12/01/200912/01/2009

FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN

El proceso es el título de una famosa novela de Franz Kafka. Es también el conjunto de actuaciones que se están siguiendo contra el lehendakari Ibarretxe y contra los líderes socialistas vascos Patxi López y Rodolfo Ares ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La referencia a la obra de Kafka es procedente para comprender la naturaleza de la acusación que ha dado lugar al juicio, la posición en la que se han situado los acusadores y el Tribunal y el previsible desenlace de toda esta historia.
Comenzaremos por los acusadores. El abogado del Foro de Ermua ha manifestado su confianza en que el juicio tenga carácter jurídico y no entre en cuestiones políticas, discutiendo sobre si la negociación es buena o mala. En realidad es exactamente lo contrario: el juicio carece de cualquier contenido jurídico. No puede tenerlo en un sistema democrático, ya que una norma que hiciera posible la condena de un representante político por haberse sentado a dialogar sobre la paz, de acuerdo con la voluntad y el mandato de sus electores, resultaría inaceptable. Así pues, lo único que se pretende debatir en ese proceso –por quienes lo han impulsado– es si ese diálogo es bueno o malo. Pero esa valoración no le corresponde hacerla, en ningún caso, al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sino a la ciudadanía en las elecciones democráticas del 1 de marzo.

Sigamos por la acusación. Al parecer, se trataría de un delito de desobediencia a la autoridad que ha omitido –por considerarla inaplicable– la interpretación previa del Tribunal Supremo. El lehendakari quiere que el proceso siga adelante para demostrar su inocencia y para que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo. Sin embargo, no es Ibarretxe el que tiene que demostrar su inocencia, sino que son los que acusan los que tendrán que demostrar la culpabilidad de Ibarretxe, López y Ares. Los hechos están claros y han sido reconocidos y publicitados en la prensa. ¿Qué hay que demostrar? Algo jurídicamente impensable: que esos hechos son constitutivos de delito en una sociedad democrática. El proceso judicial podría seguir adelante si fuera necesario para esclarecer si se han realizado determinados hechos que son constitutivos de delito. Cuando no hay delito posible todo el proceso carece de sentido, incluido un pronunciamiento sobre el fondo en relación con una cuestión que le corresponde decidir a la ciudadanía.
Terminemos con el Tribunal. El TSJPV ha tenido varias oportunidades para detener este sinsentido. Sin embargo, no ha aprovechado ninguna hasta ahora, pese a las posibilidades que le ofrecía la doctrina establecida por el Tribunal Supremo. ¿Se han representado los magistrados una posible sentencia condenatoria y sus efectos para la convivencia democrática? ¿Piensan realmente que existe un tipo penal netamente aplicable y que puede dar lugar a la condena de los procesados? ¿Conocen algún precedente de un proceso similar en un Estado democrático?
Desconcertantes los tiempos que vivimos. En estos días está teniendo lugar una auténtica masacre fuera de nuestras fronteras, pero los que provocan la muerte y el dolor no serán llevados nunca ante los tribunales. Tampoco comparecerán ante ellos los líderes políticos que declararon otras guerras engañando a su ciudadanía y utilizando datos falsos para provocar el conflicto. Sin embargo, hay un Tribunal en España que ha sentado en el banquillo a tres personas que, siguiendo un mandato democrático, querían hablar de la paz.

Francisco Balaguer Callejón es Catedrático de Derecho Constitucional