Dominio público

La trampa del “derecho a defender ideas políticas”

Javier Ruiz Collantes

Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

Javier Ruiz Collantes
Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

Durante largos años, en la España sacudida por los atentados de ETA corrió el discurso de que, en un sistema democrático como el español, sin violencia se podía defender cualquier idea.

Este es un principio que se presupone consolidado en las democracias liberales; sin embargo, ¿este principio se cumple realmente? Y, sobre todo, ¿este principio es suficiente para definir un sistema político como efectivamente democrático?  A partir de la experiencia política en España desde el comienzo de las crisis sociales y territoriales en 2008 se pueden avanzar algunas respuestas a estas preguntas.

Resulta evidente que las libertades para defender ideas sociales y políticas, como las de expresión o manifestación, se están reduciendo progresivamente. Es la respuesta del gobierno del Partido Popular a la impugnación que, hacia el sistema político y social, se ha ido desarrollando durante la última década desde la izquierda alternativa y movimientos sociales de diferente signo.

Pero lo más importante y significativo es que, aunque, y a pesar de todo, se ha mantenido un cierto margen, cada vez más precario, para la defensa de ideas críticas, está quedando claro que incluso el mantenimiento de este principio no es suficiente para que un sistema político pueda ser considerado democrático. No es suficiente con que exista un cierto grado de libertad para defender las ideas de individuos y organizaciones sociales o políticas, sino que una democracia real debería suponer, sobre todo, que aquel proyecto político que cuente con el apoyo electoral de una mayoría cualificada de la ciudadanía tenga la posibilidad de desarrollarse de manera efectiva, sin impedimentos que lo hagan imposible en la práctica.

Parece que en el marco del Estado Español se pueden defender, muy limitadamente, ideas que choquen con el statu quo y los intereses de las élites; lo que no se permite, bajo ningún concepto, es que tales ideas se puedan trasladar e implementar en el terreno efectivo de la realidad política, social, económica, nacional, etc.

¿Por qué el discurso sobre la democracia como el derecho a defender las propias ideas, desde un punto de vista de radicalidad democrática, es una trampa? Sencillamente porque este principio puede estar más o menos vigente, pero ello no significa que exista un sistema realmente democrático y, por tanto, genera sobre la democracia un marco mental muy limitado e insuficiente que hay que desbordar.

El caso del proceso político en Cataluña

Tomemos como caso ejemplar, para contrastar esta tesis, el proceso político independentista que se ha desarrollado en Cataluña en los últimos años. Este proceso es un ejemplo para medir los límites y las insuficiencias de la democracia en España porque ha supuesto, sin duda, la amenaza más clara para un sistema político dominantetrb cuyos dos ejes de fractura se encuentran en el terreno socio-económico y en el terreno nacional, ambos absolutamente conectados. El desarrollo de los hechos en los últimos meses deja muchas enseñanzas para todas aquellas fuerzas políticas soberanistas y/o de izquierdas que, en el Estado Español, pretendieran cambiar, de verdad, el statu quo vigente.

Aunque aquí se hable del caso del independentismo catalán, lo que ha sucedido y está sucediendo es también una lección para aquellas fuerzas políticas de izquierdas que pretendan desarrollar políticas sociales o económicas que, de verdad, transgredan los límites de lo que las élites económicas y políticas españolas consideran como sus intereses intocables.

Por lo tanto, la relevancia de lo que se expone no se centra tanto en las posibilidades del independentismo catalán, sino en los límites de la democracia española. Por ello, los argumentos que se presentan tienen por objeto defender los principios de la radicalidad democrática, principios que deben ser considerados aunque se pueda estar, muy legítimamente, a favor o en contra de la independencia de Cataluña.

¿Los partidos independentistas catalanes han podido defender su ideas, han podido expresarlas, argumentarlas, presentarlas en procesos electorales, etc.? Efectivamente sí, aunque sólo dentro de Cataluña, ya que su presencia en España está totalmente distorsionada por los grandes medios de comunicación. Pero en Cataluña, frente a su electorado, las fuerzas políticas independentistas han podido defender sus ideas.  Incluso hoy, aunque se hubiera hablado, por parte de algunos políticos y en algunos medios, de la posibilidad de prohibir partidos independentistas o prohibir el ideario independentista en los programas electorales para el 21 de diciembre, esto no se ha hecho. Los partidos independentistas, aún con la durísima limitación de líderes en la prisión o en el exilio, pueden seguir manifestando que sus metas giran fundamentalmente en torno a la independencia de Cataluña.

Entonces, ¿qué es lo que las fuerzas políticas independentistas catalanas no pueden hacer? Sencillamente, lo que no pueden hacer, de ninguna de las maneras, es conseguir los objetivos que están en su ideario y en sus programas electorales. Desde el Estado se han cegado, de facto, todas las vías democráticas para que puedan lograrlo y, cínicamente, lo único que se les dejan abiertas son vías que, por todos, se saben imposibles. De esta manera se instala un prohibicionismo antidemocrático que, en términos generales, consiste en que, cuando conviene, se impone el principio de que, en nuestra democracia, hay corrientes ideológicas y políticas que pueden defender sus ideas, pero que, por definición, no podrán nunca conseguir sus objetivos.

La calidad de un sistema democrático se puede medir por la cantidad y efectividad de las libertades que proclama, pero esto no es suficiente. Una democracia real no es sólo una cuestión de libertad, es, sobre todo, una cuestión de poder. Una democracia real no debe suponer sólo el derecho a defender las ideas de todos, sino también el deber de los diferentes poderes del Estado y de la sociedad civil de aceptar que los ciudadanos puedan decidir electoralmente, de manera directa, sobre los temas más importantes y que más les afectan y, además, el deber de no imposibilitar que tales decisiones se puedan llevar a la práctica y tengan efectos reales.

En el caso del proceso político catalán, el principio del prohibicionismo antidemocrático se muestra de manera descarnada cuando líderes del gobierno central y de los grandes partidos españoles afirman que si en las elecciones del 21 de diciembre vuelve a ganar el bloque independentista se volverá a aplicar el artículo 155, lo que dejaría sin efecto las consecuencias de tal victoria electoral. De hecho, los procesos judiciales contra los miembros de gobierno catalán se han puesto en marcha por el insólito acontecimiento, en España, de que éstos cumplieron realmente con el programa electoral que presentaron a los ciudadanos de Cataluña.

Se puede argumentar, tal como se hace desde el Estado y los grandes medios de comunicación, que en el caso del proceso independentista catalán los objetivos son imposibles, por ilegales, puesto que la independencia de una comunidad autónoma no cabe en la Constitución española. ¿Realmente alguien lo cree así? La constitución, a conveniencia, se cambia sin reparos o se utiliza como un muro infranqueable. No hará falta recordar el episodio de la modificación exprés de la Constitución, por el Congreso de los Diputados en 2011, cuando se introdujo un artículo, el 135, que da prioridad al pago de la deuda pública frente a cualquier otro gasto del Estado. Se trata de una modificación de la Constitución que determina de manera rotunda el tipo de políticas económicas que un gobierno pueda llevar a cabo en España. Si hay algo en la Constitución que el establishment considera que hay que cambiar, se cambia y lo ilegal se vuelve legal y viceversa.

Otro argumento consiste en que los independentistas pueden cambiar la Constitución, pero, para ello, necesitan una mayoría parlamentaria de dos tercios. Naturalmente la posibilidad de que esto lo haga una minoría territorializada en un Estado como el español es imposible. Ni siquiera si los 47 diputados de las circunscripciones catalanas en el Congreso fueran independentistas podrían hacer nada en este sentido. Por otro lado, la posibilidad de que algún día la mayoría de los congresistas de los grandes partidos españoles cambien la constitución para reconocer al pueblo de Cataluña como un sujeto político soberano, con derecho a decidir su futuro en su relación con el Estado Español, resulta del todo fantasioso.

Hay otro argumento mucho más interesante y legítimo, aquel que dice que los partidos independentistas catalanes, en las últimas elecciones autonómicas de 2015, no obtuvieron una mayoría de votos de más del 50 por ciento. Esto es cierto, aunque también es verdad que los partidos soberanistas a favor del referéndum, pactado o no, partidos entre los que se incluyen Catalunya en Comú-Podem que es soberanista y no independentista, sobrepasaron este porcentaje ampliamente. Sin embargo, aunque se ha repetido que la República Catalana no tiene legitimidad porque en las elecciones de septiembre de 2015 no se alcanzó en votos una mayoría independentista, nunca se ha manifestado el argumento que parecería derivarse de esta aseveración: si el independentismo lograra la mayoría de votos, la independencia sería legítima y viable. Por el contrario, si esto ocurriera se volvería de nuevo al discurso sobre la legalidad y la inviolabilidad de la constitución. La barrera de la legitimidad electoral se pondría entonces en el 60 por ciento de votos, en el 70 por ciento o lo que hiciera falta.

De hecho, todas las encuestas realizadas hasta el momento indican que más del 70 por ciento de los catalanes estarían a favor de un referéndum pactado con el Estado Español para resolver el problema de la relación de Cataluña con España. Pero esta aplastante mayoría, certificada por todos los estudios, no ha supuesto ni supondrá un factor que haga que el Estado Español se avenga a pactar las condiciones de un referéndum.

Se podrían discutir aquí más argumentos, pero la idea central es que hagan lo que hagan las fuerzas independentistas catalanas y obtengan el apoyo popular que obtengan, siempre el Estado Español difundirá los discursos que sean y tomará las medidas que hagan falta para hacer inviables los objetivos de estos movimientos políticos y sociales.

Entonces, ¿para qué se permite que partidos políticos se presenten a las elecciones con programas que se les prohibirá cumplir si obtienen el respaldo popular suficiente? Sencillamente para guardar las apariencias de una democracia liberal. Aunque también es verdad que si en algún momento se creyera necesario, el gobierno central podría llegar a tomar medidas más represivas, aún a costa de laminar hasta el extremo la imagen democrática del Estado para cualquier observador independiente.

Cuando los miembros del gobierno catalán cesado han tenido que hacer actos de contrición delante del juez para poder salir de la prisión, no se les ha pedido que abandonen su ideario independentista, sino que se les ha exigido que acepten unas vías de actuación para logar sus objetivos, que hacen que su proyecto político sea de todo punto irrealizable. De hecho, se les ha demandado que acaten la Constitución y la aplicación del artículo 155 y, sobre todo, que abjuren de la vía unilateral a la independencia.

Todos saben que la vía de la bilateralidad es un camino sin ninguna salida. La bilateralidad supone que las fuerzas independentistas catalanas y las instituciones en las que puedan tener mayoría deben negociar con el Estado Español cualquier salida a sus pretensiones. Pero este principio otorga, de facto, derecho de veto al Estado Español, por lo que se trata de un camino cerrado a cal y canto para que el independentismo catalán pueda tener alguna viabilidad democrática.

En estas condiciones, cuando partidos políticos, patronales, sindicatos, instituciones de la Unión Europea, etc., abogan por la bilateralidad, saben que, bajo el bonito principio de la negociación, están cerrando la puerta a toda posibilidad del proyecto independentista, aunque sea de una manera formalmente más amable.

El independentismo catalán preveía, sin duda, un proceso de negociación con el Estado central, pero en un momento en que las medidas tomadas unilateralmente hubieran equilibrado algo la correlación de fuerzas, en que hubiera una mediación internacional y en que, por tanto, el Estado no se pudiera limitar a decir simplemente: ¡No!

De hecho, el que los dos partidos independentistas mayoritarios, como son el PEDeCAT y ERC, hagan en estos momentos un discurso mediante el cual se alejan del unilateralismo y se decantan por una vía de negociación bilateral con el Estado Español, sólo significa que ante la imposibilidad de desarrollar el proceso independentista renuncian realmente a lograr sus objetivos en el próximo futuro. Esta rendición temporal podría generar una dilución del movimiento independentista cuyos efectos sería posible que se comenzaran a ver en los resultados del 21 de diciembre. De tantos golpes de cabeza contra un muro, la cabeza acaba por romperse.

Evidentemente los partidos independentistas catalanes han cometido inmensos e incomprensibles errores, como, por ejemplo, actuar sin tener una mayoría electoral de más del cincuenta por ciento; establecer sus estrategias creyendo ingenuamente en el discurso oficial sobre la democracia liberal y sobre los valores constitutivos de la Unión Europea; fiarlo todo a una mediación internacional, sin tener ninguna baza sólida en sus manos, una negociación que, por ello, nunca se va a dar pues el Estado Español la rechazará de plano, etc. Pero, aunque lo hubieran hecho todo bien, con absoluta seguridad el Estado Español habría intentado maniobrar, igualmente, para hacer totalmente imposible su proyecto político.

En todo caso, lo realmente relevante de todo lo explicado es que los aparatos del Estado, las élites políticas, económicas y los aparatos mediáticos han construido un entramado que hace que un objetivo político concreto que atenta contra sus intereses fundamentales resulte totalmente inviable y su factibilidad no dependa del apoyo popular y democrático, que pueda obtener ahora o en el futuro, sino simplemente del hecho de que lo que estas élites dictaminan que no puede ser y, sencillamente, no puede ser.

Implicaciones para la izquierda alternativa en España

Frente a este panorama, ¿cuál ha sido la respuesta de la izquierda alternativa española y catalana representada por Podemos y las formaciones políticas aliadas? Se ha conformado un escenario en el que a esta izquierda le ha sido y le es muy complicado y problemático operar. Hay que reconocer el mérito de la izquierda alternativa española al defender, en pleno auge político, mediático y popular del nacionalismo español, el derecho democrático a un referéndum en Cataluña. Pero esta izquierda ha apoyado   también el argumento de la ilegalidad, de la inoportunidad, de la previa negociación con el Estado Español y de la bilateralidad, con lo cual ha acabado apoyando en los hechos la capacidad de veto de los poderes que controlan el Estado. Analizar con detalle el discurso de la izquierda alternativa española respecto al proceso catalán es fundamental y habrá que hacerlo.

La reacción de la izquierda alternativa  española la deja en una posición de enorme debilidad estratégica para una posible futura situación histórica en la que pudiera llegar a tener un apoyo popular suficiente para empezar a acometer transformaciones políticas, económicas y sociales realmente relevantes.

¿De verdad piensan los líderes de la izquierda alternativa española que, en ese caso, los aparatos de poder de las élites dominantes, dentro del Estado y de la sociedad civil, no levantarán barreras gigantes para imposibilitar su acción legislativa o de gobierno?, ¿de verdad piensan que eso sólo les ocurre y les ocurrirá a los independentistas catalanes?, ¿de verdad creen que todo lo que está detrás del llamado "régimen del 78" no les exigirá que mejor que abandonen porque lo que pretenden es radicalmente imposible y nunca se hará realidad por ser anticonstitucional, ilegal, ilegítimo, desvariado, delirante, catastrófico? ¿Es que piensan que, en una situación de ese tipo, para defenderse, contarán con un apoyo popular más mayoritario, consistente, perseverante, movilizado y organizado que aquel con el que ha contado y cuenta el independentismo catalán? ¿De verdad imaginan que la puesta en práctica de su proyecto no generará conflicto social y despertará lo peor de la derecha fascista? ¿De verdad consideran que no se pondrán en funcionamiento todos los aparatos del Estado para hacer impracticable su proyecto político? En ese momento, todos los argumentos que han utilizado contra la legalidad, viabilidad y oportunidad del movimiento independentista catalán, se les volverán en contra.

En la memoria de la izquierda internacional han quedado huellas indelebles de lo que significa el hecho de que la democracia liberal deja de funcionar cuando las élites políticas, sociales y económicas, nacionales e internacionales, deciden que hasta aquí hemos llegado y que se acabó.

Por todo ello, no sólo hay que reafirmar que existe el derecho a defender las propias ideas, sino que es imprescindible construir un marco ideológico según el cual debe quedar claro que cualquier proyecto político que sea apoyado de manera significativa por los ciudadanos, aunque las élites lo detesten y sus voceros mediáticos lo descalifiquen, debe ser considerado legítimo, legal, viable y realizable.