El debate nuclear en España hierve a la misma temperatura que la política. Al contrario que la disputa partidaria, que es de ebullición constante, la polémica sobre las centrales nucleares guarda desde hace tiempo largos periodos de reposo y sólo entra en ignición cuando se produce un hecho relevante.

Ahora le toca el turno al previsto cierre de la central en activo de Santa María de Garoña (Burgos), como hace poco le tocó a la de Zorita asumir el cierre. Cuando el 19 de octubre de 1989 un incendio dañó gravemente la estructura del edificio que alberga al grupo Vandellós I, se impuso el desmantelamiento por razones de seguridad. Nadie se opuso, aunque aún se ignora el coste total de esa obra que pagamos entre todos.

En nuestro país funcionan ocho grupos nucleares, pertenecientes a tres generaciones distintas, distribuidos en seis instalaciones que generan el 20% de la energía eléctrica. Hace pocos años representaban un tercio del total, pero entonces nuestro país tenía déficit y hoy exporta electricidad. El aumento de la potencia instalada, gracias a la eólica y a nuevas centrales de ciclo combinado, ha disminuido el peso relativo de lo nuclear en el mix de producción energética.

Los defensores de la energía nuclear sostienen que es un recurso imprescindible y mucho menos contaminante que el carbón o el petróleo. Sus detractores mantienen que es un riesgo incontrolable en caso de accidente gave, además de que los residuos representan un peligro de contaminación de alta intensidad para generaciones futuras (algunos isótopos del plutonio conservan alta radioactividad durante 24.000 años).El mejor argumento nuclear es la rentabilidad frente a otras fuentes de energía. Sin duda esto es cierto en Francia, que ha hecho de las centrales nucleares una opción de Estado y construido un modelo estandarizado que produce el 75% de la energía nacional bajo la gestión de la empresa pública EDF.

En España hacer números es más difícil.Nuestro país se incorporó a lo nuclear a finales de los sesenta, cuando esta industria, que nació inicialmente como un proceso intermedio para el acceso al arma atómica, se abrió paso como alternativa a las crisis del petróleo. Las inversiones para acometer las centrales de primera generación (Vandellós I, Zorita y Garoña) se hicieron con créditos referenciados con el dólar a 190 pesetas.La organización terrorista ETA, tras el secuestro y asesinato del ingeniero Jose María Ryan, fue determinante en la moratoria nuclear decretada por el Gobierno socialista en octubre de 1983. Pero no sólo Lemóniz, sino otras centrales en construcción o en proyecto fueron paralizadas. Las compañías recibieron en compensación un 2,89% del recibo de la luz que pagan los españoles. Ese porcentaje se elevó después al 3,89%.No fueron esas las únicas ayudas que recibieron las eléctricas y nunca quedó claro qué parte del dinero sufragado por los consumidores fue destinado al coste de la moratoria nuclear y cuál a la reorganización y saneamiento financiero de las compañías.

En paralelo a ese recargo en el recibo, el Gobierno arbitró en 1985 el intercambio de activos entre las empresas que perseguía ese doble objetivo. Esos intercambios, que contribuyeron al equlibrio financiero de las eléctricas, culminaron hace pocos años con Rodrigo Rato en el Gobierno. A Rato también se deben los llamados costes de transición a la competencia (CTC) que la prensa bautizó como "el billón para las eléctricas".Las centrales nucleares son el único negocio privilegiado que  no se hace cargo de todos sus costes. Ni asume la gestión de los residuos ni corre con el riesgo de accidentes, porque ningún consorcio de seguros en el mundo cubre esa póliza. Los paga la sociedad. En el caso español es otro recargo en el recibo que rige desde 1984 hasta el próximo 30 de junio. Enresa ha acumulado así más de 2.800 millones de euros, pero aún no hay fecha para el cementerio nuclear y estos residuos peligrosos, a un ritmo de 1,8 toneladas al año, se amontonan al aire libre porque las piscinas de algunas centrales nucleares están saturadas.

Sobre el cierre, las nucleares españolas se construyeron con una vida útil de 25 años. Luego se concedió una prórroga de 15 más, que para Garoña se cumplen en 2011. El sector pide ahora alargar la vida hasta los 60 años. ¿Y el riesgo?