Opinion · Dominio público

De Perú a Grecia, estados y poder financiero

Augusto Zamora R.

Profesor de Relaciones Internacionales

Augusto Zamora R.
Profesor de Relaciones Internacionales

En 1985, al inicio de su primer periodo de gobierno, el presidente Alan García anunció que Perú no destinaría más del 10% del total de sus exportaciones al pago de la deuda externa, cifrada en 21.000 millones de dólares. El anuncio del presidente García generó grandes expectativas en los pueblos latinoamericanos, aplastados por la astronómica deuda acumulada. También provocó alarma y rechazo entre los acreedores, organismos financieros unos; bancos, otros. Alan García expresó, en un discurso, que la situación económica y política peruana no podía soportar el pago de la deuda externa y que esos fondos debían ser dirigidos a la redistribución de la riqueza y al crecimiento económico.

García había recibido del anterior presidente, Fernando Belaúnde Terry, un Perú postrado. En 1982, el FMI había impuesto un programa de ajuste, obligando al gobierno a reducir el presupuesto estatal, devaluar la moneda y aumentar el precio de los servicios públicos, acentuando el empobrecimiento del país. En 1982 la economía peruana dejó de crecer y en 1983 tuvo crecimiento negativo. El ingreso per cápita bajó de 1.232 dólares a 1.050. Las inversiones cayeron del 21,2% del PIB en 1982, al 12,2% en 1985. La crisis económica se agravó por la caída de precios de materias primas exportadas por Perú, como plata, cobre y plomo.

La pérdida de valor de las materias primas acentuó el déficit del sector externo en 1985. Si a comienzos de ese año se preveía que las exportaciones serían de 3.500 millones de dólares, al final de año apenas ascendieron a 2.966 millones. La decisión de Alan García, de reducir el pago de la deuda al 10%, no obedecía a veleidades izquierdistas, sino a la extrema gravedad por la que pasaba la economía peruana esos años.

Una crisis que era la suma de los resultados desastrosos del programa de ajuste del FMI, la caída de precios de las materias primas y factores intrínsecos a una sociedad subdesarrollada, como su pobre planta industrial y la dependencia del financiamiento externo. La reducción del gasto público, que cayó del 49% del PIB en 1985, al 29% en 1986, llevó poco alivio a las arcas públicas, que vieron caer los ingresos corrientes del 46% del PIB en 1985, al 33% en 1986. En diciembre, las reservas internacionales peruanas eran apenas de 870, lejos de los 1.400 millones de marzo de ese año 1986.

Otro problema complicaba la iniciativa de Alan García: a quién pagar y a quién no. No pagar al FMI y al Banco Mundial (BM) era claro. No así a los organismos regionales o a países con los que tenía relaciones estratégicas. A pesar de los esfuerzos, Perú terminó pagando, en 1985, el 34% de sus exportaciones. El FMI declaró a Perú “inelegible” para nuevos préstamos. Esto hizo más precaria la posición peruana ante el BM, el BID y los países de la OCDE. Cerradas esas fuentes, Perú recurrió a organismos regionales y gobiernos latinoamericanos. Pese al apoyo recibido, el bloqueo de las organizaciones financieras internacionales estaba logrando hundir la ya crítica economía peruana.

Para 1987, Perú estaba enfrentado al FMI, BM, OCDE y a los bancos comerciales. EEUU amenazaba con aplicar la enmienda Platt-Alexander, que suspendía el apoyo económico a la lucha contra las drogas y todo apoyo militar, si Perú no pagaba deudas a EEUU. A nadie importaba que Perú careciera de capacidad de pagar, de ninguna forma, 645 millones de dólares en tres años. La inflexibilidad del FMI, que rehusó cualquier tipo de reestructuración de la deuda, llevó la situación peruana a la bancarrota.

Bloqueado por casi todas partes, Alan García rindió las banderas. En octubre de 1987, el gobierno peruano tuvo que recurrir al FMI y al BM, solicitando préstamos. La iniciativa del 10% había llegado a su fin. Ese octubre, Perú devaluó su moneda un 24% y el FMI volvió a dictar sus reglas sobre la economía peruana. Al final, el gobierno de Alan García terminó en desastre absoluto, con García autoexiliado del Perú.

El experimento peruano fracasó, fundamentalmente, porque Perú estaba solo frente al todopoderoso andamiaje de los organismos financieros internacionales. Aunque obtuvo ayuda de organismos y gobiernos latinoamericanos, ni unos ni otros estaban en condiciones de hacer contrapeso a la aplanadora financiera formada por el FMI, el BM, la OCDE y los bancos comerciales. La fragilidad peruana radicaba también en otros dos factores que, desde hace siglos, hacen tambalear las economías subdesarrolladas: su dependencia de los precios de las materias primas (si son altos, hay bonanza; si bajan, la crisis está servida) y la carencia de sólidas estructuras económicas internas. Un agro atrasado, pseudoindustrias que, en muchos casos, son más maquila que verdaderas plantas industriales y una oligarquía que saquea los países sin tregua ni compasión.

El fracaso de la iniciativa de Alan García es ejemplo de lo poco que pueden hacer países pequeños y débiles ante la maquinaria implacable que los países ricos han creado utilizando a organismos de NNUU, creados originalmente para promover desarrollo e igualdad en el mundo. El FMI, el BM y la OCDE se limitaron a esperar sentados a que Perú se hundiera. Su estrategia fue, simplemente, cerrar los grifos del dinero y rehusarse a negociar cualquier tipo de reestructuración, que permitiera oxigenar la economía peruana. Ahogado el país, la iniciativa del 10% caería por su propio peso. Eso ocurrió, exactamente. La experiencia peruana sirvió de escarmiento y nadie en la región volvió a retar a la aplanadora financiera internacional. Perú demostraba que una firme decisión gubernamental y un más firme apoyo popular eran insuficientes frente a los monstruos.

Grecia no es Perú, aunque comparte ciertos rasgos. Un endeudamiento extremo sin capacidad de pago; una frágil estructura económica nacional y una clase dominante más dispuesta a servir a sus socios extranjeros que a su país. Otro factor está presente, que es la soledad de Grecia. La capacidad de resistencia de Tsipras y Syriza estará determinada por la capacidad que tenga de obtener aliados que comprometan fondos suficientes para que Grecia aguante la acometida de la aplanadora financiera. El único valor que juega —por ahora— a favor de Grecia, es su pertenencia a la Unión Europea. Grecia podría hacer tambalear los cimientos de lo que queda de la UE —saliendo, por ejemplo, del euro, o bloqueando decisiones comunitarias—, pero, sin aliados poderosos que la sostengan, el precio que tendría que pagar por la osadía podría ser mayor que el peruano.

Hasta ahora, la UE, encabezada por Alemania, parece seguir el guión aplicado en Perú. Cerrar grifos financieros y negarse a negociar nuevos términos de financiamiento para que Grecia, sin fondos ni salvavidas, se hunda en el caos y termine arrodillada ante el sagrado altar de la avaricia. También pesaría no dejar que cunda el mal ejemplo. Que Grecia sea la manzana podrida que termine pudriendo las demás manzanas del cesto europeo. Si Grecia se sale con la suya, ¿qué impide que mañana otros gobiernos, queriendo mitigar el sufrimiento de sus pueblos, no sigan el mismo ejemplo? ¿Quién asegura que Angela Merkel y sus pares no se están guiando por la teoría del dominó, tan en boga en la Guerra Fría? ¿Que haya una idea subyacente de que es preciso parar el proceso griego, como vacuna ante un cambio en ciernes en España?

Entre 2005 y 2007, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Ecuador cancelaron de golpe sus deudas con el FMI, así como los programas aún vigentes con ese organismo. La decisión tenía más valor político que económico, pues quería simbolizar el fin de la tiranía del FMI en la región, así como demostrar la autonomía económica ganada por Latinoamérica. Se trató de decisiones coordinadas entre dirigentes de la región, como dijera el presidente Nestor Kirchner, al anunciar la cancelación anticipada de la deuda argentina: “Se trata de un paso largamente conversado con los presidentes del Mercosur y especialmente con el de Brasil, Lula da Silva, a quienes agradecemos”. Venezuela apoyó a Argentina en el pago de su deuda, adquiriendo 1.500 millones de dólares en bonos argentinos. No se trató de confrontar al FMI ni al BM, sino de sacarlos, coordinadamente, de juego en Latinoamérica. De reducir, pagando, el papel nefasto que esos organismos financieros habían jugado en la región. Una prueba más de que, ante la aplanadora financiera internacional, hay que contar con aliados, muchos, fuertes y solventes. Incluso para pagar las deudas y teniendo presente siempre que esa aplanadora no tiene alma.