FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN

Catedrático de Derecho Constitucional

Las reglas del juego son bastante simples: cuando la Constitución atribuye la legitimación para interponer el recurso de inconstitucionalidad, lo hace para la defensa del interés público mediante la depuración objetiva del ordenamiento jurídico y la eliminación de normas legales contrarias a la propia Constitución. Por ese motivo, los recursos promovidos contra el Estatut de Catalunya deberían haber sido planteados también contra los otros Estatutos de autonomía que contienen los mismos preceptos, si realmente se quería depurar el ordenamiento jurídico de normas consideradas inconstitucionales por los recurrentes. Al no hacerlo así, los recurrentes han incurrido en un claro fraude constitucional y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) debería contemplar mecanismos que evitaran este tipo de fraudes.
Una posible reforma de la LOTC debería tener en cuenta también el fraude que supone el uso indebido de la prorrogatio en las funciones de quienes integran el Tribunal Constitucional (TC). El sentido de esa institución es evitar las perturbaciones que se pueden producir en el funcionamiento del órgano como consecuencia del cese de sus integrantes, hasta tanto toman posesión las personas que deban sustituirles. Sin embargo, el uso fraudulento que está haciendo el PP de este mecanismo ha generado una inestabilidad mucho mayor, porque altera totalmente las reglas de la ordenación constitucional del órgano. La previsión constitucional de que el TC se renueve por terceras partes cada tres años (artículo 159.3 de la Constitución) no va a poder ser cumplida porque otra tercera parte del tribunal termina su mandato en noviembre, de manera que vamos a tener, por primera vez desde que entró en funcionamiento, una situación absurda de renovación casi íntegra del TC.
Quizás sea esta una buena ocasión para que una reforma de la LOTC establezca la refundación completa del supremo intérprete de la Constitución sobre nuevas bases que eviten futuros fraudes constitucionales, como los que se están produciendo en los últimos tiempos. Una refundación que debería estar orientada a impedir la instrumentalización partidista del órgano, tan frecuente en los últimos años. Quizás con una reforma de ese alcance sea posible que, por ejemplo, no nos enteremos nunca más de las fechas de las sesiones del TC por el líder de la oposición.