Dominio público

Investidura II: enfriar el calentón por la amnistía

Ana Pardo de Vera

Si Pedro Sánchez consigue gobernar la legislatura entera, habrá sumado nueve años al frente del Ejecutivo, con pandemia global y dos guerras que tienen al mundo patas arriba, en sufrimiento y en un miserable doble rasero entre la actitud con Ucrania y la ídem con Palestina. Todavía está por ver cómo termina todo esto, más allá del olor a muerte infantil, inocente, y la inhumanidad supina que empapa las instituciones europeas y norteamericanas.

Mientras, en España, derecha, ultraderecha y el esperpento patrio -valga la redundancia- se han aliado en concentraciones contra una ley de amnistía para la judicialización de un procés -no nos cansaremos de repetirlo- que nunca tenía que haberse producido si la derecha hubiese hecho su trabajo en el Gobierno de Mariano Rajoy, que para eso les pagamos: política, nada más y nada menos.

Si nada se tuerce (nunca se descarta), en las próximas horas conoceremos ese oscuro objeto del deseo en que se ha convertido el texto de la propuesta de ley y es posible que, teniendo en cuenta los bulos que han surgido sobre ella sin conocerla siquiera, alcancemos esta semana cotas de surrealismo onírico en las calles, en las sedes de los partidos o en las instituciones que ocupan PP y Vox. Más allá de que el "inconstitucional" (o no) que le ha colgado la (ultra)derecha no lo conoceremos hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional dentro de meses por mucha prioridad que le diera, todavía hay que pasar un trámite parlamentario que se aventura largo; más, en el Senado, donde el PP dejará de respirar con todas sus fuerzas para alargar la amargura del trago socialista, sobre todo. El PSOE garantiza la constitucionalidad de la futura ley, pero yo jamás andaría tan ufana por los pagos de togas, que los carga el diablo envuelto en una rojigualda.

Es insostenible la situación de tensión y violencia azuzada por un PP que lanza la piedra con la que radicales ultraderechistas aporrean a la policía y esconde la mano; al menos, Vox va de frente con su desacomplejada antidemocracia de copa y puro pidiendo a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los militares que se levanten contra Sánchez y un Ejecutivo que será respaldado por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Junts, PNV, BNG y Coalición Canaria y rechazado por PP, Vox y UPN. No hay precedentes en 15 años de tan triste oposición, encima, con el lazo de la ultraderecha envolviendo el paquete.

Una vez conseguida la investidura de los desvelos de tanta gente, PSOE, Sumar y sus socios tienen un reto prioritario, que consiste en gobernar dejando sin argumentos a los de la ruptura de España, la "dictadura" o la dictablanda. Apelando siempre a la seducción en la política, hay dos instrumentos tan complejos como decisivos para amansar a las fieras, al menos, fuera de Madrid, que no es poco porque es el resto de España: las reformas de la financiación autonómica y la fiscal que permitan materializar la agenda social del Gobierno de coalición y a los territorios (mayoritariamente de PP y Vox) arrimar el ascua a su sardina. No escribo nada revolucionario: ambas cuestiones están en el pacto de PSOE y Sumar para la legislatura y son diáfanas. "ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 1. Nuevo modelo de financiación autonómica. 2. Mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado (...) IMPUESTOS: 1. Hacer más progresivo el IRPF e igualar la tributación de las rentas del capital y el trabajo. 2. Promover un Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal. 3. Establecer una tributación mínima suficiente en el Impuesto sobre Sociedades. 4. Revisar los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas". 

Hay trabajo, muchas negociaciones y mucho debate del "¿Qué hay de lo mío?", "A mí me das menos", "Me tienes manía", "Todo va para Catalunya"... Muy adulto, pero si hay transparencia, pedagogía y se logra una buena reforma de la ley de financiación autonómica (la última es de 2009 sobre la de 1980), es difícil que los territorios de (ultra)derecha no la apoyen, aunque sea a regañadientes, aunque sigan con el cacareo cada vez más apagado de la amnistía. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué se convenza a Murcia, por ejemplo, de que no es la amnistía, sino el efecto aspirador de Madrid el que resulta insolidario y le perjudica? Hasta sería posible que, al final, fuera Díaz Ayuso la que pidiera la independencia, al tiempo.

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