16/07/201016/07/2010

FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN

Catedrático de Derecho Constitucional.

En la lógica de nuestro sistema autonómico, está una diferente percepción de las cuestiones políticas por parte del Estado y de las comunidades autónomas (CCAA). Esto es algo normal incluso cuando es el mismo partido el que gobierna en una comunidad autónoma y en el Estado. De hecho, lo que resulta criticable es que, en demasiadas ocasiones, las diferencias que se pueden dar entre los distintos centros de poder se unifiquen a través de los grandes partidos privando de sentido a la autonomía política de las CCAA. Las tensiones territoriales son, por tanto, consustanciales a un sistema de distribución territorial del poder y no deben contemplarse como algo negativo.

Sin embargo, esas tensiones deberían tener como límite el ejercicio de las propias competencias: ni el Gobierno estatal debe hacer oposición frente a los gobiernos autonómicos, intentando condicionar sus políticas más allá del ejercicio de sus facultades propias, ni los gobiernos autonómicos deben hacer oposición frente al Gobierno estatal. Por el contrario, la obligación de ambos gobiernos es colaborar y poner en valor el principio de lealtad constitucional que les vincula y les obliga a respetar el juego democrático propio de un Estado compuesto como el nuestro. Pero, desgraciadamente, algunos líderes autonómicos han construido parte de su discurso sobre la oposición frontal a las decisiones del Estado, pretendiendo obstaculizarlas en muchos ámbitos.
Son ya reiteradas las ocasiones en las que algunas de las personas que desempeñan la máxima responsabilidad institucional en sus CCAA han hecho política apelando a la "rebelión" frente a las leyes estatales o a la posible inaplicación autonómica de esas leyes. En otros casos se han planteado propuestas más o menos ingeniosas para intentar desvirtuar las normas aprobadas por las Cortes Generales.
La posición institucional de las CCAA en sus relaciones con el Estado no debería estar condicionada por este tipo de planteamientos. Tan cuestionable resulta que la filiación partidista conduzca a la aceptación acrítica de todo lo que proceda del Estado (cuando gobierna el mismo partido en el nivel autonómico y el estatal) como a su permanente rechazo o inaplicación lesionando el reparto de competencias establecido en la Constitución y los fundamentos de nuestro Estado de Derecho.

Catedrático de Derecho Constitucional.