Dominio público

Los 7.000 soldados de Trump en España

Víctor Alonso Rocafort

Coordinador parlamentario de IU

Víctor Alonso Rocafort
Coordinador parlamentario de IU

Durante años se ha tratado de que el debate sobre la OTAN desapareciera. La modernidad, nos decían, estaba en otra parte. Las multitudinarias marchas de los ochenta habían ido dejando paso a protestas más modestas. La idea de que este asunto aglutinara a toda la izquierda en una nueva formación política, como sucedió en 1986, se nos repetía que era de otro siglo.

Se nos decía por activa y por pasiva que estábamos ante una demanda antediluviana, que lo único que se conseguía al insistir con ella era anclar a la izquierda en la nostalgia de un pacifismo que no pudo ser. La población española, se nos repetía, aceptaba ya sin problemas una integración militar que iba mucho más allá de lo pactado en aquel referéndum e incluso veía con buenos ojos mayor implicación. Era un debate perdido.

Como con la monarquía, pedir la retirada de las tropas norteamericanas o el abandono de la OTAN se ha querido identificar con esa izquierda cómoda en su rincón de la protesta, que pide cosas imposibles, deseos cargados de ideología que en realidad importan poco comparado con las urgencias materiales del desempleo, la precariedad o la pobreza energética, por poner tres casos lacerantes para millones de personas a día de hoy.

Y sin embargo, una llama de resistencia permaneció estos años.

Esa llama es la que nos permite salir de nuevo cargados de razones a informar de una situación límite como la que nos trae el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump. A esto se une la grave irresponsabilidad de los últimos gobiernos del PP y del PSOE. Lo que nos jugamos son cuestiones básicas de derechos humanos así como un riesgo nuclear no menor. Y nada nos impide que a la vez prosigamos denunciando la pobreza y galopante desigualdad de nuestro país.

Trump ha defendido en horario de máxima audiencia y a los ojos de todo el mundo la efectividad de la tortura para los interrogatorios en casos de terrorismo. Ha nombrado subdirectora de la CIA a Gina Haspel, una agente involucrada en torturas. La política de Trump contra los derechos humanos se ha visto refrendada en los primeros días de su mandato con un veto migratorio a la población de siete países de mayoría musulmana -de momento paralizado por la justicia-, por redadas masivas contra inmigrantes y por el anuncio de la construcción de un muro de separación con México, entre otros controvertidos anuncios.

Asimismo, Donald Trump ha vuelto a traer a primer plano el miedo al exterminio nuclear por la ligereza con la que ha tratado el asunto, admitiendo que podría considerar el lanzamiento de armas nucleares, incluso en suelo europeo. 

El Convenio bilateral de España con Estados Unidos firmado en 1988 por el gobierno de Felipe González y sus enmiendas introducidas en 2002, 2012 y 2015, han convertido a nuestro país en un elemento crucial para las fuerzas militares norteamericanas. La relación se remonta a 1953, cuando Franco ofreció bases militares a Estados Unidos a cambio de reconocimiento internacional.

En primer lugar hemos de recordar que desde 1970, refrendado por el Convenio de 1988, las bases no son norteamericanas sino españolas. Lo único que tiene Estados Unidos es la autorización para utilizar determinados terrenos y construcciones en ellas, las llamadas Instalaciones de apoyo (IDA). Desde 2002 diversas unidades de inteligencia del Pentágono están autorizadas a instalarse en las bases y, aunque se supone que un decreto de 2007 regula el control de sus actuaciones por el gobierno español, en realidad nada indica que no siga dominando la laxitud, el servilismo o el mirar hacia otro lado.

Si recordamos lo sucedido con los vuelos de la CIA veremos que entre 2002 y 2005 hasta 10 aeropuertos civiles más las bases de Rota, Morón y Torrejón, recibieron aviones que trasladaban a detenidos hacia cárceles secretas donde serían torturados. En los cables confidenciales de la Embajada norteamericana revelados por WikiLeaks se señalaba, a raíz de un encuentro del Embajador con la entonces vicepresidenta De la Vega, que "España no tiene reparos a los vuelos de inteligencia -de la CIA y otras agencias- a través del territorio español". "Ellos -el gobierno español- simplemente quieren ser informados", concluía el cable.

En su primera conversación con Mariano Rajoy el pasado 7 de febrero, Trump formulaba su primera exigencia: incrementar el gasto en Defensa español del 0,9% del PIB actual al 2%, tal y como ha exigido la OTAN para 2023. Rajoy aceptó en el acto la reclamación de Trump, como admitiría dos días después Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno.

¿Alguien cree de verdad que este gobierno va a controlar algo de lo que ordene la nueva Administración estadounidense?

Quizá poca gente sepa que en los últimos diez años el incremento de tropas norteamericanas en España ha sido espectacular. De 1.135 soldados en 2008 se ha pasado a que las diversas enmiendas al Convenio impulsadas por PSOE y PP admitan actualmente que podamos llegar hasta 7.250 militares en las bases de Rota y Morón.

Rota alberga cuatro destructores AEGIS desde 2014, que resultan cruciales en el sistema de escudo antimisiles de la OTAN y cuya sola llegada ya incrementó en 1.250 los soldados en la base gaditana. Morón por su parte se ha convertido en el centro de operaciones del ejército estadounidense para África. Y finalmente Torrejón, donde como en Zaragoza ya no quedan militares norteamericanos, se ha convertido en el centro de mando principal de la OTAN para el sur de Europa.

El punto 3 del texto aprobado en el referéndum de 1986 indicaba claramente como condición de nuestra presencia en la Alianza Atlántica la progresiva reducción de tropas. El PSOE y el PP no solo lo han incumplido, sino que han convertido a nuestro país en objetivo prioritario de potencias nucleares rivales y grupos terroristas. Sin límite geográfico, el ejército estadounidense puede emprender operaciones militares desde nuestras bases. Nos convierte así además en cómplices de sus acciones de guerra.

Por no hablar de la amenaza constante que supone dejar pasar por nuestras aguas y atracar en nuestros puertos a submarinos de propulsión nuclear. O el incumplimiento del punto 2 del referéndum sobre la OTAN, que prohibía el almacenamiento y transporte de armas nucleares en España. Como se señala desde el Centre Delàs d´Estudis per la Pau:

"El artículo 11 de este Convenio [bilateral de 1988] especifica que la instalación, almacenamiento o introducción de armas nucleares en territorio español quedan supeditadas a acuerdos con el Gobierno español. Sin embargo, la norma 7 del anexo 3 (Normas complementarias sobre escalas de buques) especifica: «Ambos Gobiernos otorgarán las autorizaciones reguladas en el presente Anejo sin solicitar información sobre el tipo de armas a bordo de los buques». Y además, los barcos «estarán exentos de inspecciones, incluidas las de aduanas y sanidad» (norma 9.3 del Anejo 3). Así pues, EE. UU. puede introducir armas nucleares en barcos o submarinos en España sin comunicarlo al gobierno. Un Gobierno que, al firmar ese Convenio, se incapacitaba a sí mismo para garantizar que se cumpliera la segunda condición del Referéndum (...) Desgraciadamente EE. UU. ha introducido y almacenado armas nucleares en diferentes estados sin comunicarlo a los respectivos gobiernos. EE. UU. ocultó al Gobierno danés que algunos de los aviones que usaban la base de Thule llevaban armamento nuclear. Este engaño se destapó cuando un avión se estrelló en 1968 con cuatro bombas a bordo (...) Entre marzo de 1958 y julio de 1976, EE. UU. desplegó hasta 200 armas nucleares en el territorio español, si bien no se sabe si se hizo con el consentimiento de Franco".

Este mismo mes de febrero el gobierno de Mariano Rajoy ha reconocido a la diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere que "no puede conocer" si la nueva Administración de Estados Unidos que preside Donald Trump piensa cumplir con los compromisos adquiridos y ratificados en 2015 con el Estado español para limpiar la zona de Palomares (Almería). Esta sigue afectada aún por la contaminación radioactiva de las bombas que cayeron en el accidente de dos aviones de sus fuerzas aéreas, en 1966.

La retirada de tropas norteamericanas no es una quimera. Ya se consiguió que se fueran de Zaragoza en 1994 y de Torrejón en 2004. No basta con que se vayan los soldados estadounidenses, también hemos de salir de la OTAN. El ejemplo de lo que sucede ahora con la base madrileña lo deja claro.

No estamos pidiendo con ello la desaparición de los puestos de trabajo aparejados a las bases. Al contrario, denunciamos también que en los últimos diez años mientras subía el número de tropas descendían los trabajadores en torno a unos 600, y con Trump las perspectivas no parece que vayan a mejorar. No es casualidad por tanto que actualmente en Rota haya un conflicto laboral abierto por el despido de varios trabajadores.

Se propone por tanto la transformación de estas bases militares en civiles, para su uso en programas de cooperación humanitaria y de acción rápida en desastres naturales. Todo ello desde la defensa de una política de paz y de respeto a los derechos humanos.

Que no se torture ni se bombardee impunemente en, o con el apoyo de, las bases propiedad del Estado. Que no haya un accidente o un ataque nuclear en nuestro territorio. Estas son algunas de las cosas de las que hablamos cuando exigimos la retirada de las tropas norteamericanas, en una demanda que aglutina a la izquierda y demás fuerzas del cambio. Con Donald Trump en el poder no creemos que sea un asunto secundario. Tampoco de otra época.