Artículo del director

ETA y la democracia con fronteras

bocadi.jpgLo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido a confirmar es algo que se sabía: en una democracia, dentro de la lucha política no cabe todo. La sentencia consolida una obviedad pero tiene gran trascendencia jurídica. Arrebata a Batasuna y a las ocho siglas que desde 2002 han nacido para tomarle el relevo el último recurso para persistir en la complicidad, amparo, justificación o defensa de la violencia terrorista.

El Tribunal de Estrasburgo respalda la Ley de Partidos de 1992 y convalida la ilegalización de Batasuna sancionada por el Supremo en 2004, luego confirmada por el Constitucional. La ilegalización de Batasuna, dice, era "una necesidad social imperiosa", justificada en la seguridad pública y en "la protección de derechos y libertades". Es decir, la libertad ideológica y el legítimo derecho a la conquista del poder tienen límites. Nadie puede perseguir esos objetivos con la merma de derechos de otros y mucho menos, como es el caso, con la intimidación, el terror y el atentado contra la vida.

Muchas regiones o países concretos han sufrido el fenómeno terrorista a lo largo del tiempo, pero la conciencia de que es una amenaza mundial se impuso de repente el 11 de septiembre de 2001 tras el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Desde ese día la comunidad internacional empezó a desmontar, en algún caso con exceso, la cobertura legal de organizaciones nacionalistas que reclaman la independencia con el recurso a la violencia. En estos últimos años se han multiplicado los convenios internacionales para perseguir a los grupos terroristas, ETA incluida.

En paralelo a estos instrumentos jurídicos, ha ido cobrando fuerza la teoría de la democracia militante o democracia activa: los partidos políticos deben gozar de la máxima protección ideológica, pero no pueden optar al ilimitado principio de la libertad de conciencia individual. Para un individuo transgresor el castigo está definido por el delito. Los partidos, sin embargo, son fuerzas que concurren a la disputa por el voto con el fin de conquistar el poder, así que están obligadas a ser organizaciones responsables, a desarrollar su actividad y defender sus principios sin daños a terceros.

Para el llamado entorno político de ETA, ya se trate de Batasuna o de los herederos creados sucesivamente para representar las mismas aspiraciones bajo otros nombres, esta sentencia les obliga a dejar de justificar la violencia. Pone fin a esa barrera psicológica que tanto daño ha hecho especialmente en Euskadi. "Es un hecho irreversible", afirma un representante del Gobierno. Pero la decisión del tribunal europeo no pone fin al derecho a reclamar la independencia. La propia sentencia subraya que en España coexisten legalmente otras formaciones políticas que tienen ese objetivo. Ahí esta Aralar, que concurre a las urnas en País Vasco y Navarra: crece en votos y condena la violencia.

No es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decide la ilegalización de un partido político. Abundan las sentencias, pero el caso más sonado fue el dictado el 31 de julio de 2001, que refrendaba la disolución del Partido de la Prosperidad en Turquía. Esta formación islamista logró un 22% de los votos y llegó al poder en 1996 en coalición con otra fuerza de centro derecha. El tribunal Constitucional de Turquía decidió suprimir el partido y transferir todos sus bienes al patrimonio público porque el presidente, Necmetin Erbakan, era contrario al principio de laicidad del Estado y pretendía imponer el velo y la enseñanza religiosa. Erbakan perdió el poder porque aspiraba a derribar algunos pilares de la sociedad turca, vigentes desde el general Ataturk. Hoy gobiernan el país, sin problemas constitucionales, los islamistas moderados.

Aquella y esta sentencia son una buena base jurídica para alertar de que el triunfo en la batalla política no puede atentar contra los fundamentos que los ciudadanos se han dado para regir la convivencia. También dan pie a deducir que la teoría de que las urnas lo lavan todo, ahora sostenida por defensores crecientes, no es democráticamente aceptable. Desde luego los partidos no son quiénes para condonar la responsabilidad personal de sus militantes, ni estos pueden esgrimir que salir elegidos blinda sus desmanes.