12/09/201010/09/2010

ALFONSO EGEA DE HARO

Profesor de Ciencia Política

El presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, se enfrentó el pasado martes al primer debate sobre el Estado de la Unión. Su mensaje fue recibido por el Parlamento Europeo combinando una moderada aceptación (cuando Barroso criticó el racismo y señaló la necesidad de mejorar la coordinación económica y la supervisión financiera) con críticas por la falta de liderazgo de una Comisión desplazada por el directorio franco-alemán.

En un momento en el que se extiende el convencimiento de que lo peor de la crisis ha pasado, el debate se centró en la capacidad de las instituciones europeas para diseñar una hoja de ruta que fuera más allá de exigir el mantenimiento de los planes de ajuste y la reforma del mercado laboral y del sistema de pensiones. En definitiva, se trataba (y se trata) de dilucidar si hay un proyecto europeo o sólo la recuperación de algunas economías, la alemana fundamentalmente.
Para responder a esta pregunta, los mensajes de mayor coordinación y supervisión de la actividad bancaria y de los mercados financieros ya no son suficientes. Ante la necesidad de encontrar un nuevo modelo económico, los gobiernos nacionales disponen cada vez de menos recursos, no sólo por los planes de contención del gasto público, sino también por el agotamiento de los sistemas tributarios nacionales y la menor recaudación. Esta situación se explica, en parte, porque en ausencia de un sistema fiscal
europeo, los gobiernos nacionales compiten por atraer capital reduciendo la imposición sobre este y compensándolo con una mayor presión sobre las rentas del trabajo, menos móvil y más fácil de someter a tributación. Sin embargo, factores cíclicos como la crisis económica, o permanentes, como el envejecimiento de la población, cuestionan la sostenibilidad de la estrategia de los gobiernos de hacer descansar el sistema impositivo sobre las rentas del trabajo.
El desarrollo de un sistema fiscal europeo resulta así necesario para equilibrar la imposición sobre los distintos tipos de rentas y hacer creíble un modelo europeo de desarrollo. Un sistema fiscal europeo no significa la supresión de la soberanía fiscal nacional ni la duplicación de figuras impositivas sino, en primer lugar, definir qué servicios públicos se financiarán, qué bienes públicos se protegerán o, en definitiva, qué modelo social y económico se prefiere. Por eso se esperaba (y se espera) más de la Comisión Barroso.