FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN

Catedrático de Derecho Constitucional

Una vez más, un componente estructural del proceso de integración europea se está haciendo presente: la imputación a Europa de todos los males que se derivan de las medidas económicas que los gobernantes internos (oposición mayoritaria incluida, aunque vote en contra o se abstenga en el Parlamento) tienen que adoptar, debido a las "exigencias europeas". La funcionalidad de Europa para diluir, mitigar y disolver el conflicto social interno ha sido una constante en sus más de cinco lustros de existencia como proyecto comunitario. Ya lo advertíamos hace más de un año (La imposible respuesta europea a la crisis, 9-4-2009) cuando poníamos en duda la capacidad de Europa para aportar una respuesta unitaria a la situación económica.
Pero el cambio de la divisa unida en la diversidad por el lema dividida en la adversidad (Consejo Editorial del 9-5-2009) no ha impedido a la Unión conseguir sus objetivos estratégicos. Todo lo contrario, el método original de la integración sigue funcionando, y de él forma parte la desunión europea como un factor de corrección de la Unión Europea institucionalizada. Una Europa fuerte e integrada sería también, necesariamente, una organización democrática a la que la ciudadanía podría dirigirse para exigirle una política económica que hiciera compatible la salida de la crisis con el mantenimiento de los derechos sociales. Si existiera realmente un espacio público europeo en el que el conflicto social se resolviera mediante soluciones de alcance europeo a los problemas económicos actuales, la ciudadanía tendría una oportunidad para luchar por sus derechos.
Esa oportunidad no la tiene ahora porque se aportan soluciones en cada país previamente decididas por los estados en las instituciones europeas. Este es un ejemplo claro de la incidencia negativa del déficit democrático de la Unión Europea en el espacio público interno. La ciudadanía carece de capacidad para orientar las decisiones económicas en los procesos democráticos internos porque esas decisiones tienen una dimensión europea. Pero tampoco puede adoptarlas a nivel europeo, porque los estados –unos más que otros, ciertamente– son los únicos con capacidad de hacerlo. De ese modo, la Desunión Europea sigue siendo funcional a los estados y a los grandes intereses económicos que propugnan los ajustes laborales y los recortes en derechos sociales.