Opinión · Dominio público

Por abrumadora mayoría

JOAN RIDAO

07-20.jpgSi Zapatero es uno de los padres del Estatut, tal cual nos lo vende la ministra Chacón, es evidente que no lo ha cuidado con el esmero que exige la estimación paterna. A cuenta de prometer, se metió Zapatero en una camisa de once varas cuando, mitineando en Catalunya, se lanzó al ruedo asegurando que respetaría el Estatut que saliese del Parlament. Probablemente presagiando que lo que saliese del Parlament no le iba a dar excesivos quebraderos de cabeza y contando, a la par, que en cualquier caso no iba a ser él como presidente sino Rajoy y el PP los que
tuvieran que lidiar con el Estatut.

Como es de sobra conocido, no fue así. El Estatut aprobado por el Parlament salió más atrevido y robusto de lo que cabía esperar y con el apoyo del PSC, lo que dotaba al Estatut de un consenso y de una legitimidad inapelables. No era aquel, por supuesto, un Estatut secesionista –ni por asomo–, pero sí elevaba el listón del autogobierno de manera diáfana, reforzaba y ampliaba las competencias de Catalunya e introducía pautas novedosas en favor de un verdadero equilibrio lingüístico, de un modelo de financiación más justo que acotaba el galopante déficit fiscal, toda vez que
reforzaba la personalidad jurídica de Catalunya sin romper nada.

No me cabe duda de que el Estatut del 30 de septiembre de 2005 es un hito significativo del catalanismo y de la democracia, un Estatut en clave federal que buscaba el encaje en una España plurinacional, el fruto de una política de mano tendida del pujante soberanismo catalán –representado por Esquerra– que alargó la mano con una apuesta arriesgada para encontrarse a media cuesta con el autonomismo y un federalismo sin mayor concreción, representados por CiU y el PSC.

Hasta ahí, el proceso tuvo un recorrido complejo, pero podríamos decir que con un final brillante. Claro es que faltaba la segunda parte, que sabíamos debía jugarse en Madrid. CiU se apresuró a utilizar el Estatut como moneda de cambio para recuperar el Govern de la Generalitat, toda vez que el PSC desapareció súbitamente de escena, engullido por el PSOE. El resultado del cambalache entre Mas y Zapatero dejaba el Estatut hecho unos zorros. A partir de ahí se fraguó el desconcierto, se desmoronó la ilusión de septiembre de 2005 dando paso a una etapa de toma y daca y se expulsó del consenso –y del Govern– a Esquerra, que era a la postre quien había impulsado la reforma del Estatut hasta el punto de condicionar la investidura de Maragall y la legislatura a esa propuesta política de gran calado. Las Cortes aprobaron el recorte del Estatut y en la campaña del referéndum el sí se impuso con comodidad aunque sin atisbo de brillantez. El Estatut del Parlament entusiasmó; el de las Cortes era como un premio de consolación.

Pero lo peor estaba por llegar. Entró en escena un PP ávido de explotar la catalanofobia latente en España. Nada nuevo en el firmamento, sólo que esta vez se reproducía uno de esos cíclicos brotes luego de 30 años de democracia. Los de Rajoy recogieron millones de firmas “contra los catalanes”, como decían en las mesas petitorias, e interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante un Tribunal Constitucional (TC) del que controlaban mayoritariamente a sus magistrados. La estampita del PP blandiendo la Constitución como si de la Biblia se tratara es para quedarse atónito. Tal vez sea un caso flagrante que refleja la abrumadora fe de los conversos, puesto que ver a esas gentes que renegaron en su momento de la Constitución metidas ahora a sus mayores defensores deja perplejo, por no decir que tiene guasa. El TC entró en el lodazal y amparó el recurso, que fue tanto como alterar su concepción misma, porque entró en el terreno de lo político colisionando con el principio básico de cualquier ordenamiento democrático, legitimado por ser emanación de la voluntad popular, jamás al revés. La politización extrema del TC, la caducidad de sus magistrados y, como colofón, la filtración interesada, una y otra vez, de sus deliberaciones e incluso borradores enturbió aún más todo el proceso. Un espectáculo a todas luces bochornoso que empaña en demasía la naturaleza del TC.

Las consecuencias son evidentes. El TC acota el modelo autonómico con el beneplácito de Zapatero, que ahora subraya que hemos tocado techo sin querer percatarse de que pone así en crisis el modelo de la España de las autonomías, abriendo descaradamente la puerta al involucionismo e invalidando unas reglas de juego acordes a un espíritu que se ha hecho añicos. Esos son los derroteros por los que circula España. Zapatero empezó sembrando esperanzas y acabó labrando estupor.

¿Qué hacer desde Catalunya? Hay diversas opciones, si bien unas cotizan al alza, como el soberanismo, y otras languidecen, como el autonomismo y el federalismo. Porque a todas luces se priva a estas últimas de todo argumento, quedando a la intemperie. Podrá haber dudas y vacilaciones. Pero hay una cuestión en que el consenso se da por abrumadora mayoría. Si la disyuntiva se da entre la voluntad del pueblo de Catalunya expresada en referéndum y las trifulcas de diez togados, no hay discusión posible. Luego está el camino a tomar. Pero parece razonable que el soberanismo vuelva a tender la mano a federalistas y autonomistas. Pero con una nueva hoja de ruta: en vez de acomodar Catalunya en España (misión que intentamos y que ha fracasado por indolencia de la parte española) que sea esta vez para meter a Catalunya en Europa con voz propia y sin el peaje de pasar por Madrid. Sería lógico que así fuese. Porque, si bien es cierto que nos han cerrado una puerta, no es menos cierto que cuando te cierran unas se suelen abrir otras. Ese es el horizonte al que nos encaminamos y ese es el proyecto de futuro y de convivencia al que invitamos a todos aquellos que creyeron honestamente en un acuerdo con España pero que han visto cómo este se desmoronaba por decisión unilateral de una de las partes.

Joan Ridao es secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya

Ilustración de José Luis Merino