ELENA VALENCIANO 

Casi 60 años después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Unión Europea ha proclamado, ante la Eurocámara, la Carta de los Derechos Fundamentales. A partir de ahora, el 12 de diciembre de 2007 ha de ser señalado como una de las fechas decisivas del proceso de integración de Europa, que ha construido a partir de las ruinas y cenizas de la II Guerra Mundial la sociedad más avanzada y justa del mundo.

La importancia de la Carta radica en su enorme contenido político y en su peso simbólico, representando la esencia misma de la Europa de los valores, un espacio público comprometido con la dignidad de las personas, con la paz y con la democracia.

Los ciudadanos y ciudadanas de la Unión contamos desde este momento con la compilación de derechos –no sólo políticos, sino también sociales y económicos– más avanzada y completa del mundo. Al limitar el poder de los Estados y de las instituciones europeas en nombre de los intereses de las personas, nos hacemos más fuertes como sociedad, poniendo a la ciudadanía en el centro de la Unión.

Con la adopción de la Carta, la UE ha demostrado su intención de reforzar la protección de los derechos fundamentales –dotándolos de mayor presencia– y de adaptarse a los nuevos tiempos y necesidades de sus ciudadanos. Ante los avances científicos y tecnológicos, la Carta proclama en su artículo 13 que "la investigación científica es libre". A tenor de los cambios en los modelos sociales, en el artículo 31 recoge que "toda persona debe poder conciliar la vida familiar y la profesional, lo que conlleva en particular el derecho a la protección frente a todo despido por maternidad, así como el derecho a licencia por maternidad y a licencia parental con motivo del nacimiento o la adopción de un niño". Ante la urgencia de luchar contra el cambio climático, en su artículo 37 establece que "todas las políticas de la Unión garantizarán la protección y conservación de un entorno con la calidad de vida adecuada, así como la mejora de la calidad del medio ambiente, teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible".

Merece una mención especial el capítulo que se dedica a los niños y niñas, donde se reconoce su derecho "a la protección y cuidados necesarios, así como a expresar su opinión libremente, que será tenida en cuenta en relación con los asuntos que les afecten, en función de su edad y de su madurez".

También se recoge el derecho de las personas con discapacidad "a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad".

Pero no solo la Carta avanza en derechos ciudadanos, también lo hace el Tratado de Lisboa, que a iniciativa española, introduce la tarea de la UE de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres: "La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño".

A las aportaciones españolas al Tratado hay que sumar la inclusión de una declaración que aborda específicamente la necesidad de adoptar medidas para "prevenir y castigar" la violencia doméstica, y "prestar apoyo y protección a las víctimas", tarea ineludible de las democracias más avanzadas en los próximos años.

España ha jugado un papel clave en la búsqueda del consenso necesario para poner fin a la incertidumbre que reinaba en la UE y hacer posible el Tratado de Lisboa, que, definitivamente, otorga carácter jurídico vinculante a la Carta de los Derechos Fundamentales. Nuestro país, que se encuentra entre los más europeístas, se ha vuelto a situar con aquéllos que lideran el proceso de integración, convirtiéndose en un referente de la provisión y expansión de derechos de ciudadanía.

Optar por unos derechos a la carta debilita la posición de la UE respecto a los elementos esenciales de su propia identidad. Por ello, hay que lamentar que Reino Unido y Polonia no hayan querido sumarse a la Carta de los Derechos Fundamentales, aunque esperamos que el Gobierno polaco modifique pronto esa decisión.

Ante el periodo de ratificación del Tratado que ahora se abre, todos y cada uno de los Estados miembros están llamados a mostrar la máxima lealtad con el compromiso que han plasmado firmando en Belem. Cuando entre en vigor, comenzará una etapa, si cabe, más importante, la de vigilar día a día el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el Tratado de Lisboa y en la Carta de los Derechos Fundamentales. No deberíamos escatimar esfuerzos a la hora de defender los valores y la esencia sobre la que hemos decidido construir nuestro futuro común, porque ése será el mejor de los legados.

Elena Valenciano es eurodiputada y secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE