Opinión · Dominio público

El oxímoron de la macroeconomía estatal

Luis Moreno

Profesor de Investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC) y autor de ‘Europa sin Estados’

Luis Moreno
Profesor de Investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC) y autor de ‘Europa sin Estados’

Pese a la intensidad y al alcance de la ‘crisis interminable’, los gobiernos europeos han continuado elaborando sus estrategias macroeconómicas ocupándose preferentemente de sus ámbitos estatales. A tal fin, han utilizado los cuatro canales tradicionales de su prevalencia institucional: seguridad, producción, conocimiento y finanzas. La cuarta área se ha erigido, sin embargo, en la más limitadora de las políticas soberanas nacionales. La insolvencia de los estados miembros de la UE para ejercer unilateralmente sus políticas (macro) económicas ha expuesto las carencias de los nacionalismos estatalistas, cuya expresión más patológica encarnan los populismos europeos.

Con su visión premonitoria, la economista política Susan Strange (1923-98) ya había identificado a la financiarización como la variable más decisiva en las relaciones internacionales contemporáneas. La intensificación de los conflictos globales había tomado cuerpo en las pugnas económicas y quedaba ilustrada con un ‘balancín de poder’ (seesaw of power) entre mercados y autoridad política de los Estados. Dada la naturaleza del capitalismo de casino extendido por doquier en el tránsito al tercer milenio, los Estados han visto perder su poder e influencia como actores independientes de modo gradual pero irremisible. Una temprana manifestación fue la crisis financiera asiática de 1997 desencadenada con la devaluación de la moneda tailandesa. Tras haber adquirido su deuda externa unas proporciones que conllevaron a la bancarrota efectiva del país, se produjo un efecto dominó con devaluaciones en Filipinas, Indonesia y Malasia, y graves repercusiones en las economías de Corea del Sur, Hong-Kong y Taiwán.

La licuación financiera responsable de la presente recesión mundial se inició el martes ‘negro’ del 27 de febrero de 2007, tras la quiebra de las hipotecas subprime estadounidenses y la fuerte caída de la bolsa de Nueva York. La grieta (crack) provocada por el hundimiento de las dos grandes entidades hipotecarias estadounidenses (Fannie Mae y Freddie Mac), había sido consecuencia de una desregulación de las operaciones financieras en EEUU que indujo no solo a prácticas abusivas de los operadores, sino a actuaciones palmariamente criminales de directivos financieros y a la profusión de productos derivados sin anclaje plausible en la economía productiva real.

Recuérdese que, en proporción al PIB, el valor de las transacciones financieras en 1990 equivalía aproximadamente a quince veces el PIB mundial. Una vez desencadenada la crisis económica, tras el crack de 2007, tal proporción se elevaba a 70 veces el PIB de todo el mundo. Si se considera que las transacciones al contado representaban en 2010 prácticamente el mismo porcentaje del PIB global que en 1990, el incremento de las transacciones financieras en un período de apenas 20 años había alcanzado el 400%, lo que correspondía en su práctica totalidad a productos derivados y otros instrumentos de nuevo cuño. Tal volumen financiero sobrepasaba con creces la tímida capacidad de los Estados miembros europeos por aplicar políticas económicas efectivas. La mayoría de ellos se dejaron llevar por los postulados neoliberales en la creencia de que así podrían beneficiarse individualmente en un contexto de mundialización.

En los países europeos el falso dilema para sortear la crisis se planteó como un reto a las propias capacidades nacionales para implementar políticas (macro) económicas estatales. En el intento de combinar dos conceptos intrínsecamente opuestos, los gobiernos descuidaron el elemento quizá más determinante implícito en la mundialización: su carácter perceptivo. Lo que sucede en la realidad de las cosas no es tan inexorable como lo que se percibe que podría suceder si no se actúa de acuerdo a las expectativas preestablecidas. Como consecuencia, los gobiernos de los Estados europeos han gestionado sus política económicas dando por descontado procesos causales que, de otra manera, se hubieran desarrollado en contra de sus previsiones iniciales. Y lo hacen tratando de ocultar vergonzosamente la razón de sus decisiones. Así mismo, agentes sociales y grupos de interés o presión estatales han estado condicionados por la percepción de que sus gobiernos deben alinearse –mal que les pese– con los del resto de sus socios europeos en un contexto económico, político y social globalizado. Todos asumen que serían penalizados por los mercados si actúan a contracorriente entre unos y otros.

El precedente francés de las fallidas políticas económicas a inicios de los años 1980, durante el primer mandato presidencial de Mitterrand –y tímidamente reeditado por el primer gobierno de François Hollande tras su victoria presidencial en 2012–, evidenció la implausibilidad de intervenciones que no fuesen aplicadas colectivamente por el conjunto de los países europeos. Recuérdese que el ejecutivo de Pierre Mauroy (1981-84) había auspiciado programas reactivadores que iban a contra corriente de una generalizada situación de contracción en el Viejo Continente. Al poco tiempo de iniciar su andadura, dichas políticas sufrieron un giro copernicano y se alinearon con las de ajuste, austeridad y rigor presupuestario implantadas en la mayoría de los países europeos. Se constataron entonces las preferencias monetaristas y de estímulo a la oferta frente al patrón neokeynesiano en el despliegue de las políticas económicas nacionales. Desde entonces, ninguno de los países europeos se ha desviado de dichas pautas.

Para preservar el Modelo Social Europeo (MSE) los países del Viejo Continente están emplazados a actuar mancomunadamente o a disolverse en un hibrido de economía política desnaturalizador de sus legitimidades sociales y políticas. En la articulación de un modelo alternativo a la individualización remercantilizadora de corte norteamericano y a la aplicación de un neoesclavismo en economías de gran proyección como la china o la india, la acción individualizada de los estados europeos está condenada al fracaso por su incapacidad para condicionar por si misma a los mercados financieros. Son estos últimos lo que han impuesto el modo, el ritmo y los alcances de las actuaciones (macro) económicas de los soberanos Estados europeos. Incluso aquellos países centrales europeos más capaces de articular estrategias independientes (Alemania, Francia o Reino Unido), hace tiempo que certificaron amargamente su impotencia para implementar por si solos opciones descoordinadas.

Los afanes europeos no quedan circunscritos a la defensa numantina de un MSE en horas bajas y bajo asedio permanente. La generación de valor añadido en sus sistemas productivos y el fortalecimiento de la cohesión social permanecen como los grandes desafíos para relanzar su proyecto de unión política. Para ello, y como condición suficiente, se hacen necesarias reglas comunes que obliguen a todos en el sistema de gobernanza multinivel continental. Como condición necesaria permanece la tarea de hacer efectiva la solidaridad entre todos los que habitamos el hogar común europeo.