09/01/200909/01/2009

NÚRIA BOSCH 

El gasto público sanitario no para de crecer, lo que resulta un problema cada vez mayor para los gobernantes, que ven cómo este gasto desequilibra las cuentas públicas. Por este motivo, el debate sobre el copago por los servicios sanitarios (coparticipación del usuario en el coste de dichos servicios) va apareciendo periódicamente en escena como una medida para contener dicho gasto y buscar nuevas vías de financiación.
Los sistemas de copago por atención médica son más propios de los sistemas de salud basados en seguros privados, como el de los Estados Unidos, aunque los hay en muchos países europeos (más en los sistemas sanitarios basados en contribuciones a la seguridad social que en los financiados con impuestos, como el caso español).
En España sólo se utiliza el copago para los medicamentos, con la excepción de los pensionistas, que los tienen gratuitos. El Gobierno central se muestra reacio a introducir medidas de copago para la atención médica y a extenderlo a los pensionistas en el consumo de medicamentos, si bien ciertas Comunidades Autónomas han reclamado el estudio de estas medidas.
En este debate conviene saber que la efectividad del copago como medida para reducir el exceso de utilización de los servicios sanitarios depende sustancialmente de la elasticidad de la demanda de dichos servicios, es decir, del grado de sensibilidad de la demanda a las variaciones del precio. Si ello es así, hay que tener en cuenta que, en general, los servicios médicos tienen una elasticidad de la demanda relativamente baja, o lo que es lo mismo, son poco sensibles a las variaciones del precio, ya que tales servicios no disfrutan fácilmente de sustitutos y su demanda está inducida por el médico.

De hecho, es él quien decide la demanda de servicios sanitarios del paciente, ya que tiene más información que este último sobre el diagnóstico y los posibles tratamientos.
Además, la experiencia de otros países nos demuestra que con el tiempo se diluye el posible efecto disuasorio del copago y que hay que tener en cuenta los efectos de sustitución entre servicios. Por ejemplo, la introducción del copago en visitas de atención primaria puede aumentar la utilización de la atención hospitalaria.
Asimismo, otra cuestión polémica del copago es su efecto sobre la equidad, que no se cumplirá si el efecto disuasorio del copago en la utilización de cuidados médicos es mayor para los pobres que para los ricos. Además, los copagos pueden convertirse en impuestos para los enfermos crónicos y si se aplican sin ninguna relación con su nivel de renta o capacidad de pago, el efecto resultará muy negativo para las personas de renta baja, lo que resultaría regresivo sobre la distribución de la renta. Para evitarlo, muchas veces se suelen aplicar exenciones o mecanismos de copago distintos según el nivel de renta del usuario. No obstante, estas medidas tienen costes de aplicación y administración importantes, lo que puede compensar el efecto recaudatorio del copago.
Por esta razón, si se pretende plantear este debate, ha de hacerse con mucha prudencia y sabiendo sus posibles consecuencias sobre la equidad.

Nuria Bosch es Catedrática de Hacienda Pública