23/01/200923/01/2009

NÚRIA BOSCH 

La reforma del modelo de financiación autonómica ha entrado en un fase en la que parece que el Gobierno central quiere alcanzar pronto un acuerdo con todas las comunidades autónomas sobre cuál ha de ser el nuevo modelo. Sin embargo, la reciente propuesta presentada por el Ejecutivo, si bien contiene elementos positivos, carece todavía de un modelo con criterios y objetivos claros y bien definidos que asegure unos resultados que corrijan las deficiencias del actual.
El principal problema del sistema de financiación autonómica actual es la falta de un criterio claro de equidad, lo que conduce a la existencia de un mecanismo de nivelación (para hacer efectivo el principio de equidad interterritorial o solidaridad) que produce grandes diferencias en el nivel de recursos per cápita entre las distintas comunidades autónomas y una sobrenivelación. Las comunidades más ricas, después de la nivelación o la aportación a la solidaridad, acaban teniendo menos recursos per cápita que las más pobres, lo que genera un problema de desincentivos que repercute en su crecimiento económico.
En este sentido, es positivo que la propuesta del Gobierno central garantice a todas las comunidades autónomas un mismo nivel de servicios públicos en los servicios fundamentales que ofrece el Estado del bienestar (educación, sanidad y servicios sociales) a igualdad de esfuerzo fiscal, ya que estos son el grueso de los servicios que prestan. Hasta aquí la propuesta parece encajar con los sistemas de financiación de la mayoría de Estados federales, que aplican mecanismos de nivelación para acercar los recursos de los diferentes territorios a una media estándar siempre que realicen un esfuerzo fiscal similar.

Generalmente, los Gobiernos subcentrales ricos dedican una parte de los ingresos impositivos de los que disfrutan por encima de la media a la solidaridad, es decir, a financiar a los territorios pobres con unos recursos per cápita por debajo de la media, y la otra parte revierte en el propio Gobierno subcentral, haciendo así efectivo el principio de autonomía. Por tanto, se acercan las posiciones relativas entre los territorios, pero nunca se invierten, como ocurre hoy en España.
No obstante, la propuesta del Gobierno se desvirtúa por el sistema de cálculo de los recursos del llamado Fondo de Suficiencia Global, que conduce a que el nuevo modelo presente prácticamente los mismos resultados que el actual, sin prejuicio de la necesidad de mantener el statu quo en el año base del mismo, requisito indispensable para su viabilidad.
La evolución del modelo tampoco garantiza un cambio en las actuales posiciones relativas de las comunidades autónomas. Este cambio, a su vez, depende de la dotación adicional de recursos. Si esta no es lo suficientemente importante, será todavía más difícil que el cambio tenga lugar por la amplitud de las diferencias hoy existentes entre los recursos per cápita de las comunidades autónomas.
La definición clara de un objetivo de equidad a alcanzar, que corrija los resultados del modelo actual en la línea aquí expuesta, aunque sea de forma gradual, y la dotación de una cantidad suficiente de recursos que lo haga posible, son las claves de la reforma de la financiación autonómica.

Núria Bosch es  Catedrática de Hacienda Pública