Dominio público

Cultura de los derechos humanos: Justicia, no venganza

Ariel Jerez

Profesor de Ciencia Política (UCM) y Consejero Estatal de Podemos responsable del área de Memoria Democrática y Cultura de los Derechos Humanos

Ariel Jerez
Profesor de Ciencia Política (UCM) y Consejero Estatal de Podemos responsable del área de Memoria Democrática y Cultura de los Derechos Humanos

Varias generaciones de activistas de la memoria y los derechos humanos nos dimos cita el pasado sábado 11J en el Foro por el Cambio. Compartimos una mesa donde nos preguntábamos si España sigue siendo "diferente" en este campo. Para algunos de los presentes fue un emotivo momento retrospectivo para analizar lo avanzado estos años, desde que en 2008 empujamos juntos los primeros momentos de confluencia y la primera tabla conjunta de reivindicaciones en la Declaración de La Granja.

A pesar de los problemas con el aire acondicionado, en esta ocasión llegó a haber hasta 120 participantes en el diálogo con responsables de más de 10 entidades de memoria y DDHH. Particular atención tuvieron las esperanzadoras palabras de dos compañeros de viaje excepcionales del movimiento de la memoria: el antropólogo del CSIC Francisco Ferrándiz y el exmagistrado José Antonio Martín Pallín.

¿Seguimos siendo diferentes? Coincidimos en una primera respuesta: existen elites interesadas en mantener esta pretendida  excepcionalidad para defender los inconfesables privilegios derivados de la hegemónica cultura de impunidad forjada por el franquismo. Pero también coincidíamos que la gran mayoría quiere ser "normal", sobre todo entre las generaciones más jóvenes alejadas de los miedos tan bien gestionados por la dictadura- y, tristemente, también por la democracia transaccional-. Como en otros campos, la democracia española pide hoy también en esta agenda la "normalización política" con nuestro contexto europeo.

La dinámica de una corrupción generalizada, una esfera pública bochornosa donde la brunete mediática goza de total impunidad discursiva, mientras que intelectuales críticos, muchos tan necesarios como ponderados, no arañan ni un segundo de gloria televisiva. Sumergidos así en el más absurdo presentismo, no podemos interrogarnos sobre nuestro pasado reciente para entender cómo hemos llegado hasta aquí en esta crisis. Y mucho menos podemos pensar sobre los proyectos que tenemos para encarar los retos que nos depara el futuro, que no son pocos y estarán acompañados ineludiblemente de importantes conflictos redistributivos a los que quieren imponer leyes mordaza.

En Podemos, como se puede constatar por el trabajo comunicativo desarrollado en La Tuerka, contamos con un bagaje intelectual suficiente para comprender la dinámica global en la que se inscriben los retos y las luchas del siglo XXI, vinculándonos a nuevas redes políticas y comunidades culturales que se esfuerzan por construir otros mundos posibles. De hecho, hemos asumido la cultura de los derechos humanos como un horizonte utópico de transformación  pragmática, clave para una nueva política de emancipación.

El "efecto" Podemos se ha dejado sentir también en el campo de la memoria, superando la calculada y ambigua estrategia de memoria mantenida hasta hoy por las izquierdas socialdemócratas y comunistas, culposas del mal manejo que hicieron de los pactos de la transición. Si el PSOE dejó clara su ambigüedad en la tibia ley de memoria histórica y el informe sobre el valle de los Caídos del Gobierno de Zapatero,  informe de última hora encajonado también a última hora, lamentablemente el espacio comunista también deja en evidencia su falta hoja de ruta con su papel jugado en la querella argentina. Llama poderosamente la atención que tardía Fundación Abogados de Atocha haya premiado en su última edición a la jueza argentina Servini de Cubría, pero que los cinco asesinados posiblemente más simbólicos de la transición, no formen parte de la querella.

Pero sin su concurso, el cambio ya está en marcha. Concretamente, ya está siendo impulsado desde el poder ejecutivo local logrado el último 24 de mayo. Ya han bramado de nuevo la caverna mediática porque el programa de Manuela Carmena contemplase la revisión de los homenajes del callejero madrileño al panteón franquista cumpliendo con la ley de memoria histórica, o la no cesión por Ayuntamiento del espacio donde se celebraba desde 1940 una ceremonia de enaltecimiento del golpe del 18 de julio en el Castillo del Montjuic.

Pero a pesar del griterío, ya no hay vuelta atrás. Ya están dadas los cambios en la opinión pública para que esta demanda civilizatoria tome cuerpo en nuestro país. Y cuenta con el apoyo de toda la legitimidad y legalidad internacional, por mucho que algunos se empeñen en cerrarle el paso en nuestras fronteras. En el programa de Podemos nos hacemos cargo de las recomendaciones presentes en el informe del Relator Especial de derechos Humanos de las Naciones Unidas en misión especial para España, Pablo de Greiff

La cultura de los derechos humanos en España tiene que ser entendida como una exigencia central del estado democrático contemporáneo. Verdad, Justicia y Reparación conforman un entramado de acciones institucionales, jurídicas y culturales fundamentales tanto para abordar el sufrimiento moral y social de una parte significativa de la población víctima de la dictadura franquista, como para promover una cultura de ciudadanía activa y adulta, capaz de revisar el pasado y pensar la violencia política que hace sufrir a la sociedad. Lejos de la dinámica confrontativa que quieren instalar los defensores del actual estatus quo ideológico, intentando estigmatizar tanto el trabajo del movimiento de memoria como la ley internacional, como venganza.

La cultura de derechos humanos busca un pacto cívico por la justicia en sociedades democráticas, poniendo a trabajar la racionalidad jurídica también a favor de los de abajo. El poder público democrático debe mediar en el conflicto redistributivo para mantener mínimos de bienestar, derechos y convivencia, y evitar la llamada de la jauría que solo quiere ley y orden La democracia necesita un pueblo que vigile por sus intereses, porque si no el poder de los de arriba no tiene coto a su potencial corrupción. Las culturas militantes son parte del patrimonio intangible fundamental para construir una nueva cultura de la ciudadanía crítica y activa. Porque fueron, somos; porque somos, serán.