Jorge Moruno
Sociólogo

Mal que les pese a quienes están convencidos de que las naciones son esencias ancestrales y no construcciones políticas y culturales, comunidades imaginadas que diría Benedict Anderson, ni España ni Catalunya, tal y como hoy pensamos las naciones, existían en 1714 y mucho menos todavía en 1479. La ley no siempre refleja la realidad, en tal caso, hay que estar atentos a la amplitud de la grieta abierta entre la legalidad y la legitimidad para adaptarla.

¿Deben decidir todos los españoles, o solo los catalanes? Por el momento ninguno ha sido consultado, pero imaginemos que vota toda la población española sobre la independencia de Catalunya, ¿alguien cree que el problema no se agravaría? En lugar de tener un referéndum, habría por lo menos dos, también en Euskadi. Además, muchos catalanes que no votarían en otro supuesto, o incluso votarían que no a la independencia, es posible que votasen sí, aumentando el porcentaje de independentistas en Catalunya frente a un no en gran parte del Estado. Con esa foto, ¿al día siguiente asunto resuelto? No, y lo sabemos. La vía escocesa, tal y como se plantean las correlaciones de fuerzas, sería el mejor escenario, el más democrático.

El derecho a decidir que sí, que no, o depende, a la independencia de Catalunya no es una discusión histórica, es un conflicto político que pone encima de la mesa la sociedad catalana y como tal debe resolverse. No es un debate jurídico, como tampoco son un problema de orden público las manifestaciones ciudadanas que reivindican derechos como la sanidad o la educación: son debates colectivos  sobre el estado de la democracia y la convivencia ciudadana. La ciudadanía no precisa de un permiso para meter un papel en una urna.

En mi opinión, el 9-N debería jugarse como una baza por el derecho a decidir, no por la independencia. Introduciendo una papeleta en blanco, o una que simplemente diga vull votar, opondría la amplia legitimidad del voto, de cualquier opción de voto, ante la ridiculez de prohibir el ejercicio democrático. El simulacro de imprimir la papeleta en casa persiste en aparentar una consulta que no existe.

El Gobierno del PP, para evitar que se vote se parapeta en la ley, la misma ley que ellos no cumplen cuando ofrecen ayudas millonarias ilegales a las grandes empresas, o cuando su partido se financia reiteradamente de forma fraudulenta. Dicen ser los garantes de la soberanía de los españoles, la misma que desprecian y despiezan cuando la Troika impone medidas draconianas. No les vemos tan patriotas cuando aplican políticas económicas que destrozan la soberanía popular, los derechos colectivos y los servicios sociales, ahí actúan como mayordomos mansos de los poderosos. El Partido Popular ha sido, y es, la mayor fábrica de independentistas: ha utilizado siempre a Catalunya como ariete para airear su patriotismo de hojalata.

Recordemos que en 2006 exigía paralizar el Estatuto catalán y lo recurrió al Tribunal Constitucional, por unos artículos que también incluía el Estatuto andaluz al que no denunció. Recordemos que Rajoy calificaba de exigencia democrática la convocatoria de un referéndum. El Partido Popular no está a la altura de la responsabilidad que debería tener. Un Gobierno responsable tendría que ser capaz de poder enfrentar un problema político en democracia, aplicando soluciones democráticas, en lugar de esconder la cabeza como un avestruz. De la mano de CIU, un soporte fundamental, una rama clave del régimen corrompido del 78, el PP ha ocultado tras la bandera sus políticas de recortes y de empobrecimiento a la población. Un régimen político en descomposición es, por definición, un régimen corrupto, no ya una u otra rama, sino el árbol entero, dado que, como nos recuerda Maquiavelo, la corrupción nace de la desigualdad que existe en la ciudad.

En Catalunya hay 24 multimillonarios que aglutinan 25.675 millones de euros. En Catalunya —en 2012— ya había 1.271.913 personas con ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional—SMI—. En Madrid hay 28 multimillonarios que aglutinan 38.500 millones de euros. En Madrid hay actualmente 1.078.354 personas que viven con menos de 484 euros, de las cuales,  759.314 se encuentran en pobreza extrema relativa y viven con menos de 242 euros al mes. Mientras que el foco por el derecho a decidir no se ponga también en cuestiones de tipo socioeconómico, se verá cercenado, ya sea en Catalunya o en Madrid. Lo social no se puede separar de lo nacional, porque cuando una familia en el barrio de Pedralbes tiene una renta siete veces superior a la que tiene una en Nou Barris, o mientras que la esperanza de vida en el Raval sea ocho años menor a la de Sant Gervasi desaparece la base material para ejercer la democracia. Els rics ens roben la vida.

En el bucle sin final donde nos meten el inmovilismo del Partido Popular, la insipidez del PSOE-PSC y el brindis al sol de la esquerroconvergencia, ¿qué espacio queda con fuerza de ley para actuar en la coyuntura actual? Abrir un proceso constituyente en España, donde se pueda hablar de todo lo que afecta a la ciudadanía sin cortapisas legales, sin hacer aspavientos, debatiendo como una sociedad adulta, sin alarmismos. Para eso es necesario, aunque no suficiente, conquistar el Gobierno y romper el candado del régimen del 78. De lo contrario, seguiremos padeciendo un ordenamiento político-jurídico, encabezado por los mismos actores políticos que lo han llevado al desastre. La regeneración democrática es un oxímoron, pues no se puede generar lo nuevo desde lo que se ha quedado viejo, ya solo pueden regenerar su degeneración. Hace falta contar con buenas costumbres para obtener buenas leyes, nuevos actores para llevar a cabo cambios políticos.

En democracia las cosas se deciden votando: se debería abrir un debate en la ciudadanía donde podamos discutir sobre todos los temas sin miedo, de Catalunya y sobre muchas otras cuestiones que afectan a una ciudadanía que ha visto cómo la casta, catalana y española, ha quebrado los consensos sociales convirtiendo la política en su cortijo privado. El secuestro de la política por las élites es el secuestro de la democracia, que supone el aumento de la desigualdad social y económica. Nos merecemos un cambio político a favor de la mayoría social y un país digno que respete la voz de la gente y defienda sus intereses.

La identidad de España no puede convertirse en un arma arrojadiza que algunos lanzan contra todo lo que califican de  antiEspaña. Según esta idea, España nunca se define por algo, sobre todo se define contra algo y contra alguien: contra el que se siente diferente, contra el que quiere cambiar lo existente. Si España se percibiese como un país que garantiza derechos de ciudadanía y el respeto a la pluralidad nacional, la situación sería muy distinta. Defender el derecho a decidir, en este caso de los y las catalanas a definir su relación jurídica y política, es un gesto que nos identifica como demócratas, aunque a muchos no les guste.

Vicente del Bosque no es solo un ejemplo ético en el deporte. El seleccionador español de fútbol también lo es en sus declaraciones demócratas de 2012: "Los catalanes están en su derecho de defender la independencia. Es la libertad que tiene cada pueblo para decidir su futuro".