La fiesta permanente que vivió el Partido Popular en Valencia está haciendo aguas por la lucha abierta entre sus dirigentes. La acotación de responsabilidades para hacer frente al escándalo Gürtel se ha convertido en una lucha política interna, dirimida entre amenazas de elevar las culpas hacia arriba para comprometer en la trama de corrupción a aquellas cabezas que juraron que no existía.

Para empezar, Mariano Rajoy ya no podrá repetir lo de "estaré siempre delante, detrás o al lado de ti", referido a Camps, porque ahora ambos líderes se han colocado frente a frente. La rebelión y posterior dimisión a la fuerza del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ha puesto contra las cuerdas a la cúpula dirigente del partido.

Lo que está sucediendo es que el PP confunde a perseguidor con perseguido y muestra una falta de correa para resistir un caso todavía en fase de investigación que se extiende como una mancha. Y aún falta por saber si Costa llevará a cabo su amenaza de tirar de la manta para demostrar que él era un mandado en la gestión de los contratos concedidos a una banda de ladrones, donde, según las evidencias del sumario, los estafadores actuaban a los dos lados de esa relación comercial establecida a cuenta del dinero de todos.

Con 48 horas de retraso, Rajoy compareció ayer ante los medios para reafirmar su confianza en el presidente Camps, no así en Costa, al que, como secretario general, "hay que exigirle algo más". Sin embargo, su versión sobre el comité ejecutivo del PP valenciano desprecia los hechos. En su intervención sólo se produjo un avance cuando prometió más transparencia en las cuentas y acabar con "la arbitrariedad o el favoritismo". Por cierto, ese código de buenas prácticas del PP ya existe, pero fue guardado en un armario por la actual dirección.
En la escena judicial, la colusión de Gürtel con Valencia sólo se ha ventilado, y mal, en los trajes regalados, pero el asunto va a tomar nuevos aires en el Supremo. Por encima de estas y otras muchas bagatelas está la trama de favores y de financiación ilegal que asedia al PP valenciano, al que los jueces no han echado ni un vistazo.

Aparte de a Valencia, la causa contra las empresas de Correa afecta especialmente a la Comunidad de Madrid, pero se extiende a Galicia y Castilla y León. Por eso no se entiende que la causa siga troceada, cuando la seguridad jurídica y el interés general aconsejan elevar todo el sumario a la Sala Segunda del Supremo. ¿Cómo sustanciar, si no, las presuntas relaciones ilegales entre el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y el tesorero del PP, temporalmente cesante, Luis Bárcenas? ¿Se van a investigar también las inversiones inmobiliarias en Guinea?

La trama Gürtel nació bajo el Gobierno de Aznar y entonces encontró amparo en la sede del partido en Génova. Todos estos años ha sobrevivido en reductos regionales del poder del PP y en Madrid encontró espacios en ayuntamientos, en varias consejerías del Gobierno autonómico y en el montaje de los actos de la presidenta Esperanza Aguirre. "Todos son chorizadas", en palabras del propio Don Vito, el alias de Francisco Correa.
Todavía desconocemos el resultado de las comisiones rogatorias para controlar el dinero que la trama escondió en paraísos fiscales. En este punto clave aflorará el papel de Ramón Blanco, arquitecto de esta estructura de evasión, quien antes ocupó el cargo de consejero delegado de Repsol gracias a la influencia de su amigo, el entonces presidente Aznar.

Aquí es donde surge para el PP, atrapado en un problema político por su pertinaz estrategia de retrasar la investigación judicial, una esperanza de defensa por la vía de la anulación de pruebas que tan eficaz resultó hace años para liquidar el caso Naseiro.

Olvida el equipo de resistencia encabezado por Federico Trillo que esas conversaciones grabadas entre inculpado y defensor afectan esencialmente a un abogado implicado en la trama. Lo que las escuchas judiciales perseguían era evitar algunas operaciones de camuflaje del dinero, la gran esperanza de Don Vito y sus secuaces de salvar la parte del león del negocio urdido para llevarse el dinero de los contribuyentes.