Dominio público

Los recientes y los próximos (posibles) errores de las fuerzas políticas en Catalunya (y 2)

Ricardo Romero de Tejada Collado

Sociólogo y politólogo

Ricardo Romero de Tejada Collado
Sociólogo y politólogo

Del determinismo genético del Partido Popular que propicia sus desaciertos en la cuestión catalana hablamos en el artículo anterior, a propósito de su etapa en la oposición y de hostigamiento a Zapatero y de la actual en la que tiene responsabilidades  de gobierno. En esta se han producido, entre otras cosas, las manifestaciones multitudinarias de las últimas cuatro Diadas, una Declaración de Soberanía del Parlament de Catalunya, una petición al Congreso para la celebración de un Referéndum y dos elecciones autonómicas, la más reciente con una mayoría absoluta independentista en la Cámara catalana. El Tribunal Constitucional, las Cortes y el Gobierno han ido dando calabazas a los soberanistas, incluyendo la negativa al Pacto fiscal y dejando sin respuesta la lista de 23 demandas que Mas presentó hace un año y medio a Rajoy en la Moncloa.

El Partido Socialista cierra filas sin atreverse a hablar de un Estado Federal

El PSOE aspira a gobernar después de las elecciones generales convocadas para el 20 de diciembre. La cuestión catalana planeará durante la campaña. Su propuesta reformista no pasa de tendencias federalizantes (una palabra que no recoge el diccionario de la RAE). Será porque ni entre sus militantes ni entre sus votantes hay federalistas; tampoco entre sus dirigentes. Si además se toma en consideración que necesita arañar votos del electorado del Partido Popular, en el que son mayoría los partidarios de re-centralizar el Estado, sabremos por qué Pedro Sánchez no habla de Estado Federal ni puede hacerlo. Sólo caben sucedáneos, que además están llegando tarde. Las terceras vías fracasaron en Catalunya el 27-S; fue una derrota sin paliativos.  Así le va a Iceta, que se levanta un día y manifiesta su satisfacción por el reconocimiento que hace Felipe González de Catalunya como nación en La Vanguardia ("por fin en Madrid entienden algo", debió pensar), para tener que soportar  su desmentido a las pocas horas.

Felipe Gónzález, socialista y expresidente del gobierno, cuestionando legitimidades  puede arrastrar al PSOE

En el trasfondo de la cuestión soberanista está el debate entre la legalidad (de la Constitución española de 1978) y la legitimidad de la democracia expresada por los catalanes para decidir su futuro. El Partido Popular, contradicciones aparte durante la campaña del 27-S, ha mantenido el discurso inamovible del muro de la legalidad del 78. Como mayoría parlamentaria y Gobierno han actuado según el guión de la legalidad, que por otra parte, no tienen la menor intención de permitir que cambie. La soberanía es del pueblo español y es indivisible, con una Nación. El Partido Socialista, alejado del poder, ha mantenido un perfil más moderado, flirteando con un reformismo  inconcreto, pero sumándose a la causa de la legalidad del 78 y del bipartidismo cuando Rajoy se lo pedía a Pérez Rubalcaba antes, y ahora a Sánchez. Los actuales dirigentes del PSOE embridaron el alma catalanista del PSC y lograron controlarlo y enviar a quienes la encarnaban a las filas del soberanismo (junto a sus votantes, obviamente). Ahora son menos, pero mejor avenidos, con este mago profesional del aparato y del baile que es Iceta. Pasará a la historia.

El peligro, el posible error fatal socialista, viene de la mano de un estadista, el expresidente Felipe González, aquel Isidoro socialista que aprobaba puño en alto en 1974 y en Suresnes un programa que reconocía el derecho a la autodeterminación de los pueblos del Estado español, punto que también rubricó cuando firmó explícitamente el acuerdo de fusión de partidos que dio lugar al nacimiento del PSC pocos años después. Vivir para ver. Hace unas semanas, en vísperas del 27-S, asociaba el movimiento independentista catalán con el fascismo y el nazismo de los años 30 del siglo pasado, lo que cuestionaría su legitimidad. Después de las elecciones, remachaba la idea en un homenaje a Benegas anteponiendo la ley a la legitimidad del voto en Catalunya. Esta ley debe ser la misma que existía el 23-F y durante los crímenes del Gal, ¿o no? Para los desmemoriados, Joan Garcés decía en una reciente entrevista: "detrás del 23-F estaba la alta dirección de varios partidos, entre ellos la del PSOE". También cabe recordar la fotografía de Felipe González acompañando (sólo) hasta las puertas de la cárcel a Barrionuevo y Vera condenados por acciones del GAL... Curiosa vecindad ideológica la que enlaza estas declaraciones de González con las de la Plataforma Libres e Iguales en una acto celebrado en el Ateneo de Madrid cinco días antes de las últimas elecciones catalanas. Público titulaba "La derecha política y mediática y jubilados del PSOE escenifican en Madrid el frente anti-independentista". Participaron entre otros, Jiménez Losantos, Carlos Herrera, Joaquín Leguina, Fernando Savater, Albert Boadella y muchos líderes de Ciudadanos y del Partido Popular. Entre otras delicias que se pudieron escuchar, Leguina habló de quienes votan a los nacionalistas "energúmenos" de hacerlo "por el diablo" y Vargas-Llosa lo hizo de la ficción maligna de los nacionalismos y de la violencia que provocaron en la Segunda Guerra Mundial, sin olvidarse de los mediocres fanáticos que gobiernan  Catalunya. Todo un repertorio que invalidaría cualquier pretensión de legitimidad de votantes y gobernantes.

Unos y otros poniendo la venda antes de la herida, justificando una hipotética  intervención frente a desatinos y planes demoniacos. Que lo haga la ultraderecha española se entiende; que de este despropósito participe Felipe González es preocupante en grado sumo y más lo sería si los actuales dirigentes del PSOE, en vez de hacer política, se dejaran arrastrar por esa deriva más propia del siglo XIX y del pensamiento español más reaccionario. No se les ocurra montar una operación del tipo "salvemos a Cataluña". Sería su peor error.

Las Cortes que salgan del 20-D, última oportunidad para hacer política

La próxima legislatura será excepcional, tanto si en los próximos meses Rajoy sazona el guiso catalán con más gasolina como si impera la prudencia. En cualquier caso, las formaciones con presencia parlamentaria, cada una de acuerdo con su cuota de representación y poder, deberán elegir, grosso modo, entre tres alternativas estratégicas.

Primera estrategia. Mantener el status quo institucional, quizá con cambios en el sistema electoral (exigencia que planteará Ciudadanos, si tienen suficiente fuerza,  porque en caso contrario corren el riesgo de que les suceda lo que a los liberal-demócratas en el Reino Unido), y manteniendo o acentuando la corrección recentralizadora emprendida desde hace años en lo territorial. Supondría mantener la judicialización del proceso catalán y la renuncia a hacer política. Mariano Rajoy acaba de asegurar que no lleva en su programa electoral ninguna propuesta de reforma constitucional. El intento de mantener el tinglado del 78, como si no estuviera pasando nada, está condenado al fracaso y, llevado hasta las últimas consecuencias afectaría a todo el sistema. En Europa no se entendería tanto empecinamiento y, menos aún, las políticas de represión subsiguientes.

Segunda estrategia. La reforma constitucional para construir un Estado Federal sin miedos ni a las palabras ni a los hechos. El modelo alemán está ahí, pero la lógica de la Constitución del 78 es anti-federal. Probablemente llega tarde para Cataluña, porque  muchos ya han pasado página y pantalla. Peor aún si es una propuesta de reforma con trampas y trucos... Deberían presentarla en su debida y convincente forma muy pronto. Los 18 meses  de la Hoja de Ruta catalana ya han empezado. ¿Pero hay federalistas en España?

Tercera estrategia. Un pacto constitucional, suficientemente mayoritario, que suponga no una reforma del firmado en el 78, sino su voladura (expresión utilizada recientemente por el catedrático de Derecho Constitucional Pérez Royo) y que, si quiere proponer un status aceptable para una mayoría de catalanes, debería reconocer la plurinacionalidad del Estado y el derecho a la autodeterminación, coherente con un proyecto confederal que, abierto a Portugal, podría acabar siendo una Confederación Ibérica. ¿Hay en España políticos capaces de liderar esta opción? El tiempo corre...

Si a la postre no se asume una solución creativa apropiada para el siglo XXI, tendrán que empezar a pensar en una negociación para resolver los problemas prácticos de un divorcio. Los desaciertos tendrán este coste.

El dilema de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), de Mas y de Junts pel Sí

El soberanismo catalán ha ido decantándose hacia el independentismo (en un proceso en el que ha contado con el Partido Popular como uno de sus mejores "propagandistas y agitadores") y ha ido avanzando hacia el objetivo trazado, superando dificultades y desencuentros y minimizando errores, gracias a la imagen que han sabido transmitir  de unidad en la transversalidad, aunque haya sido in extremis. Ahora los obstáculos parecen formidables,  porque Junts pel Sí, el grupo con más diputados en el Parlament (62), necesita votos de la CUP (al menos dos) para investir de nuevo a su candidato, Artur Mas, como President de la Generalitat. Y la CUP insiste en que no cuenten con ellos para esto. Las nuevas intervenciones judiciales y policiales sobre el entorno de CDC (tesoreros, empresarios, la familia Pujol...) de los últimos días, hacen más complicado el respaldo de los cuperos. Nada puede ser casual en un momento tan determinante para la causa independentista, el del "ahora o nunca". Mientras, otros, también sospechosos de financiación ilegal y de cobrar sobresueldos en negro y dentro de sobres marrones, se presentan sin complejos a las generales del 20-D.

Si CDC y Junts pel Sí renuncian a la investidura de Mas no será sin graves consecuencias. La primera sería el descrédito que implica entregar la ficha del líder (la más codiciada) en el tablero del ajedrez político y su aprovechamiento por parte de los adversarios; y esto se paga, dentro y fuera del país. Por mucho que sea cierto que el movimiento ha sido social, de abajo a arriba, los líderes políticos han desempeñando un papel imprescindible. En segundo lugar, mermaría la transversalidad del independentismo, clave de bóveda de su éxito. Su sector más conservador podría empezar a recular y dar crédito a los mensajes de los que advierten de la amenaza izquierdista y revolucionaria que representa la CUP y su poder de condicionar el futuro. Por último, no es fácil visualizar la pieza de recambio, el dirigente con el respaldo, prestigio político, experiencia y capacidad necesarios para liderar una etapa tan compleja como puede ser la siguiente. La dimensión internacional del proceso se resentiría sin lugar a dudas.

Si la CUP persiste en negar a Mas, el próximo escenario inevitable es el de nuevas elecciones anticipadas, sumiendo al proceso en una mar de incertidumbres sobre el que planearía la nota del fracaso. ¿Podrá Junts pel Sí repetir la misma fórmula y proponer el mismo candidato, todos desgastados por la derrota a pesar de la mayoría absoluta del independentismo? Parece muy improbable y ello supondría en la práctica que Mas sería sacrificado en cualquier caso si la CUP no le apoya ahora. Y la probabilidad de que la Hoja de Ruta del independentismo descarrilara crecería exponencialmente. Nuevas elecciones las cargará el diablo. Quizá la disolución de CDC (apuntada por algunos analistas) que no su refundación, y la creación de un nuevo partido que la sustituya con el ideario adaptado a las nuevas circunstancias políticas sería un precio razonable a cobrar por la CUP. Atención a los errores en la última curva...

La CUP entre la espada y la pared

Con sus diez escaños, la Candidatura de Unidad Popular es imprescindible para la Hoja de Ruta hacia la independencia, pero ha puesto en jaque el proceso, como acabamos de ver. Se han comprometido a no investir a Mas y así lo han votado las asambleas. El 3% aprieta y va camino de ahogar. Pueden repetir las hazañas del pasado y volver a asustar lo suficiente a un sector de los dirigentes y electorado conservador como para que se descuelguen y acaben pidiendo socorro a Madrid. Será su responsabilidad, por mucho que les cueste entenderlo y argumenten que también la tendrá Junts pel Sí si no ceden. Tendrán que saber elegir sus prioridades. Puede ser la última curva... ¿Vendrá la solución de la mano de los parlamentarios independientes de la CUP, de los que no son militantes de la formación, votando en conciencia? ¿Sería una disolución de CDC, con todo lo que ello supone contrapartida suficiente?