursos. Si se consigue ese resultado, ninguna Comunidad saldrá perdiendo. Pero eso es algo que sólo podremos saber dentro de unos años, cuando el modelo esté funcionando y se pueda determinar su incidencia sobre la economía y la repercusión que la coyuntura económica esté teniendo sobre la financiación estatal y autonómica. Hasta ese momento no conoceremos realmente la letra y no podremos saber qué cosas han funcionado y cuáles sería conveniente modificar en el futuro.

Francisco Balaguer Callejón es Catedrático de Derecho Constitucional