KATTYA CASCANTE

Insistir sobre la deplorable actuación del director de Global Infantil sería denunciar un hecho aislado, un abuso refugiado en un envoltorio de solidaridad, donde los más vulnerables, en este caso y de nuevo, los niños y niñas de un país africano, protagonizan una triste historia. La misma triste historia que días atrás nos contaban de la ONG francesa que pretendía burlar la dignidad de un Estado y de sus gentes. ¿Se podría afirmar que las organizaciones que se dedican al desarrollo (ONGD) están en crisis?

En España, a pesar de que el tercer sector se configuró con posterioridad al resto de Europa, contamos con 92 ONGD federadas en la coordinadora nacional de ONGD. Creada hace 19 años, integra 18 coordinadoras autonómicas y seis organizaciones que, por sus peculiaridades, comparten los mismos criterios desde su condición de miembros colaboradores. En total hablamos de más de 400 organizaciones que apuestan por un desarrollo más humano, inclusivo, equitativo y sostenible. Si bien no todas las organizaciones no federadas resultan sospechosas, que no lo estén se traduce en una mayor discrecionalidad a la hora de aplicar el código de conducta consensuado y asumido colectivamente por éstas.

Su gran labor silenciosa ha impulsado posicionamientos de gran calado ante la realidad mundial. Todos nos hemos hecho eco alguna vez de las denuncias promovidas por Greenpeace y WWF/Adena sobre el abuso medioambiental, de Amnistía Internacional en la defensa de los Derechos Humanos, Transparencia Internacional denunciando la corrupción e Intermón-Oxfam y su incidencia en las campañas sobre el control de armas y la condonación de la deuda externa. Su legitimidad como actores de la cooperación no sólo viene a través de su capacidad de movilizar a la sociedad civil y captar recursos privados, sino también de los gobiernos que las reconocen y apoyan a través del cada vez más dilatado trasvase de fondos de la ayuda oficial al desarrollo, otorgándoles voz y voto en mecanismos de coordinación y decisión de las administraciones públicas.

Tras los últimos acontecimientos, la desconfianza general sobre el posible negocio de la solidaridad y el temor de que ciertas organizaciones se conviertan en chiringuitos particulares pone en tela de juicio su credibilidad. Estas organizaciones, de complejos procesos internos, precisan de mecanismos de gestión que garanticen mayor eficacia en la estrategia de desarrollo que impulsan, de instrumentos que canalicen los recursos eficientemente y una transparencia en su política de acción, gestión y resultados. El desconocimiento de la lógica de su funcionamiento resulta un gran obstáculo, no sólo para los que nunca estuvieron vinculados a ellas, sino también para los propios socios/as y voluntarios/as. Que las dudas persistan plantea un gran reto a la política de comunicación de la mayoría de estas organizaciones. Entender que las ONGD dejaron de ser ángeles para ser actores de pleno derecho, con su estructura, políticas y prioridades no debe causar recelo. Que el actual sistema detecte y expulse los abusos sólo es síntoma de que éste funciona. La cuestión es si el sistema también es capaz de identificar lo que todavía desconoce y por lo tanto, profundizar para corregir las posibles desviaciones.

Ahora más que nunca, se precisa que las ONGD españolas jueguen su papel, consolidando el protagonismo alcanzado en la elaboración del Plan Director de la Cooperación Española (2005-08) y potenciando el diálogo político que eleve la madurez adquirida de cara a la formulación del próximo (2009-12). Los desafíos son muchos en este momento único de gran impulso de la política de cooperación al desarrollo y las ONGD deberían afrontarlos con su carta más alta, una sociedad civil cada vez más partícipe del debate.

La Declaración de París, que en marzo de 2005 planteó compromisos concretos para mejorar la eficacia de la ayuda, indica claramente la necesidad de coordinación, que en el caso español, dada la compleja variedad de actores, resulta indispensable para avanzar en la gran asignatura pendiente de la coherencia política. Para las ONGD, el reto sería consensuar sus acciones dentro de la lógica de intervención gubernamental, a la vez en sintonía con la de los países receptores de la ayuda. Por otro lado, las ONGD tienen que mejorar la capacidad de absorber fondos. La cooperación descentralizada, aquella que se gestiona a través de las comunidades autónomas y entidades locales, y que resulta más cercana a la ciudadanía, canaliza la mayoría de sus fondos solidarios a través de las ONGD y sin embargo no se gasta el total de su presupuesto. El objetivo del 0,5% de la Renta Nacional Bruta ya es prácticamente un hecho; la voluntad política favorece más que nunca el tan ansiado 0,7% para los próximos años. Sería una pena que las ONGD no lograran estar a la altura.

Finalmente, las ONGD deben intensificar su búsqueda de fondos para financiarse. La tendencia europea de disminución de la ayuda apunta que, tras la cancelación de operaciones de deuda de 2005, los fondos destinados por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) en 2006 han descendido. Esto debería iniciar en las ONGD un profundo debate sobre nuevas fórmulas de financiación, mas allá de los gobiernos, y así poder seguir garantizando sus objetivos.

Las ONGD no pretenden ser ángeles sino organizaciones que, a pesar de sus problemas de funcionamiento y financiación, resultan esenciales para educar y sensibilizar a la sociedad y sus gobiernos sobre el imperativo de lograr un mundo más equitativo.