Opinión · Dominio público

Los políticos y el fatalismo económico

Augusto Klappenbach

Escritor y filósofo

Augusto Klappenbach
Escritor y filósofo

Cunde entre la izquierda europea una postura fatalista y resignada. Aun aceptando que el capitalismo actual es un sistema profundamente injusto y difícilmente compatible con la democracia, se afirma que no existe en el horizonte un sistema alternativo, y que por lo tanto la única opción posible consiste en aprovechar las posibilidades que ofrece el sistema actual para evitar sus excesos y negociar algunas políticas sociales. Tal ha sido, por ejemplo, la opción de los socialdemócratas británicos en los tiempos de la “tercera vía” de Tony Blair, la alianza de la socialdemocracia alemana con Angela Merkel y de buena parte del socialismo español.

Este fatalismo se corresponde mal con lo que enseña la historia, durante la cual los sistemas  económicos y políticos se han sucedido a un ritmo de cambio cada vez más acelerado. La razón de estos cambios es clara: la única especie en la cual las leyes que rigen sus relaciones son de carácter lingüístico –y por lo tanto mutable- es la especie humana. Las sociedades animales se rigen por leyes genéticas, que les aseguran la estabilidad por la cual nuestros políticos suspiran. De los primitivos tiempos del trueque y el esclavismo se pasó a la economía feudal, al capitalismo mercantil, al capitalismo industrial con sus diversas variantes y de allí al actual capitalismo financiero, en el cual las financias han tomado la dirección de la economía. Y si de variantes históricas se trata, los regímenes políticos no han sido más estables: la tribu, las monarquías, las dictaduras, las diversas concepciones de la democracia etc. Ante estas continuas variaciones ¿se puede suponer que hemos llegado a un punto en el cual los sistemas alternativos ya no existen?

Algo así sostiene desde hace más de veinte años Francis Fukuyama, un exasesor del gobierno de los Estados Unidos, tristemente célebre por su teoría del “fin de la historia” según la cual estamos asistiendo “al último paso de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal como forma final de gobierno humano”. Incluyendo en ese final feliz, por supuesto, el sistema capitalista. Nada menos, ateniéndose al principio de que si las teorías no coinciden con los hechos, tanto peor para los hechos.

El recurso es viejo. De hecho, el nacimiento del pensamiento histórico es bastante reciente. Las sociedades de la antigüedad consideraban que su modelo de relaciones sociales estaba basado en la naturaleza misma y los intentos de cuestionarlo, como por ejemplo el de la revolución francesa, se combatían con argumentos basados en un incuestionable derecho natural de origen divino que legitimaba las decisiones del absolutismo de turno.

Hoy se ha secularizado esta legitimación pero no ha desaparecido. Supuestas leyes de la economía ha tomado el lugar del derecho natural escolástico. Y la argumentación que califica estas leyes como incuestionables trata de presentarlas como independientes de la política: no son los gobiernos quienes deciden las normas por las que se rige la economía sino una abstracta necesidad impersonal. Ocultando cuidadosamente que quienes gobiernan los Estados son los principales responsables de la creación de un cuerpo legal que permite que las decisiones económicas respondan a intereses ajenos a los de la mayoría de los ciudadanos. Por ejemplo. La compra de cualquier producto de primera necesidad o cualquier operación financiera exige al ciudadano común el pago de un impuesto proporcional al valor del producto. Sin embargo, las transacciones financieras internacionales que han creado una enorme burbuja de capital inactivo se realizan sin tributar nada al sector público. Hace ya tiempo James Tobin propuso la creación de un impuesto –muy pequeño- a estas transacciones, que teniendo en cuenta el número astronómico de operaciones, lograría una recaudación muy importante. Aunque su promotor limitaba su utilidad a frenar la volatilidad de los mercados, la llamada tasa Tobin se convirtió en una aspiración de quienes trataron de orientarla a la ayuda al tercer mundo y la financiación de servicios sociales. Hoy, más de cuarenta años después, la tasa Tobin ha caído en el olvido. Mientras tanto, los paraísos fiscales, algunos de ellos situados en la misma Europa, siguen operando sin que las autoridades políticas pongan trabas al secreto fiscal de enormes beneficios económicos, ocultando un patrimonio que sería decisivo para financiar servicios sociales, entre otras cosas. Mientras las finanzas del ciudadano medio son escrutadas hasta el mínimo detalle.

Ninguna ley de la naturaleza es culpable de los privilegios de un sector financiero que hoy constituye el verdadero problema de la economía mundial. Los políticos no tienen derecho a justificarse invocando  misteriosas leyes económicas o invisibles manos que dirigen los mercados. Sus decisiones dependen ante todo del mandato que les han conferido sus electores, y si bien hay que exigirles prudencia y competencia técnica en las medidas que tomen, no es aceptable que su política económica y sobre todo fiscal se dirija preferentemente a exigir rigor al ciudadano medio y pase por alto las verdaderas causas de la desigualdad y la pobreza.  Es comprensible –no excusable- que equipos de gobierno que solo duran cuatro años en el ejercicio del poder traten de evitarse problemas serios como los que seguramente tendrían que enfrentar si su acción se dirigiera a poderes financieros y económicos que tienen –a diferencia del ciudadano medio- abundantes recursos para defenderse. Pero los que parece claro es que si se continúa con el actual ritmo de crecimiento desigual de la humanidad, esa desigualdad convertirá en inevitable una discusión que hoy trata de evitarse: ¿es el capitalismo liberal la etapa definitiva del desarrollo de la humanidad, como pretende Fukuyama o, por el contrario es el camino hacia una nueva barbarie?