JOSÉ MANUEL NAREDO

Economista y estadístico

Han pasado tres años desde el inicio de la crisis sin que se palíe la desregulación financiera que la había originado. Y cuando, por fin, el acuerdo recientemente saludado por la prensa como Basilea III apunta en este sentido, lo hace de forma bastante decepcionante.
El Banco de Pagos Internacionales de Basilea (BPI) es la entidad encargada de velar por las reglas del juego del sistema monetario internacional. Esta entidad sigue careciendo de competencias para regular las finanzas mundiales, por lo que sólo puede aportar sugerencias cuya transformación en normas de obligado cumplimiento depende de la voluntad de los gobernantes. De ahí que el reciente comunicado de prensa subraye que es el grupo de gobernadores y jefes de supervisión integrados en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea el que acuerda elevar las exigencias de capital de los bancos. Este acuerdo resulta bastante pobre y no justifica la calificación de Basilea III, no sólo porque el aumento de casi nada sigue siendo muy poco, sino porque redunda en lo ya dicho en Basilea II.
Los acuerdos de regulación del BPI siguen yendo muy atrás de los acontecimientos. El acuerdo de Basilea I, de 1975, respondió a la necesidad de especificar responsabilidades derivadas de dos importantes quiebras bancarias ocurridas en 1974: se acordó que el banco central de cada país tendría que responsabilizarse de las entidades domiciliadas en el mismo. Sin embargo, las posteriores quiebras del Banco Ambrosiano y del Banco de Crédito y Comercio Internacional plantearon nuevas indefiniciones, al corresponder ellos mismos, o el grueso de sus deudas, a sociedades domiciliadas en paraísos fiscales que carecían de banco central. Era difícil atribuir responsabilidades sin especificar primero las normas de comportamiento admitidas. El Acuerdo de Basilea II, de 1991, trató de sugerir esas normas e hizo hincapié en las exigencias mínimas de capital de los bancos. Pero la creciente complejidad del mundo financiero, con sus "innovaciones" y "derivados", permitió acomodar los balances bancarios a las normas transfiriendo sus riesgos hacia los mercados de valores. Y cuando los "productos tóxicos" derivados de esta transferencia de riesgos extendieron la desconfianza y provocaron la crisis actual, el comunicado de Basilea III, en vez de tomar cartas en el asunto, se ha limitado a subir las exigencias de capital de la banca contempladas ya en Basilea II.