Alberto Fraguas Herrero
Miembro de ATTAC

El comercio quizás ayudó a la construcción de nuestra sociedad, pero también puede contribuir a desarticularla si no hay barreras que lo ordenen.

Los tratados de libre comercio como el TTIP trastocan los principios en los que se asienta la sociedad del bienestar, diluyendo en poco tiempo todos los derechos conseguidos tras años de lucha por la justicia y  la igualdad. Sencillamente proponen un modelo de blanda dictadura económica disfrazada de parlamentarismo y negociación, para ocultar una apropiación indebida de recursos comunes ignorando a la ciudadanía en el más estricto sentido del término.

Podría decirse que se instaura un nuevo despotismo ilustrado 3.0 (todo para el pueblo pero sin el pueblo) en el que los límites concertados por los Estados son traspasados por unos beneficios medidos en supuesto empleo realmente no demostrado. Para ello apenas hay límites, ni siquiera los que inciden en la seguridad de ese pueblo al que pretende servir, seguridad calibrada en años de definir las barreras ambientales del crecimiento y legislar en consecuencia; de establecer unas líneas rojas de los impactos ecológicos en nuestro entorno natural que, a menudo, también afectan a la salud pública.

Particularmente en Europa, pero especialmente en España, las políticas ambientales en los años 70 y 80 eran básicamente de tipo correctivo; se conocían algunos efectos derivados de la acción humana que se subsanaban en parte, dejando pasar otros entendiendo que el ecosistema los asumiría.

Desastres de la industria química como el de Bhopal, incidentes nucleares (Long Island, Chernobyl), impactos del Cambio Climático, contaminación atmosférica (lluvias ácidas, agujero de la capa de ozono, ...),  gestión de residuos en todo el mundo (hoy noticia con el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña) y un excesivamente largo etcétera hicieron  urgente revisar esta política y extremar las cautelas en un enfoque preventivo que garantice la salud de nuestros ecosistemas y de la ciudadanía. Este principio de precaución no se tiene en cuenta en los EEUU donde esta vigente la "gestión de riesgos", según  se desarrollan las actividades industriales sin evaluar previamente sus consecuencias.

Aplicar en Europa esta visión estadounidense sería retroceder 30 años en políticas ambientales aumentando la degradación ambiental y también social, pues ambas van de la mano.

Es obvio que en los tratados comerciales prima el beneficio empresarial con el señuelo de la generación de empleo. La cuestión es qué precio estamos dispuestos a pagar. Si los estándares ambientales regulados en las Directivas Europeas se convierten en papel mojado ¿para qué tantos años de políticas preventivas? ¿Para qué la regulación en sí?

Solo un modelo económico como el neoliberal puede anular la capacidad de respuesta de la ciudadanía y solo puede hacerlo a oscuras o con pretendida transparencia controlada, pues lo que ponen en venta son bienes naturales, incluso bienes comunes y por tanto de todos, para beneficio privado.

Algunos ejemplos analizados de los documentos, ya públicos de las negociaciones del TTIP gracias a Greenpeace, mostrarían una nueva agresión de las élites económicas contra la ecología. Las acciones de adaptación y mitigación del Cambio Climático,por ejemplo, no aparecen siquiera mencionadas a pesar de los acuerdos de la Cumbre de París, ya de por sí insuficientes. Una omisión que muestra que para el TTIP hacer frente el cambio climático no es prioritario.

El reglamento de la Unión Europea REACH de sustancias químicas prioriza preventivamente la protección de la salud pública y la seguridad ambiental. El fabricante debe demostrar la bondad del producto antes de su salida al mercado. En EEUU aplican la evaluación de riesgos según la cual nada es peligroso hasta que se produce un problema, pues de otro modo se "distorsiona el mercado".

Los productos modificados genéticamente (el TTIP los denomina "productos de la tecnológica agrícola moderna") muy regulados en la UE, aunque no tanto en España, tendrán vía libre hacia Europa aún sin conocer las implicaciones epidemiológicas que puedan darse.

Y, en gestión de Servicios Públicos especialmente el agua, se propone favorecer la entrada de capital privado no solo en el suministro sino incluso en la propia construcción de infraestructuras que pasaría a manos particulares  buscadoras de beneficios y pondrían en peligro el cumplimiento del Derecho Humano al acceso y saneamiento del agua.

Plantea también el TTIP unos tribunales de arbitraje ante litigios de tipo privado de manera generalizada, soslayando los estrictos procesos de regulación ambiental conseguidos. Es decir, foros privados decidirán si se conculcan los derechos ambientales de los ciudadanos o no. Peligroso giro histórico.

Estos son solo algunos ejemplos de lo que está en riesgo. La opacidad del TTIP aún siendo grave (esa ocultación es un indicador preocupante) no es lo peor. Lo peor es lo que propone.

El TTIP afectaría de manera irreversible al medio ambiente, a nuestra Tierra común, la Tierra que tenemos que proteger en interés de a humanidad, pero sobre todo el TTIP sería un ataque directo a nuestra seguridad y propia dignidad como ciudadanos.