30/05/201030/05/2010

FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN

Catedrático de Derecho Constitucional

Tras el último intento de acuerdo en el Tribunal Constitucional (TC) para dictar sentencia sobre el Estatut, queda todavía la posibilidad de que su presidenta consiga formular un texto que reúna los votos necesarios. Mientras tanto, estamos en un punto muerto, que no es la mejor de las opciones posibles aunque –contrariamente a lo que parece defender el PP– quizás sea la más razonable, hasta que se produzca la esperada renovación del TC.

Si prescindimos de las incidencias derivadas del recurso del PP, el Estatut ha supuesto una importante modernización del Estado autonómico, no sólo para Catalunya sino también para las otras comunidades autónomas que han seguido ese modelo en sus nuevos estatutos. Se trata de comunidades que han desarrollado ya, en mayor o menor medida, una parte de los preceptos estatutarios que hoy están cuestionados ante el TC.
Ese es uno de los motivos por los que el recurso del PP resulta tan problemático, pues este partido está aplicando preceptos estatutarios que están inspirados en el Estatut en comunidades autónomas como Castilla y León, por ejemplo. Hay, no obstante, otros motivos más directos que deberían hacer reflexionar a los líderes del PP acerca de los problemas jurídicos y políticos que una posible sentencia contraria a los contenidos esenciales del Estatut podría plantear.
Parecía ya bastante evidente en su momento que la impugnación del Estatut no podía traer nada bueno para ningún partido. Pero el transcurso del tiempo ha provocado que la sentencia del TC se convierta en uno de esos factores imprevisibles que tanto preocupan a los dirigentes políticos. En efecto, si las consecuencias jurídicas de una sentencia contraria al Estatut resultarían tremendamente disfuncionales para nuestro sistema constitucional (pues la declaración de inconstitucionalidad difícilmente podría afectar a los preceptos similares de otros estatutos), mayor incertidumbre plantean sus consecuencias políticas. La reacción frente a una sentencia contraria podría reducir la precaria base electoral del PP en Catalunya, además de generar dificultades insalvables para posibles pactos postelectorales. Ahora bien, con la crisis económica, lo que a la oposición le interesa es sentarse y esperar. No necesita ya vaticinar catástrofes imaginarias y mucho menos provocar auténticas catástrofes.