Igual que los éxitos refuerzan, las crisis causan desgaste. Y el impacto de la depresión mundial es de tal magnitud que en España se ha llevado por delante a muchas empresas y ha dejado en la cuneta a algunos ministros, entre ellos al ex vicepresidente Pedro Solbes, un gestor eficaz y prudente que tiene en su haber el primer superávit presupuestario.

Hace justo un año, el hundimiento del sistema financiero puso a los grandes bancos en quiebra, y la operación de salvamento desencadenó la intervención coordinada de los gobiernos, que con el dinero de los contribuyentes pusieron un tapón a aquella sangría. El alcance de la crisis estranguló el crédito, provocó la anorexia de las empresas y ha dejado algunos sectores clave, como la construcción y el automóvil, por poner sólo dos ejemplos, en una situación de difícil salida. El último escalón de esta ola destructora es el paro, que castiga a todas las economías y, en especial, a la española.

La estafa financiera que dinamitó el ciclo de expansión fue de tal calibre que surgieron voces que reclamaban la refundación o la reforma del capitalismo. Ahora que la bolsa ha devuelto el valor de cotización a los grandes bancos, han vuelto las prisas y el objetivo se reduce a una regulación de los mercados para evitar aquellas tropelías. El G-20 ha reducido los objetivos a implantar algunas normas, controlar los paraísos fiscales, poner coto al desmán de los bonus de los ejecutivos y abrir algo la mano al comercio mundial.

Todas esas subvenciones públicas fueron asumidas como un mal necesario sin más culpables que Lehman Brothers, un banco de inversión que se quedó sin rescate. En este país, a diferencia de nuestro entorno, el debate se ha crispado en cuanto ha llegado el turno de arbitrar ayudas de subsistencia a los parados sin subsidio. Los grandes perjudicados de la crisis parecen tener la desgracia de no ser corporaciones.

Ni siquiera en Estados Unidos, con Bush ya derrotado en las urnas, se buscó un único culpable de este desastre. Desgraciadamente son muchos. Pero en los últimos días, en España, un aluvión mediático coincide en el mismo diagnóstico: “El problema es Zapatero”. Es simplemente el eslogan del PP, que aplaza su responsabilidad de partido de gobierno al momento de conquistar el poder. Esta abrumadora lectura responde a una desigualdad manifiesta, que es la superioridad de medios de comunicación conservadores, es decir, de derechas, que no se corresponde con la geometría del Parlamento decidida por los ciudadanos con sus votos. El elemento determinante de este flujo de opinión ha sido el alineamiento sobrevenido de los medios de comunicación del Grupo Prisa a esta tesis. No parece el más sutil de los argumentos criticar “la productividad” del Gobierno, como si se tratara de un taller textil, en lugar de hablar de la eficacia o del acierto. Ni exigir elecciones anticipadas cuando el final del túnel está cerca y Zapatero fue elegido hasta 2012.

El cambio de línea editorial se justifica en declaraciones a The New York Times en que Francia y Alemania han iniciado el repunte y la economía española aún sigue en declive. Nadie sabía hasta ahora que nuestro país tiene el mismo liderazgo industrial y equivalente estructura de apoyo social que estos dos socios europeos. En Alemania se han sostenido 1,5 millones de empleos con el método de reducir jornada a unos trabajadores para dar ocupación a otros. El Estado paga el coste y nadie denuncia esta subvención masiva.

En España, la OCDE acaba de pronosticar 4,5 millones de parados a finales de 2010, con lo cual el coste de la crisis serán 2,7 millones de desempleados. Hace dos años, en pleno furor expansivo y recurso a la mano de obra extranjera, había 1,8 millones de parados registrados. El problema viene de lejos y tiene sus raíces en una economía estacional y demasiado dependiente del ladrillo, que es necesario modernizar. El presidente Zapatero, para sostener la inversión pública y el empleo, propone subir algunos impuestos. El objetivo es recaudar 15.000 millones más, la mitad de la rebaja fiscal que su Gobierno ha aplicado estos años.

La medida puede ser criticada, pero está en línea con lo que han hecho Francia (impuesto a las grandes fortunas) o Alemania (subida del IVA). Los países del euro tienen delegada en el BCE su política monetaria y la política económica mundial está concertada en el seno del G-20, así que el único margen de maniobra es la política fiscal. Los organismos internacionales recomiendan mantener el papel del Estado para sostener la economía frente a la crisis, así que ¿dónde está la improvisación y la heterodoxia de Zapatero?

Todo medio de comunicación tiene libertad total para la crítica, aunque está obligado a una información contrastada y responsable. Las tensiones de El País con los sucesivos gobiernos dan para escribir más de un libro, pero esta ola de ataques viene precedida por la declaración de guerra del máximo ejecutivo de Prisa. El pasado 21 de agosto acusó a Zapatero, desde la emisora del grupo, de “haber enterrado el felipismo”. Felipe González perdió el poder en las urnas en 1996, Zapatero lo ganó en 2004.

“Juan Luis Cebrián pensaba que Zapatero iba a ser Felipe”, dicen en Moncloa. En su primer año el Gobierno de Zapatero adoptó tres medidas importantes para el porvenir de Prisa: la rebaja del IVA, que proporcionó 400 millones a las cuentas de Sogecable, la licencia de Cuatro y la decisión de que la sentencia del Supremo sobre Antena 3 Radio no podía ser cumplida. El problema, ahora, es que la televisión de pago se abre a la competencia.

Cebrián, como director, tiene el gran mérito de haber incluido a El País entre los diez más grandes del periodismo. Y el periódico, la cualidad de haber sido tan rentable que financió la construcción de un grupo. Por eso, no es siquiera prudente poner todo ese poder y esa influencia al servicio de intereses empresariales propios, aunque estos no hallen eco en la política.