A la espera de concretar los tirones que a las cuentas del Estado le producirá un todavía desarticulado pacto parlamentario, el proyecto de Presupuestos del Gobierno sufre estos días la crítica de falta de carácter. Ni carne ni pescado, ni medidas anticrisis ni política de reactivación. El Ejecutivo parece haber optado en la etapa final de la crisis por la delgada línea de la tibieza.

El primer y único objetivo claro de los Presupuestos para 2010 es la política social, que absorbe el 51,6% del total del gasto. Es este un esfuerzo necesario porque sólo la partida para asistir a los desempleados crece casi el 59%. Aumentan también de forma considerable los fondos destinados a dependencia, ayudas al alquiler de vivienda o las becas. Pero en contra de la polémica desatada en torno a que el Gobierno atiende a esas prioridades metiendo mano a los impuestos, el recurso verdadero ha sido acudir a la emisión de deuda. El total de emisiones previsto para 2010 asciende a 211.447 millones, el doble que este año y más del triple de lo que este mismo Gobierno hizo en 2007 y 2008.

Endeudarse es aplazar problemas, pero en este camino discutible España tiene margen porque en 2008 representaba el 39,7% del PIB, menos de la mitad del porcentaje de Alemania o Francia. Y aunque este año acabará en un 53,4% y el próximo en un 62,5%, comparativamente cuenta aún con un trecho a favor.

De la lamentada subida de impuestos, la más contestable es el incremento del IVA, de uno y dos puntos, respectivamente, en los dos tramos altos. Pero este es el pago necesario como señal a los mercados de que habrá recursos para compensar el endeudamiento. El Gobierno difiere además el recargo hasta el 1 de julio, en la creencia de que va a servir de efecto llamada para despertar el consumo y con la esperanza de que entonces habrá signos claros de reactivación, especialmente en el campo de las exportaciones. “La reactivación ya se vive en muchas empresas”, afirma un miembro del Gobierno.

Para el año que viene no se toca el IRPF, aunque se suprime la devolución de 400 euros al año, una medida electoral tomada al rebufo del superávit presupuestario para paliar el encarecimiento de las hipotecas, que ahora se benefician de un Euribor en su mínimo histórico. Los 400 euros tienen el récord de haber sido la medida más criticada antes, cuando fue adoptada, y ahora, que se ha anunciado la supresión.

Del resto del arsenal fiscal queda la rebaja de cinco puntos del impuesto de sociedades para las pymes que no destruyan empleo y el aumento de la imposición a las rentas de capital en tres puntos, del 18% al 21%, cuando las plusvalías superen los 6.000 euros anuales. Llama la atención el contraste entre la valoración positiva del retoque fiscal fuera de nuestras fronteras con las críticas internas. Desde la izquierda, la subida se considera ridícula, pero desde la derecha surgen voces que la califican, sin explicar por qué, de la más exagerada de la historia.

La trifulca política llega al extremo de reivindicar una imposición disuasoria para las grandes fortunas, ignorando que la libertad de capitales no tiene fronteras y menospreciando la estructura de las declaraciones de la renta. La gran mayoría del ahorro ha sido obtenido antes como excedente de las rentas del trabajo y sometidas por tanto al IRPF. Además, sólo 100.000 contribuyentes declaran más de 150.000 euros al año.

La lectura sesgada alcanza también a confundir el recorte de gastos corrientes con la inversión, como pasa en I+D donde están garantizados todos los proyectos. Antes de su aprobación, el PP ya lanzó su dictamen sobre estos Presupuestos: “Son un desastre”. Pero en el principal partido de la oposición se suma el rechazo frontal a las cuentas públicas con el enredo de su contabilidad interna.

Rajoy y la cúpula dirigente han pasado de declarar que la trama Gürtel era una acusación injusta o una conspiración del Gobierno a admitir que hay que tomar medidas “contundentes”. Francisco Camps y los demás inculpados todavía no han oído el mensaje, pero el PP empieza a comprender que sus cuentas son también públicas porque se ha dilapidado el dinero de los contribuyentes.