JOSÉ MANUEL NAREDO

Economista y estadístico

Hasta hace poco se suponía que el progreso económico mejoraría la situación de la mayoría de la población, evitando la precariedad y la pobreza y paliando las servidumbres del trabajo. Este progreso se veía espoleado por reivindicaciones sociales tradicionalmente orientadas a reducir la jornada laboral y la edad de jubilación. Sin embargo, en los últimos tiempos ese progreso ha mudado en regresión al atentar sistemáticamente los gobiernos contra esas reivindicaciones mediante recortes de ingresos y derechos, no sólo actuales, sino también futuros, de la mayoría de la población. Atendiendo a las presiones de la patronal y con el pretexto de una crisis que se estima coyuntural, se quieren precipitar ahora reformas de fondo en el mercado de trabajo y las pensiones que echan por tierra logros penosamente adquiridos por el movimiento obrero. Y estos cambios a peor se tratan de acometer lo mismo en los países europeos con mayores derechos, salarios y pensiones, como Francia, que en los más precarios, como España, Grecia... o Rumanía, entonando en tan diferentes casos la misma cantinela económica de la competitividad.
Estas agresiones a los derechos e ingresos actuales y futuros de la mayoría de la población no sólo acarrean la impopularidad de los gobiernos que las fuerzan, sino también el descrédito de la legitimidad democrática que teóricamente los avala. Porque, si efectivamente existiera un gobierno del pueblo, no tendría sentido que se empeñara en recortar sus propios ingresos y derechos. Pero el elitismo gubernamental corre parejo con la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones importantes. Es más, los gobiernos acostumbran a hurtar el debate para imponer con urgencia decisiones sobre el marco regulatorio de las pensiones y del trabajo que deterioran las condiciones de vida de la mayoría de la población y que atentan contra la solidaridad y la cohesión social. Los gobernantes justifican su poder para tomar estas decisiones porque han sido elegidos, olvidando por qué y para qué fueron elegidos y que si violan sus promesas electorales están deslegitimando su mandato. Asistimos así a la eclosión a un despotismo democrático que cuenta cada vez más con un poder sin autoridad y una legitimidad desprovista de confianza. Este poder sin principios olvida que la ética más elemental de la democracia exige cumplir las promesas electorales y contar con la ciudadanía en las decisiones de gobierno.