16/04/201016/04/2010

CARLOS CARNICERO URABAYEN Y ANTONIO ROLDÁN MONÉS

Durante la noche nevada del pasado 8 de febrero, los capos de los principales hedge funds del planeta, con George Soros a la cabeza, se reunían en una discreta cena en el corazón de Manhattan con el objetivo de diseñar un ataque especulativo coordinado contra el euro. Aprovechando la debilidad griega y tomando como referente el ataque a la libra esterlina de 1992, pensaban apostar 8.000 millones de dólares en una suculenta "operación a la baja", ante el pronóstico de que a final de este año el euro alcanzaría la paridad con el dólar. Mientras, a lo largo y ancho de Europa comenzaban las primeras manifestaciones de trabajadores y desempleados para exigir a sus respectivos gobiernos que no reduzcan el gasto público a costa de los más débiles. ¿Qué tienen en común estos acontecimientos, en apariencia tan dispares? Ciudadanos y mercados libran un pulso soterrado que definirá quién mandará en el sistema que comienza a emerger tras la crisis. Si los gobiernos democráticos no se ponen del lado de los ciudadanos –del lado de la gobernanza democrática de los mercados– estos les darán la espalda.
Hace ya casi un año y medio de la histórica reunión del G-20 celebrada en Washington, donde, ante la catástrofe causada por el desgobierno de la globalización económica y financiera desde los años ochenta, los líderes del mundo se comprometieron a establecer las bases de un nuevo orden mundial en el que la política debía recuperar su lugar perdido. Las prioridades de reforma del sistema financiero eran claras: forzar a los bancos a aumentar sus reservas de capital; reducir su apalancamiento; fortalecer y homogeneizar los estándares contables; extender el control supervisor a todas las entidades que actúan como bancos (compañías de seguros, etc.); regular las actividades de mercados de futuros y los fondos alternativos de alto riesgo (hedge funds y private equities); y reformar las políticas de bonificación y primas.
Desde entonces, la hecatombe económica y financiera se ha llevado consigo más de siete millones de empleos en la UE. Sin embargo, los gobiernos europeos no terminan de consolidar ninguna de las reformas prometidas; incapaces de imponerse a las presiones de los grandes lobbies financieros, están poniendo en riesgo la oportunidad histórica que la crisis ha puesto en bandeja.
Es especialmente preocupante la eliminación de la agenda del Ecofin de la directiva de la Comisión Europea para regular los hedge funds. El apalancamiento excesivo y el carácter procíclico de los hedge funds han contribuido a generar el caldo de cultivo de la crisis y a agravar sus consecuencias. Madoffs
aparte, los hedge funds aprovecharon el vacío de regulación para tomar riesgos excesivos a través del uso irresponsable de la "ingeniería financiera", poniendo en peligro al conjunto de nuestras economías.

Sin embargo, las presiones de los poderosos lobbies financieros anglosajones han podido con la voluntad común europea. Una carta del secretario del Tesoro de EEUU a su homólogo europeo y una llamada de teléfono de Gordon Brown a Zapatero, presidente de turno de la UE, fueron suficientes para que la directiva se cayera de la agenda. Para Brown, con el 80% de los hedge funds registrados en su territorio y las elecciones a la vuelta de la esquina, fue un verdadero alivio. Para los ciudadanos europeos, una derrota en su pulso contra los causantes de la crisis.
En lo referente a las exorbitantes –y persistentes– retribuciones variables de los altos directivos financieros, que incentivaron la toma de riesgos excesiva y contribuyeron a inflar más la burbuja, sucede algo parecido. Hasta la fecha, los planes para regular los bonus no han sido más que una recomendación comunitaria. Y nadie duda de que, en cuanto las economías vuelvan a crecer, cualquier pretensión de regularlos será en vano.
Finalmente, resulta paradójica la enésima implicación de la crisis griega. Mientras que en 2008 los líderes europeos llegaron a un acuerdo rápido y sin fisuras para salvar a la banca de la catástrofe, la solidaridad con Grecia, después de que anunciara hasta tres paquetes de reformas –que representan el mayor plan de ajuste desde la Segunda Guerra Mundial– ha llegado tarde y mal. Un compromiso claro desde el principio hubiera podido evitar un rescate que hoy ya parece inevitable. Tomando en cuenta las reticencias para regular los hedge funds, puede parecer que los gobiernos se preocupan más de no enfadar a los lobbies financieros que de ayudar a sus ciudadanos cuando lo necesitan.
Mientras los gobiernos europeos titubean a la hora de hacer reformas o deciden aplazarlas sine díe, amplios sectores de la población perciben que la crisis ha tenido unas consecuencias muy duras para todos menos para los que la causaron. Dar dinero a los bancos en dificultades fue probablemente necesario, pero mediante ello también se ha fortalecido a quienes ahora ejercen fuertes presiones para evitar las reformas.
Los líderes europeos están poniendo en marcha planes de reajuste y urgen a los ciudadanos a que se preparen para hacer sacrificios. He aquí el principal riesgo que esconde el pulso entre ciudadanos y mercados: si los gobiernos no logran poner en marcha las reformas prometidas que les permitan mandar sobre los mercados, ¿qué autoridad tendrán sobre los ciudadanos para pedirles que hagan esfuerzos y se adapten a los nuevos tiempos?

Carlos Carnicero Urabayen es master en Relaciones Internacionales de la UE por la London School of Economics

Antonio Roldán Monés es asesor económico en el Parlamento Europeo

Ilustración de Jordi Duró