Del consejo editorial

¿Quién sirve a quién?

Público

RAMÓN COTARELO

Catedrático de Ciencias Políticas

La democracia tiene algunas, muy pocas, pero muy básicas, reglas de juego. El sufragio debe ser libre, igual y secreto; los poderes del Estado deben ser recíprocamente independientes; las instituciones están al servicio del Estado y no de un partido político. Luego ya se verá si todos los sufragios son libres, iguales y secretos o si algunos son más iguales que otros. Una cuestión de reforma del sistema electoral que se suscita en España, que es prioritaria hoy en Reino Unido y lleva un decenio o más haciendo estragos en Italia.
También se verá si los poderes se atienen a la regla de oro de la separación y cuánto. En Inglaterra, patria de la división, el Gobierno depende de la confianza del Parlamento y el Parlamento del Gobierno. En EEUU, en donde el Gobierno y el Parlamento no tienen nada que ver, a los magistrados del Tribunal Supremo los nombra el presidente; claro que sólo cuando hay vacantes y con intervención del Senado. Pero nombramiento es, y vitalicio.
En cuanto a si las instituciones están al servicio del Estado y no de un partido, González Pons asegura que las actuaciones policiales en el asunto de la basura de Alicante están movidas por el malévolo Pérez Rubalcaba para estigmatizar aún más al PP y desviar la atención de otros asuntos. De ser así, que está por ver –pues las afirmaciones de hecho de González Pons rara vez coinciden con los hechos–, tampoco sería tan disparatado, ya que, con la basura de Alicante dentro o fuera, el PP lleva una temporada lidiando con casos de corrupción de proporciones casi ciclópeas.
Sería tremendo que la policía estuviera al servicio del partido del Gobierno –cual sostiene el PP cada vez que se le descubre un caso de presunta corrupción–, y habrá que probar que es falso, como ya se ha hecho otras veces. Pero es incontrovertible que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha salido en defensa de la posición del PP y, con un criterio competencial harto dudoso, ha afirmado que las detenciones se han hecho sin autorización judicial. De ser cierto, los magistrados tendrían que actuar pero siempre por los cauces reglamentarios, y entre ellos es poco probable que se encuentre dar comunicados de prensa. Recuérdese que es un tribunal atípico cuyo presidente no se inhibe en el conocimiento de un caso penal que afecta negativamente a un acusado del que es más que amigo personal.

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