Cuando se cumple cerca de un año del incendio de la nave del Gorg en Badalona, en el que al menos tres personas migrantes perdieron la vida, otro incendio, esta vez en la plaza Tetúan de Barcelona, se cobraba las vidas de una familia de cuatro miembros hace poco más de una semana.

La historia ya la hemos oído: un matrimonio de origen migrante (él, Pakistán; ella, Rumanía) con un hijo de tres años y una niña de uno, quedaban atrapados en el patio del fondo del local ocupado en el que vivían, una oficina bancaria.

Racismo institucional

Como en el incendio de la nave del Gorg, la ley de extranjería supone el principal escollo para que las personas migrantes puedan conseguir una vivienda digna. La ley de extranjería es racista en su concepción y permite la vulneración de los derechos humanos y civiles de las personas migrantes, sobre todo si migran desde territorios del sur global.

Aún así, la ley de extranjería no es el único obstáculo. También hay que sumar el racismo institucional ejercido por las inmobiliarias, que en muchas ocasiones impide el acceso al alquiler, negando oportunidades habitacionales por el simple hecho de tratarse de personas migrantes.

Racismo estructural

Después hay otro tema del que hay que hablar cuando suceden estas desgracias: las víctimas son sometidas al escrutinio de los medios de comunicación y de su audiencia.

Como pasó en el caso del Gorg y tratándose de personas migrantes, la criminalización de las víctimas está servida. Es muy fácil relacionar ocupación, personas migrantes y peleas u otros conflictos vecinales. Estas correlaciones no se hacen en el caso de personas blancas. Se lamenta sus muertes y ya está. Pero con las personas migrantes y racializadas es diferente.

Esta correlación es peligrosa cuando se tratarse de colectivos minorizados sobre los que pesan determinados estereotipos y sobre los que la mayoría de la gente tiene ya unas ideas preconcebidas y que son, en la mayoría de casos, negativas. Y es más peligroso todavía en el momento en que la prensa contribuye a perpetuar esas ideas preconcebidas, reforzándolas.

En el caso de la familia que murió en el incendio de la plaza Tetuán se han hecho afirmaciones bastante vergonzosas en algunos medios de comunicación, en los que se ha llegado a entrevistar a vecinos de las víctimas para que corroborasen que, a pesar de estar ocupando, tenían el local adecentado y eran personas limpias. Es decir, cuando se está hablando de la trágica muerte de una familia, pararse a valorar si el local estaba limpio o no es algo que ni siquiera debería plantearse. Desde mi punto de vista hay cuestiones de más importancia que deben ser abordadas, antes de querer saber si se trataba de personas limpias y decentes o no.

Víctimas de otra categoría

De nuevo nos encontramos con que hay que reclamar que las vidas negras, migrantes y racializadas importan. Y las muertes también. Y hay que reconsiderar todas estas situaciones.

Por una parte, y a nivel institucional, hay que conseguir que los ayuntamientos hagan más. Es cierto que a nivel estatal, no pueden hacer mucho contra la ley de extranjería. Sin embargo tal vez haya que articular políticas en cuanto a vivienda para prevenir, en lo posible, estas situaciones.

Por otra parte, los medios de comunicación deben empezar a reflexionar sobre cómo enfocan las noticias relacionadas con la población migrante y racializada. Los medios de comunicación tienen un poder de influencia enorme en la sociedad. Ese poder les permite seguir reforzando los estereotipos o, por el contrario, cambiar la narrativa. Esa es su responsabilidad.

Y mientras que, ante la muerte de personas racializadas, los medios se centren en cómo vivieron las personas que murieron o en si eran conflictivas o no, en vez de centrarse en las causas estructurales que llevan a estas personas a estas situaciones y a analizarlas, seguiremos ahondando en el estigma que ya pesa sobre estas personas.