Hasta hace tres días, creía que un organismo como el Consejo de Seguridad Nuclear estaría formado por unos señores muy sabios y expertos en la materia. Ahora sé que no: los consejeros son nombrados por los partidos y, en buena medida, ellos mismos son políticos. La presidenta, Carmen Martínez Ten, es médica y fue directora general con el PSOE del Instituto de la Mujer y del Plan Nacional contra el Sida. Luis Gámir es catedrático de Política Económica y ha tenido diversos cargos con UCD, AP y PP. Por el PP está también el ingeniero Antonio Colino, que fue presidente de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos, muy cuestionada por los ecologistas. En nombre de CiU hay otro ingeniero, Antonio Gurguí. Y sólo un científico, el catedrático de Física Francisco Fernández, designado por el PSOE. Salvo la presidenta y Gámir, neutrales en el tema, el resto de los consejeros se han declarado siempre pronucleares.

Esas cinco personas trataron de mantener en secreto su decisión del viernes respecto a la central de Garoña con el objetivo –exclusivamente político– de no interferir en las votaciones del domingo. Ahora ya lo sabemos de manera oficial: Garoña podrá mantenerse abierta. El nuevo debate sobre la energía nuclear acaba de dar sus primeros pasos.
¿Qué hará el Gobierno? ¿Respetará su propio programa electoral en el que afirmaba que cerraría gradualmente las centrales nucleares? ¿O se plegará a la presión del lobby nuclear, cada vez más activo en todo el mundo? Espero que al menos no usen la excusa de la necesidad: Garoña sólo produce el 1,3% de la electricidad española. Una nadería.