Isabel Vallet
Diputada de la CUP en el Parlamento de Catalunya

Martes, 25 de noviembre, a 16 días de la celebración del proceso participativo desobediente sobre el futuro político de Catalunya, comparecía el Presidente Artur Mas para explicar la hoja de ruta que propone para conseguir un estado propio. En una conferencia que superaba los esquemas institucionales clásicos y que se vestía con atrezo presidencialista -ni de partido, ni siquiera de gobierno- se desvelaba lo que ya se había apuntado por parte de los opinólogos habituales y rumorólogos acreditados antes, durante y después del 9N.

El resultado era básicamente construir una lista única, formada por representantes de la sociedad civil, profesionales y expertos y gente propuesta por los partidos que la conformen, para que obtenga la mayoría absoluta en las próximas elecciones al Parlamento. La lista única sería, según Artur Mas, la fórmula de descodificar en clave internacional el apoyo popular independentista y obtendría un mandato claro para la constitución de un estado propio para Cataluña. Esta mayoría constituiría un gobierno que lideraría el proceso de negociaciones con el estado español y la comunidad internacional, y pondría en marcha un proceso constituyente al final del cual, al cabo de un año y medio, se celebraría un referéndum para proclamar un nuevo estado.

Dos años después del pacto que ligaba a CIU y ERC "para la libertad", unos cuantos más de movilizaciones masivas, 40 largos años de independentismo marginal, perseguido y olvidado en los Països Catalans y nos encontramos con la misma solución: reseguir la legalidad constitucional española para plantear una hoja de ruta independentista. ¿Amnesia? Nos atrevemos a decir que fidelidad en la adscripción de clase. La élite catalana nos recordaba que no habrá ruptura posible si no es liderada por ella. En la salida que Mas plantea aún se deja la puerta abierta a posibles propuestas del Estado (y es que en su hoja de ruta interfieren unas elecciones generales españolas que pueden cambiar la correlación de fuerzas en el Estado).

Mucho tememos que este esperar al devenir del Estado, incluya posibles pactos que pasen por una reforma constitucional en clave federal, o peor, en clave de una nueva autonomía con mayores competencias. Que la especulación de lo que pueda pasar en el Estado actúe de dique de contención del proceso. Que esperar a que España "se ponga bien" dure años. Que nunca se abandone esta actitud propia de quien aún necesita la tutela estatal. Actitud propia de aquellos que han hecho del pacto autonomista su política en los últimos 30 años, de quienes diseñaron las autonomías como áreas de negocio a su medida.

Para nosotras resulta claro que no destruiremos el régimen surgido de la Transición de la mano de los que lo han ligado e instaurado y se han beneficiado en las autonomías. Y esta es una lectura común sobre la necesidad de promover fuegos que se conviertan en contrapoder en Catalunya pero también en el País Valencià y las Illes Baleares, donde el españolismo más rancio controla las instituciones, nos impone "señas de identidad españolas", nos aniquila lingüísticamente y nos condena a ser folclore. Debemos desbordar el liderazgo de Mas y de las clases bien estantes en el proceso, y del PP en el País Valencià y las Illes Baleares. Y tenemos la obligación de hacerlo para que el camino a la independencia nos sirva a las catalanas para asegurar nuestra supervivencia como realidad nacional, socio-económica, cultural y lingüística propia; y sobre todo, para que nos sirva a las clases populares para tener una vida que merezca la pena ser vivida.

Ante esta obsesión legalista nosotras observamos una certeza: tendremos que sobreponernos al marco legal español para plantear nuestro proyecto. Primero porque el marco constitucional niega las naciones sin Estado que conviven en el Estado español, como la nuestra els Països Catalans, troceados por tres comunidades autónomas. Y segundo porque es un marco agotado. Así, la obsolescencia programada del pacto constitucional no solo opera en lo nacional, opera de manera flagrante en lo social y estamos en la obligación de recordar la constitucionalización del déficit cero que con nocturnidad, celeridad y alevosía nos impone la obligación del pago de la deuda por encima y por delante de cualquier otra prioridad social. Y por supuesto, ante el constante goteo de casos de corrupción, obsoleto también en lo democrático.

Así, esta ruta planteada por Mas, de una lista única que se centre en dibujar sólo una posible independencia institucional, pretende postergar el debate social y democrático, lo relega a categoría subalterna y, en forma coloquial, la derecha catalana se viste de un "primero la independencia y después ya veremos". En definitiva para ellos se trata de acumular todas las fuerzas de ruptura nacional, todos los anhelos independentistas, en la hegemonía neoliberal; donde la sociedad civil no se presenta como nada más que un grupo de notables. Para nosotros no hay una verdadera soberanía si no se puede dibujar y construir el país que se quiere. No hay, por tanto, una verdadera libertad para determinar una economía que sitúe en el centro a las clases populares dentro del capitalismo, porque éste opera como sistema de poder. Y no hay soberanía mientras se mantenga el patriarcado; una sociedad no se puede saber libre mientras las mujeres sigamos sometidas y relegadas a ser personas de segunda.

Y con estos precedentes, algunos tienden a reducir la complejidad de los hechos a una única lectura. La lectura de que el proceso es elitista y convergente, que es un proceso identitario y de derechas. Y esta es una lectura interesada y falsa, ya que los procesos de emancipación son pugnas entre intereses, son pugnas entre clases y por tanto tienen al menos dos lecturas.

Es bien sabido, la historia nos enseña, que la clase pudiente siempre maniobrará para apropiarse de cualquier voluntad de ruptura en favor de sus intereses, pero no nos dejaremos ganar por no comparecer.Y para comparecer planteamos un proceso popular que destituya el liderazgo presidencialista, superador de la legalidad constitucional española, superador de las autonomías que dividen los Països Catalans y que plantee la necesidad de acumular contrapoder en todas nuestras luchas. Planteamos un proceso de abajo a arriba donde las instituciones, vacías de soberanía, se sometan a la voluntad popular. Planteamos por tanto, en lo institucional, apostar por el municipalismo de ruptura que nos permita crear contrapoder en los pueblos y ciudades de todo nuestro país. Planteamos acumular las ansias de cambio en una candidatura anticapitalista y independentista consciente de que la liberación nacional y social son indesligables.

Si nos advierten que no habrá independencia sin Convergencia les mostraremos que habrá independencia a pesar de Convergencia, a pesar del PP, a pesar del PSOE y también a pesar de cualquier partido que considere que nuestra independencia pasa por una reforma federal del Estado español.

"El qué" es un proceso donde la independencia sea un medio para cambiar todo aquello que precariza nuestras vidas. "El cómo", con un proyecto popular, de base, hecho por clases populares, que sitúe las instituciones como un complemento para la transformación social no como un fin en sí mismo, un proyecto consciente y determinado para entender que toda política - y no me refiero únicamente a la política institucional- que no hagamos nosotros será hecha contra nosotros.