Opinion · Dominio público

Del pacto parlamentario a la alianza con la comunidad educativa

Adrián Bustos

Javier SanchezDiputado de UP y portavoz en la comision de educaciónAsesor de Podemos para la Comisión de Educación

Javier Sanchez
Diputado de UP y portavoz en la comision de educación
Adrián Bustos
Asesor de Podemos para la Comisión de Educación

La semana pasada se debatió en el Congreso la creación de una Subcomisión para la elaboración de un Pacto por la Educación que vuelve a demostrar que hay tres partidos de gobierno y sólo uno de oposición. Así, el Partido Socialista decide ponerse del lado de PP y Ciudadanos, también en materia educativa.

Es importante recordar que Unidos Podemos podrá estar sólo en el Congreso, pero que en las calles tiene el respaldo de millones de personas que no quieren un pacto parlamentario, un pacto entre élites, sino una Alianza social y ciudadana por una educación de calidad.

Lo que está claro es que nosotros no queremos un pacto parlamentario, que excluya de facto las voces de la comunidad educativa en la redacción de una ley que luego que tendrá que implementar y padecer. Desde Unidos Podemos no apoyaremos ningún pacto que no cuente con la participación protagónica de la comunidad educativa, que lleva años movilizándose y trabajando en un Documento de Bases para una nueva ley de educación. Más les  valdría leerlo detenidamente a cualquiera que quiera, de verdad, dotar de estabilidad a nuestro sistema educativo. No inventemos la pólvora, la comunidad educativa sabe bien lo que necesita y cómo conseguirlo.

Alcanzar un pacto educativo pasa por articular mecanismos de participación de la ciudadanía que trasciendan las paredes del Congreso: que se pregunte, se escuche y se dialogue con el profesorado, con el alumnado y con las familias. Y esto puede hacerse de muy diversas formas: dando protagonismo a las escuelas, organizando consultas sobre los aspectos relevantes del sistema educativo o detectando necesidades en el entorno social de los centros.

Alcanzar un acuerdo para mejorar nuestro sistema educativo pasa también por blindar la financiación. Y sirva un ejemplo tomado del ámbito sanitario: para decidir la mejor forma de diagnosticar un cáncer podemos reunir a un consejo de expertos, con años de experiencia profesional e investigadora, y pedirles que decidan sobre qué técnica es mejor emplear para el diagnóstico de esta enfermedad. Tras mucho debate, podrán llegar a la conclusión de que realizar un PET-TAC es mucho más efectivo que realizar una simple radiografía. Nuestro consejo trasladará dicha conclusión al Gobierno, pero sorprendentemente éste toma la decisión de autorizar únicamente el uso de radiografías. ¿El motivo? Cada PET-TAC cuesta unas treinta veces más que una radiografía.

Es posible alcanzar un acuerdo sobre lo que resulta más eficaz para mejorar la calidad de nuestra educación, pero si no estamos dispuestos a asumir el coste de su financiación, las conclusiones de los/as expertos/as, las reuniones, debates e informes no habrán servido para nada. Un pacto que no revierta los recortes y que no incremente la financiación como mínimo hasta la media de la OCDE (5,6% del PIB) será un brindis al sol, vacío de cualquier contenido práctico.

Pero, ¿cuál es la posición concreta de Podemos en materia educativa? Para nosotras y nosotros es claro que el pacto del régimen del 78, reflejado en el artículo 27 de la Constitución Española, deja sin resolver un conflicto que surge de una falsa dicotomía. La oposición del derecho de los niños y niñas a una educación de calidad y el derecho de las familias a elegir el centro educativo. Se trata de una falsa dicotomía porque en la mayoría de las ocasiones obligamos a las familias a elegir entre lo malo y lo peor. Cientos de familias que preferirían un centro público, acaban escogiendo un concertado por su proyecto educativo, por sus metodologías participativas, sus mejores resultados académicos o su sensibilidad social/medioambiental. En Unidos Podemos proponemos simplemente que no tenga sentido escoger, como en Finlandia.

Nuestra propuesta es sencilla: centros educativos públicos de calidad en todos los barrios, en todos los pueblos. Una apuesta clara por el único sistema que garantiza la igualdad de oportunidades para todas: la educación pública y gratuita. Esto, sumado a una mayor autonomía de los centros, que les permita tener un proyecto propio, ajustado a la comunidad en la que imbrica permitirá a las familias que lo deseen, escoger el proyecto educativo, pero no por la calidad del centro. Defendemos el derecho de las madres y padres a elegir si sus hijos/as tienen como segunda lengua el alemán o el francés, o si quieren enfatizar la educación artística, pero no si sus hijos/as aprenden o no a leer. Existen competencias que la escuela debe asegurar y diversidades que ésta debe atender para construir la sociedad plural, inclusiva y progresista que queremos.

Y es que el derecho de las familias a elegir centro se está tergiversando hasta el punto en que son los centros quienes eligen a su alumnado, relegando a la enseñanza pública al alumnado con menos recursos socioeconómicos y con más dificultades (discapacidad, dificultades de aprendizaje…). Así queda abonado el campo para abrir la puerta a un sistema que premie a las “buenas” escuelas y castigue a las “malas”, sin tener en cuenta el punto de partida del alumnado que escolariza.

En línea con esta idea, en Unidos Podemos apostamos por un sistema educativo que evalúe su calidad por sus resultados, y no por los de sus alumnos. Existen mecanismos de evaluación de la gestión de centros, de la inclusión educativa y de la práctica docente que, en la línea de la mejora del sistema educativo, permitirían combinar la equidad y la excelencia, hasta alcanzar cotas muy altas de calidad. Nuestro objetivo es excelencia para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones familiares, personales o económicas. Excelencia para todas y todos, no sólo para los hijos e hijas de quién lo puede pagar.

Apostamos por un sistema educativo inclusivo y equitativo, en el que el nivel socioeconómico del alumnado no determine de antemano su abandono educativo prematuro (AEP). Un sistema educativo comprensivo que garantice la educación gratuita entre los 0 y los 18 años, que forme ciudadanos y ciudadanas activos, competentes, críticos, participativos y sensibles con el mundo y las personas. Queremos una política educativa que no cargue el peso de los recortes sobre las familias, que garantice el acceso a los materiales escolares, comedores y transporte. Queremos una educación del siglo XXI, que cuente con los recursos necesarios para el aprendizaje digital y la construcción colectiva del conocimiento.

Por último, apostamos también por un modelo democrático de gestión de los centros escolares, en los que el consejo escolar juegue un papel determinante y la dirección no pueda ser impuesta a dedo por la administración educativa. Un modelo en el que el alumnado forme parte en la toma de decisiones que le afecten directamente, y que fomente una relación activa entre la familia, la escuela y la comunidad. Apostamos también por un modelo de autonomía de centros que permita a éstos innovar pedagógica y metodológicamente, que premie la investigación y la formación permanente del profesorado a todos los niveles. Porque sólo haciendo cosas diferentes obtendremos resultados diferentes.