Susana G. había hecho todo lo que se supone que debía hacer. Todo lo que desde las administraciones, la Policía y los medios de comunicación se les dicen que hagan a las mujeres maltratadas: denunciar, mantener la denuncia, testificar en el juicio... Y después, cuando a su verdugo le fue conmutada la pena de prisión por un curso de igualdad, tener que seguir viviendo con la angustia de saber que en cualquier momento podría ir a por ella. Claro que eso ya no lo dice nadie.

Nadie dice tampoco que puede que no sirva de nada pedir más protección ante las continuas amenazas: en su caso –y no es la primera vez–, la protección nunca llegó. Lo que llegó antes de ayer fue el hacha furiosa, y la muerte. Ahora, las instituciones se enzarzan en una triste polémica sobre quién fue responsable: el Ayuntamiento de Málaga acusa al antiguo Ministerio de Igualdad, y el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género al Ayuntamiento de Málaga. Nadie quiere admitir que las cosas se hicieron mal. Que se hacen mal demasiado a menudo.
Es lamentable ver a los políticos echándose la culpa mientras otro cadáver es enterrado. Alguien tiene que decidir de inmediato que los sistemas de control como las pulseras telemáticas deben ser colocados en todos los maltratadores sentenciados. Si hacen falta más recursos económicos, que los pongan ya, que los saquen de debajo de las piedras, que se los quiten de los coches oficiales y los ágapes. Pero que protejan, por Dios, a las mujeres. Porque, ¿cómo les vamos a seguir diciendo que lo único que tienen que hacer para estar a salvo es denunciar? ¿Con qué cara podemos seguir insistiendo en eso?