Jorge Moruno
Sociólogo

Cuando la política acelera su tiempo se desatan toda una sucesión de acontecimientos. La propuesta de Podemos de formar un gobierno desencadenó la semana pasada una serie de movimientos y reacciones en el resto de formaciones políticas que finalmente ha desembocado en la intención del PSOE, afirman, de formar un gobierno del cambio y de progreso. Cada formación debe detallar su idea de cambio; qué supone, a quién beneficia y su forma de hacerlo efectivo. Cambio para qué, para quiénes, con qué medios, qué problemas impiden el cambio, cómo se solucionan. La prioridad no es pactar por el mero hecho de pactar, no es un cambio de caras, la prioridad es pactar para cambiar las políticas en favor de la ciudadanía. España tiene a grandes rasgos tres retos que afrontar sobre los que cada formación debe posicionarse: 1) la situación socioeconómica, 2) la dimensión política de la corrupción y la regeneración democrática, 3) la política territorial y el proyecto de país.

Si por cambio se quiere dar a entender un cambio en las políticas económicas y la política de empleo, el problema a solucionar pasa por reducir la desigualdad y alcanzar la pobreza cero, pasa por elevar el suelo económico de la sociedad, garantizar y mejorar los servicios públicos, reforzar el poder de negociación colectiva y promover un tejido productivo orientado a sectores de alto valor añadido. El gobierno que priorice blindar la política social y de empleo debe también aclarar qué política fiscal pretende aplicar, lo que supone negociar con los socios europeos un cambio de sentido en las prioridades de las políticas económicas. En lugar de aplicar nuevos recortes y un ritmo tan duro en la reducción del déficit, se debería poner el acento en la necesidad que tiene España de generar más ingresos acercándose a la suficiencia fiscal y a la media de la eurozona, para contar con recursos que impulsen un plan de modernización económica. Un gobierno que informe a Bruselas sobre la necesidad de relajar los objetivos de déficit y revertir el dolor de los recortes, que asfixian a la economía e impide su reactivación al reducir la capacidad adquisitiva de la mayoría. Un gobierno que cumplirá con el objetivo de déficit, pero priorizará antes el cumplimiento de otros objetivos previos, como la desigualdad, el paro, o  la precariedad.

Si por cambio se interpreta la urgente necesidad de cerrarle definitivamente las puertas a la corrupción, debe aplicarse una política integral que vaya mucho más allá de la judicialización individual de quien usa lo público para su beneficio privado, incorporando toda una dimensión política y económica que acarrea la corrupción. Para que haya buenas leyes que combatan a la corrupción, es necesario que existan buenas costumbres y poca desigualdad. La democracia debe protegerse de ser cooptada por sectores económicos que ejercen mucho poder y hace inviable la propia filosofía del parlamentarismo, donde el diputado ejercita el debate y la deliberación pública independiente dentro del parlamento que encarna a ese gobierno de la discusión. Cuando los representantes públicos mantienen reiterados nexos con grandes empresas, donde más tarde, acaban ocupando puestos de responsabilidad al salir del cargo público, estamos ante una dinámica de corrupción que rompe a la sociedad, aunque sea una práctica legal. Nuestra democracia requiere precisamente de lo contrario, necesita acercar las instituciones a la ciudadanía, o lo que es lo mismo, democratizar la democracia ampliando el campo de la decisión, la participación y el control ciudadano dentro del intervalo de tiempo que hay entre elecciones, para garantizar que los representantes responden al marco de convivencia que la sociedad se ha dado a sí misma.

Si por cambio se entiende conformar un proyecto de país con un futuro sólido, es necesario atender a la fotografía real del país para entender que la diversidad, lejos de ser un estorbo o una mancha a borrar, es una fortaleza a destacar. Cambio significa parar la política de polarización que fractura a los territorios generando desapego. Es un hecho empírico que persistir en la misma lógica solo genera más desencuentro y empeora el problema provocando que más gente se considere independentista. Cambio es resolver democráticamente un problema que es político, no de "los políticos", y requiere de un trato por parte de quienes ocupan cargos en las instituciones que no pase por separar a la propia ciudadanía entre buenos españoles y malos independentistas, como si fueran, paradójicamente, ciudadanos de otro país.