Opinion · Dominio público

El desprecio del PP por la Ciencia y la I+D+i

David Foronda

Manuel Mañas, catedrático de Física Teórica de la Universidad Complutense de Madrid y Asesor del Área de Políticas Científicas e I+D+i de PodemosLucía Ayala, diputada andaluza y Responsable del Área de Políticas Científicas e I+D+i de Podemos, coordinador del Área de Políticas Científicas e I+D+i de Podemos

Manuel Mañas, catedrático de Física Teórica de la Universidad Complutense de Madrid y Asesor del Área de Políticas Científicas e I+D+i de Podemos
Lucía Ayala, diputada andaluza y Responsable del Área de Políticas Científicas e I+D+i de Podemos
David Foronda, coordinador del Área de Políticas Científicas e I+D+i de Podemos

El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy nombró el pasado 17 de junio a María Luisa Poncela como Secretaria General de Ciencia e Innovación y a María Luisa Castaño como Directora General de Política de Investigación. Estos nombramientos han sido un paso imprescindible para activar la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ya que han permitido que por fin se constituya su Consejo Rector el 20 de junio. Aunque no lo parezca, esta maniobra es una muestra más del desprecio del Gobierno de Mariano Rajoy por las ciencias y la investigación.

Al Gobierno del PP parece que sólo le interesa la Ciencia y la I+D+i cuando está en campaña electoral. Recordemos que, ya en funciones y a pocas semanas del 20D, el 28 de noviembre de 2015, creó la AEI, cuando la Ley de la Ciencia de 2011 daba de plazo un año para su creación. Además, cuando la crearon se fijó un máximo de dos meses para la constitución de su Consejo Rector, para lo cual eran imprescindibles los nombramientos que se han producido el pasado viernes. La medidad llega, de nuevo, mal y tarde. A lo que debemos sumar que el pasado marzo la misma Secretaria de Estado, Carmen Vela, reconocía en un acto público que no tenía sentido nombrar un Consejo Rector desde un gobierno en funciones.

Con la AEI, el PP ha incumplido los plazos que ellos mismos se dieron. Tres años de retraso que se enmarcan, además, en una de las legislaturas más negras para las ciencias y la I+D+i en España. Basta con recordar que el Gobierno del PP recortó en ese periodo casi 1.000 millones de Euros del presupuesto de universidad y 2.800 millones de Euros de las partidas destinadas a I+D+i. Estos recortes situaron a la I+D+i en el 1,47% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuando en 2008 estaba en el 2,7%. Estas políticas han expulsado del sistema de ciencia español a casi 14.000 personas. ¡Cuánto talento perdido, que otros países aprovechan!

La creación de una AEI es una demanda histórica de la comunidad científica. Ya en junio de 2007 se constituyó un grupo de trabajo para la creación de la Agencia Estatal de Ciencia y Tecnología cuyas conclusiones se presentaron a la comunidad investigadora y universitaria. Pero el Gobierno de entonces, del PSOE, decidió meter la idea de la Agencia en un cajón durante cuatro años, hasta junio de 2011, cuando se incorporó a la Ley de la Ciencia.

El PP hizo caso omiso a esa Ley Orgánica y, a 22 días de las elecciones generales del 20D, creó la AEI, que presenta graves fallos estructurales en su diseño: no es un órgano destinado a mejorar e impulsar el sistema científico español, sino más bien un reordenamiento de piezas, una redistribución de efectivos y una modificación de las estructuras orgánicas del Ministerio ya existentes, todo a coste cero.

La AEI es sólo un órgano gestor. No marcará las líneas estratégicas que, según el Decreto de creación, sigue en manos de la correspondiente Secretaría de Estado de Investigación. Tampoco tiene capacidad de coordinación autonómica.

El mencionado Consejo Rector, que tiene capacidad asesora en materia de investigación, consta de 15 miembros: 10 del Gobierno y de la Administración General del Estado, 4 investigadores (elegidos por el Gobierno) y un representante de los trabajadores. Por tanto, está en manos del gobierno de turno, sujeto a los vaivenes políticos y sin independencia ni autonomía real. En otras palabras, con esta AEI “el Gobierno asesora al Gobierno”.

La Agencia tal y como la han diseñado tampoco tiene independencia presupuestaria. Podrá disponer del 75% de las partidas no financieras (esto es, de las subvenciones) dedicadas a I+D+i en los PGE, pero nada de las partidas financieras. Es llamativo que de las partidas no financieras de los PGE sólo se ejecuta un 75%. Es decir, se le adjudica la misma cantidad que ya se está usando para investigación en la actualidad.

Por otro lado, el Gobierno en funciones ha anunciado una supuesta financiación plurianual de la Agencia (muy necesaria). Pero lo que entienden por «financiación plurianual» no es un plan financiero desarrollado en varios años sino, simplemente, que se le permite a la Agencia disponer al año siguiente de los fondos que no haya usado, es decir, que los remanentes pueden ser usados en años consecutivos. Una trampa más.

Una Agencia Estatal de Investigación que fuera una herramienta útil para el impulso de las ciencias y la I+D+i tendría que sustentarse, como mínimo, en los siguientes pilares fundacionales: transparencia y rendición de cuentas; autonomía política e independencia presupuestaria; simplificación y coherencia en su estructura interna; eficiencia y agilidad en la gestión; y apuesta por la internacionalización. Para que tuviera una repercusión inmediata y efectiva, sus tres funciones básicas deberían ser: determinar las líneas estratégicas de la I+D+i; coordinar los programas nacionales de investigación; y articular un gran Pacto por la Ciencia en España, contando con todos los actores implicados. En cuanto a la implementación y desarrollo, su gestión debería ordenarse en planes plurianuales desacoplados de los ciclos políticos, rindiendo cuentas anualmente en el Congreso de los Diputados.

Bajo el prisma de estas condiciones deseables (y factibles, si hubiera voluntad política), crear de manera precaria e incompleta un organismo al que, por sus características, se le priva de la capacidad de producir el impacto real y profundo que tanto necesita el sistema científico español, resulta tremendamente irresponsable. El próximo gobierno debería ponerse a trabajar desde el minuto cero en una Agencia que sitúe las ciencias y la I+D+i en el lugar que les corresponde: ser un pilar estratégico de un modelo productivo sostenible y con alto valor agregado, que sea un motor de crecimiento económico y social. Desgraciadamente, no parece que nada de esto vaya a pasar.