Dominio público

Cataluña: la cuestión nacional y la cuestión de clase

Antonio Rubira

Licenciado en Historia y doctor en Ciencias Políticas

Antonio Rubira
Licenciado en Historia y doctor en Ciencias Políticas

La movilización social en Catalunya los últimos dos meses en torno al proceso soberanista,  constituye un salto cualitativo del problema no resuelto de la cuestión nacional en el Estado español desde hace más de un siglo. El recrudecimiento del movimiento independentista desde que el Estatut de 2006 es anulado posteriormente por el PP y el Tribunal Constitucional, con las mayores manifestaciones en la Diada desde 2012, lleva a la Generalitat al máximo nivel de enfrentamiento con el Estado español desde la Segunda República. Sin embargo, su característica política más importante no es que el Govern desafíe al Estado con un Referéndum ilegalizado y una DUI a la defensiva, ni la represión policial y judicial del gobierno español como único argumento ante las reclamaciones nacionalistas. El factor determinante es el movimiento de masas que ocupa las calles y plazas de las ciudades catalanas: primero en defensa de la Generalitat ante el control de su economía por parte del Gobierno del PP (20 de septiembre), segundo ejercer el derecho de autodeterminación -a pesar de estar invalidado-  al conseguir votar más de dos millones de personas que vencen el miedo mediático y las cargas policiales (1 de octubre), y  tercero la huelga "de país" y manifestaciones contra la represión policial y a favor de la República (3 de octubre). Todo movimiento de masas que cuestione el orden establecido, aunque en este caso no sea el sistema económico sino la estructura territorial del Estado, adquiere su valor político según los intereses de las diferentes clases sociales: causas y objetivos, el comportamiento táctico aplicado a su intervención, y la respuesta del Estado y fuerzas políticas contrarias.

El protagonismo en la movilización social desde la Diada el 11 de septiembre hasta el referéndum el 1 de octubre, y sobre todo la huelga y grandes concentraciones de masas el 3 de octubre, le otorga la iniciativa política al proceso soberanista. Sin embargo, su paralización en la acción desde el día 4 la entrega en bandeja a la reacción del Estado y al gobierno del PP -auxiliado por todos los Medios de comunicación españoles-, con una contraofensiva jurídica, policial y mediática que consigue en Barcelona grandes manifestaciones contra el proceso independentista. Ni siquiera el posterior encarcelamiento de los dirigentes de la ANC, Ómnium y medio Govern sirve para movilizar a la clase trabajadora -fracaso de la huelga del día 8 de noviembre más allá de la permisividad de los Mossos en los piquetes de carreteras y vías férreas-, ni para una actuación clara con una forzada DUI, que ni es proclamada abiertamente ni tiene operatividad alguna. De hecho, el día 3 de octubre como punto álgido de la movilización popular, también muestra la principal debilidad del procés: la desvinculación del movimiento obrero, cuando el sector industrial no se suma a la huelga. La movilización de masas que ocupa las calles durante jornadas enteras en pocas semanas expresa un profundo deseo de cambio político, sin embargo, las reivindicaciones nacionalistas en Catalunya después de casi cuarenta años con el mayor grado de autogobierno de su historia, no es causa suficiente la torpeza y política reaccionaria del PP  contra la Generalitat, anulando un Estatut votado por el Parlament, las Cortes Generales y en Referéndum popular, lo que ya es un escándalo democrático. Son necesarios motivos sociales para significar un salto cualitativo al descontento nacionalista. Sin los efectos de la crisis económica  erosionando las condiciones de vida de estudiantes y jóvenes sin futuro y de trabajadores precarios sin expectativa de mejora, no es posible entender la actuación del 3 de octubre. De esta forma, la expresión de lucha contra el orden establecido en parte de las capas medias y sectores de trabajadores hacia el independentismo, es la vía de escape a su frustración democrática, social y laboral. Por lo tanto, la Cuestión nacional se combina con la Cuestión de clase.

Desde la crisis financiera internacional de 2007 -la Gran Recesión-, la más grave y estructural en ochenta años, el sistema capitalista solo puede subsistir disminuyendo tanto el salario nominal de los trabajadores -incluso con aumento de horas de trabajo-, como el salario social por medio de la reducción de los servicios que presta el Estado en educación, sanidad y pensiones. Para ello, la burguesía internacional influye en los gobiernos de dos formas: por una parte, implementar contrarreformas laborales para mantener los márgenes de beneficio de las PYMES, siendo sus proveedores y su colchón "político" de capas medias en el voto a la derecha, al tiempo que están supeditadas a sus bancos. Y por otra, invirtiendo sus descomunales beneficios -como muestra anualmente el IBEX 35, sin suficiente salida en la producción-, en los servicios que presta el Estado para que se privaticen. Es decir, para seguir generando beneficios a sus accionistas, las multinacionales financieras e industriales que controlan el 90% del comercio mundial, necesitan reducir las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora, y transferir a empresas privadas el negocio de los servicios públicos, además de esquilmar los Estados con los intereses generados por la Deuda pública. Solo la falta de alternativa de las organizaciones obreras permite que el pensamiento único de la burguesía en la justificación del capitalismo, impere socialmente a través de sus Medios de comunicación. No obstante, aún sin movilizaciones desde las grandes organizaciones sindicales y sin alternativa política ni en la calle ni en el Parlamento, la acumulación de una década de crisis económica estructural -como demuestra que a pesar de aumentar el PIB sigue creciendo la precariedad laboral-, comienzan a romperse las costuras que hasta ahora permitían estabilidad política y social. En el Estado español, de una parte, con la irrupción de Podemos, por ahora más como denuncia de la realidad que de alternativa, y de otra, la cuestión nacional en Cataluña, con sectores de trabajadores y jóvenes que cuestionan no solo el modelo de Estado, sino el marco económico y social.

La dirección del movimiento independentista en Catalunya se basa en las capas medias, donde  la pequeña burguesía rural y urbana orienta sus objetivos políticos desde el punto de vista democrático y parlamentario, cuestionando el Estado español y la Monarquía, pero no las bases del sistema económico. Por lo tanto, su objetivo maximalista es una República catalana capitalista. No obstante, la alta burguesía catalana nunca ha sido independentista y se ha limitado a reclamaciones en el Estatuto de autonomía y, como máximo, aspirar al régimen económico y fiscal del País Vasco y su cupo anual, que más que una comunidad autónoma, es casi un Estado libre asociado. De hecho, al igual que la burguesía vasca, la catalana es consciente que su papel en la economía, a diferencia del pasado, está supeditado al control financiero internacional -auténtica clase dominante por la anulación de las fronteras en el funcionamiento de las relaciones comerciales-. Por lo tanto, es más un control político que económico, ante las cada vez mayores limitaciones de los Estados en el funcionamiento del sistema capitalista mundial. La sorpresa de su formación política fundamental (CIU-PDECat) parcialmente arrastrada por el movimiento de masas, recula ante la DUI con Mas y Vila diferenciándose de Puigdemont y dividiendo el partido en su estrategia política. Al mismo tiempo, la inconsistencia de la pequeña burguesía de ERC, esperando una respuesta civilizada del Estado español y el PP para negociar, muestra su incapacidad para dirigir un movimiento de masas que, inevitablemente, tiene que llegar al conjunto de  trabajadores para ser efectivo. Sin embargo, la clase trabajadora catalana, sobre todo en las grandes fábricas y sectores industriales, no es independentista. No solo porque muchos de ellos provengan de la inmigración desde otras zonas del Estado, sino porque sus reclamaciones son más sociales y laborales, conscientes que CIU y su corrupción son los representantes de la burguesía catalana y responsables de los recortes en sanidad y educación de los últimos años.

Al convertirse el proceso nacionalista de las capas medias en un movimiento de masas, con organizaciones civiles históricas como Ómnium Cultural a la que se suma en 2011 la ANC -entre ambas han alcanzado los 170.000 afiliados, los mismos que tiene el PSOE a nivel estatal-, significa la incorporaciones de sectores de trabajadores. Por lo tanto, se tienen las bases potenciales de constituir también un movimiento de clase y no exclusivamente independentista, como el reclamar leyes sociales de la Generalitat que posteriormente ha anulado el Estado. Sin embargo, desde la dirección del movimiento soberanista, el protagonismo político lo ostentan quienes le dan una preponderancia básicamente nacional (pequeño-burguesa) y prácticamente nada de clase (trabajadora). La constatación de esta distorsión es la casi nula participación de los trabajadores industriales en las huelgas convocadas, lo que hace que no hayan sido "huelgas generales". El carácter de una huelga general lo otorga el movimiento obrero en los sectores con capacidad de paralizar la actividad económica de un país: en primer lugar, la industria. Sin embargo, la huelga "de país" del 3 de octubre, con el apoyo e impulso desde la propia Generalitat, un pequeño sindicato y la CUP, solo consiguió paralizar el comercio, el transporte y la administración pública. El 8 de noviembre, ni siquiera eso. No obstante, lo verdaderamente significativo del 3 de octubre         -como movimiento de masas-, no fue el seguimiento de la huelga, sino las grandes manifestaciones y concentraciones que durante todo el día llenaron las calles y las plazas de todas las ciudades catalanas -especialmente en Barcelona: Plaza Universidad y Vía layetana-, permaneciendo durante horas decenas de miles de personas protestando por la represión policial del día 1 y reclamando la República catalana. Es la confirmación de ser un movimiento de masas que supera el ámbito del nacionalismo de las clases medias, y recoge sectores de trabajadores, aunque éstos no tengan expresión política de clase por parte de sus organizaciones.

Conviene recordar que los grandes movimientos de masas en torno a la cuestión nacional -tanto en Catalunya como en el País Vasco en el último siglo-, siempre han sido estimulados en un contexto de fuerte lucha y organización de la clase obrera: la Segunda República en los años treinta y la Transición en los setenta. En dichos períodos, la cuestión nacional, como reclamación autónoma en sí misma, estuvo subordinada a la lucha de la clase obrera en el cuestionamiento del orden establecido. La proclamación del Estado catalán dentro de la República federal española por Companys el 6 de octubre de 1934, avivado por el enfrentamiento con el gobierno Radical en Madrid sobre la Ley de cultivos de la Generalitat -reforma agraria catalana a favor de la propiedad de los pequeños campesinos que anulan las Cortes Generales-, viene precedida e impulsada por la lucha de clases de aquel año con la huelga general del 4 de octubre en todo el Estado, especialmente en Cataluña y sobre todo por la insurrección obrera en Asturias. Desde enero de 1934 el PSOE propone la huelga general revolucionaria si entra la CEDA en el gobierno impulsada por las Alianzas Obreras, como ocurre el 3 de octubre, lo que hace que la cuestión nacional este incentivada en cuanto a movimiento de masas por la cuestión de clase. En la Transición, las grandes movilizaciones sociales en la lucha contra el franquismo están protagonizadas por la clase trabajadora, las huelgas en 1976 y 1977 son las mayores desde los años treinta y obligan a los empresarios a subir los sueldos en medio de una crisis económica mundial, y al franquismo todavía en el poder, a reconocer sindicatos y partidos obreros antes de la Constitución de 1978. Sobre esta realidad de la lucha de clases, las reclamaciones nacionalistas obtienen también reconocimiento: el gobierno de Suarez acepta la Generalitat de Catalunya en 1977 antes de serlo formalmente por las Cortes en 1978.

Aunque el protagonismo político en la cuestión nacional tanto en el País Vasco como en Catalunya está dirigido por las capas medias y sectores de una burguesía propia, es también un movimiento transversal socialmente. Por lo tanto, las posiciones "de clase" son determinantes para orientar la intervención de las organizaciones de los trabajadores. Ni la burguesía ni las capas medias nacionalistas cuestionan el sistema capitalista, al revés, son las mayores defensoras del mismo. La falta de alternativa socialista y de clase a la lucha contra el Estado español, es lo que deja en manos de la pequeña burguesía los argumentos exclusivamente nacionalistas. Esto no significa que el derecho a la autodeterminación no pueda ganar el apoyo de la clase trabajadora, sino que éste no puede ir desligado de sus reclamaciones propias como clase social, pues ni una España capitalista ni una Cataluña capitalista es solución a sus problemas. La lucha por la República catalana como vanguardia para cuestionar el orden establecido en el Estado, no puede subordinar las aspiraciones de los trabajadores al movimiento independentista sobre los intereses de la burguesía y capas medias que no cuestionan el capitalismo.

Desde el 4 de octubre cuando el proceso soberanista pierde la iniciativa, incapaz de mantener la movilización de masas en la calle y dubitativo en el Parlament, permite la contraofensiva del gobierno del PP, tanto de represión judicial como para conseguir apoyo social en el resto del Estado contra el independentismo. La debilidad del Estado llega al punto de desconfiar de la policía autonómica con el envío de miles de policías y guardias civiles a Catalunya, como si fuesen fuerzas de ocupación bajo el grito de "a por ellos" de cientos de civiles educados contra el catalanismo, cuando existen 17.000 Mossos con capacidad de represión demostrada.  Inicialmente paralizado y a la defensiva ante la envergadura social durante el mes de septiembre con la Diada, las manifestaciones que rodean la Delegación de gobierno en Vía Layetana y la expulsión de furgones de la Guardia Civil en varias localidades, la primera debilidad del Gobierno del PP es el ridículo ocasionado por la propia celebración del Referéndum, cuando llevaba semanas diciendo que nunca se celebraría, secuestrando urnas y papeletas. La segunda, cuando tienen que frenar la represión policial a medio día del 1 de octubre una vez fracasa, y se hace eco la prensa internacional como algo impropio de una sociedad europea y democrática, indicando la CNN norteamericana "La vergüenza de Europa". La única prensa que no se escandaliza es la española, que le basta con echar la culpa al "Referéndum ilegal" para justificarla. La impotencia política del Estado español con el gobierno del PP a la cabeza y el estilete reaccionario de Cs, es tan evidente que precisa de dos colaboradores imprescindibles: el PSOE y los Medios de comunicación. La única fuerza política con implantación en todo el Estado e influencia histórica, sindical  y electoral entre los trabajadores, se posiciona con el Estado y el PP, una vez constata que el movimiento no tiene carácter de clase. De hecho, el PSOE bascula de pedir la reprobación en el Parlamento de la vicepresidenta del gobierno por las cargas policiales del 1 de octubre, a olvidarse del tema y apoyar el 155. La represión policial y judicial, avalada y jalonada desde los Medios de comunicación, también tiene una expresión "de clase", pues hace de uso del Estado como lo que es en esencia: "un grupo de hombres armados en defensa de la propiedad privada". Este es el motivo fundamental para que todos los Medios -prensa, radio y TV- mantengan una campaña sistemática no solo contra las posiciones independentistas -a las que ponen un silenciador en los motivos mientras son el altavoz en defensa de las posiciones políticas y judiciales del Estado y el gobierno del PP-, sino para justificar la represión de todo cuestionamiento del orden establecido. Ponen el foco de atención en las consecuencias y no en las causas de lo que está ocurriendo, de manera que fuera de Cataluña no se comprendan los motivos del Procés.

Al mismo tiempo, como viene ocurriendo especialmente en la última década con la crisis estructural del capitalismo, los grandes Medios de comunicación burgueses, sean reaccionarios o liberales, se dedican a ser "creadores de opinión", donde la interpretación se sobrepone de manera absoluta a la información, hasta transformar ésta en aquella. La unanimidad alcanzada en todos los Medios, no solo contra la independencia de Cataluña, sino contra el derecho de autodeterminación -que falsea conscientemente como sinónimos-, es aún mayor de la que hubo contra Pedro Sánchez en las Primarias del PSOE, y la cota más alta de manipulación desde el desmoronamiento del estalinismo, utilizado para arremeter contra las ideas del socialismo y el comunismo. No obstante, el mayor peligro que supone la asfixiante y permanente manipulación informativa, es sentar las bases ideológicas de la burguesía como futura justificación de una regresión democrática contra la clase obrera, cuando el movimiento de masas de ésta suponga cuestionar el orden establecido, no ya de la estructura del Estado sino del sistema económico. Sin embargo, para que los Medios puedan falsificar la realidad y servir en bandeja el protagonismo político al franquismo sociológico sobre la cuestión nacional en el resto del Estado, es preciso el vacío ideológico de los partidos y sindicatos obreros en la cuestión de clase. De esta forma, permiten que la confrontación política se exprese en el enfrentamiento de las capas medias catalanas a favor de la independencia sobre bases capitalistas de ERC y PDeCAT, con las españolas del PP y Cs en defensa del nacionalismo español. Esta falta de alternativa del PSOE, UGT y CCOO, en un momento de grave conflicto político, les posiciona -aunque sea por pasiva- con el nacionalismo español y el 155, incapaces siquiera de denunciar el chantaje político del gobierno con la economía al facilitar la salida de empresas de Catalunya y justificar la pérdida de  empleo de PYMES "obligadas" por el Procés. Sin embargo, el potencial revolucionario del movimiento de masas articulado en torno al proceso soberanista en Catalunya, no es únicamente por su connotación independentista que no cuestiona el capitalismo, sino por englobar sectores de trabajadores y jóvenes organizados en comités en defensa de la República de la CUP, que desean cambiar las condiciones de vida y trabajo, los recortes sociales y la corrupción generalizada, a cuyo frente se sitúa el PP, que es el partido de gobierno más corrupto y reaccionario de Europa.

De esta forma, el carácter pequeño-burgués en la dirección de movimiento, queda paralizado ante el reto que supone enfrentarse al Estado. La debilidad invita a la agresión, y el gobierno del PP aprovecha el hueco de una alternativa de clase para contraatacar con la represión policial, judicial y mediática. Las organizaciones obreras deben luchar con reclamaciones sociales y económicas de clase, que simultáneamente reconozca el derecho de autodeterminación de Catalunya, incluso si desea la independencia como República, dentro de la lucha de la clase obrera en todo el Estado por transformar la sociedad. No puede haber alternativa socialista en Cataluña al margen de una alternativa socialista en el conjunto del Estado español. La CUP constituye la única organización con influencia en el movimiento que tiene posiciones rupturistas no solo nacionales sino también sociales. No obstante, su actuación tiene mayor preponderancia independentista que anticapitalista, hasta el punto de exponer que la primera facilita la segunda. Cuando es realidad es lo contrario. Solo dando un carácter de clase a la movilización de masas que cuestione el orden económico establecido, es posible luchar por una República catalana socialista que impulse la lucha en el resto del Estado por la República socialista española. Pero deben evitar coincidir con la estratégica del independentismo burgués del PDECaty ERC. Para ello, es necesaria una mayor orientación hacia la clase trabajadora, que es la única fuerza capaz de transformar la realidad.

Creer que una República catalana favorecería los contenidos sociales y económicos para cambiar la sociedad, supeditando tácticamente una orientación nacional a una estratégica de clase, es considerar que el enfrentamiento con la burguesía catalana posteriormente, sería más favorable para la clase obrera que enfrentarse a la burguesía española con la fuerza conjunta de los trabajadores de todo el Estado. Tampoco ayuda el haber apoyado los presupuestos de CIU en el Parlament, con objeto de ir más allá de lo que pretendían en el proceso soberanista, cuando lo que han hecho éstos, es utilizar las fuerzas de la CUP en la calle para defender su posición de clase (capitalista). No era necesario ir a remolque de CIU -por muy mediático que fuese echar a Mas por corrupción-, a costa de obtener la incomprensión y el rechazo de amplias capas de la clase trabajadora que nunca votarán a la derecha. Es más coherente mantener una posición de clase en el programa y en la acción, aunque ello signifique quedar en minoría -algo por otra parte que sigue siendo ahora- pero ganando autoridad política en los sectores obreros. En último término, las organizaciones que cuestionan el orden capitalista deben mantener una posición de clase cuya movilización gane a las capas medias, y no subordinar la lucha de los trabajadores a las aspiraciones de éstas, incluso en la cuestión nacional. Dicho esto, no significa que haya que esperar a luchar contra el capitalismo en todo el Estado para apoyar la República en Catalunya, sino desarrollar ésta en líneas de clase para impulsar aquella en el resto del Estado. Por muy progresista que resulte la lucha contra el Estado español, dirigido política y judicialmente por los herederos del franquismo, la burguesía catalana no puede ser compañero de viaje. Esperar conseguir una República catalana sin el apoyo de los trabajadores catalanes y españoles, al que solo se sumarían recogiendo también sus propias reivindicaciones de clase, no es posible obtener una movilización social con la suficiente envergadura para conseguirlo.

Podemos -y los Comunes-, como organización interclasista y transversal socialmente de carácter progresista y con una base mayoritaria de izquierdas, en lugar de tener una posición de clase y una orientación hacia los trabajadores de luchar por un cambio social a nivel estatal, se ha limitado a defender el derecho de autodeterminación parapetado en sus escaños con reproches al PP, sin apoyar el movimiento de masas del 1 y 3 de octubre. Como resultado, tampoco logra que el reconocimiento del derecho de autodeterminación sea entendido por los trabajadores. Limitarse a propuestas parlamentarias para cambiar la leyes, además de ser una estrategia fracasada del reformismo  en medio de una crisis orgánica del capitalismo, también significa desentenderse de la auténtica palanca de transformación que es la movilización de masas. Su argumentación patriótica  -pretendiendo ser igual de españoles que el PP-, y repetir incansablemente su "confianza" en los Tribunales de Justicia, obviando el carácter de clase de éstos -uno de los pilares del Estado burgués capitalista-, deja a Podemos como una denuncia organizada de lo que funciona mal en la sociedad desde los parlamentos, sin una alternativa coherente y de clase que solucione lo que demanda luchando en la calle. La defensa de Podemos del derecho de autodeterminación con un Referéndum vinculante sin apoyar la independencia, que es la posición política más correcta desde un punto de vista "de clase" en la lucha conjunta de los trabajadores de todo del Estado para cambiar la sociedad, queda huérfana cuando no va acompañada de un programa que cuestione la forma de Estado y la economía. Su equidistancia entre la independencia y el 155 le mantiene fuera de las movilizaciones, permitiendo el protagonismo del gobierno para llevar a cabo una política regresiva tanto en los derechos democráticos como en ideas y actos que cuestionen el poder establecido. Así, el gobierno del PP aprovecha el más bajo nivel de conciencia de clase en décadas    -medido en lucha y organización- lo que permite a la dirección del PSOE, UGT y CCOO -por ahora- desentenderse del conflicto político y posicionarse detrás del PP en la defensa del nacionalismo español que, en última instancia, es esencialmente anti-catalanista.

No obstante, la fuerza de masas del movimiento en Catalunya, a pesar de sufrir una derrota parcial, no ha dicho su última palabra como quieren vender los inspiradores del 155. Ni el Estado ni el gobierno español ofrecen ninguna salida democrática a la mitad de la población catalana que quiere la independencia, por lo que tienen que apoyarse en el franquismo sociológico, que llevaba décadas como minoría en algunos Medios y cuya expresión política se limitaba a garantizar 2-3 millones de votos al PP al margen de su indecente nivel de corrupción. Una vez la alta burguesía catalana ha conseguido que su fuerza política -Junts per Catalunya-, se oriente a posiciones autonomistas rechazando la vía de la independencia y apostando por la negociación con el Estado, uniendo su estrategia a la burguesía europea y sectores de la española para reconducir el procés hacia una reforma constitucional -único flotador del PSOE-PSUC para sobrevivir políticamente a la reacción del nacionalismo español-, a partir del 21 de diciembre quedará desactivado la mitad del movimiento independentista de carácter burgués al que se sumará ERC. La dirección de PDECat y ERC no confiaban en obtener la independencia ante la movilización de masas del 1 y 3 de octubre como demuestra sus dudas en aplicar la DUI. Al revés, se asustaron y dichas movilizaciones fueron utilizadas para echar un órdago al gobierno del PP, pensando conseguir una negociación bilateral sobre el encaje de Catalunya en el Estado. Un problema añadido es la posible intención de la pequeña burguesía catalana de crear un sindicato de corte nacionalista y no de clase, como el que tiene el PNV con ELA en el País Vasco, lo que sería perjudicial para la clase trabajadora. No obstante, para tener efectividad política las capas medias catalanas necesitan que se les ofrezca alguna concesión que vendrá por medio de algún aspecto de reforma constitucional como el reconocimiento de "nación". Es decir, nada relevante, pues seguirá sin ser aceptado el derecho a la autodeterminación con un Referéndum vinculante. Sin embargo, este cambio estratégico no va solucionar ninguno de los problemas del movimiento de masas en octubre: ni da salida al problema nacional, ni mucho menos a la cuestión de clase, pues la crisis estructural del capitalismo no va dotar de mayores competencias autonómicas en el gasto. Esto deja la CUP como única defensora de la independencia, lo que debería llevar a buscar un gobierno de izquierdas en Cataluña -PSC-ERC-Podem-CUP- con un programa de transformación social que defienda la celebración de un Referéndum vinculante, como paso previo a echar al PP del Gobierno.

La pasividad del movimiento obrero en los últimos años, desestructurado como nunca entre los trabajadores industriales -sueldos más altos y fijos en plantilla- y de la Administración pública  -estabilidad en el empleo-, donde los sindicatos mayoritarios tienen su fuerza, respecto a millones de trabajadores del comercio y servicios -la mayor parte precarios y sin organizar-, permite a la dirección de UGT y CCOO -por ahora-, ser organismos más de conciliación y gestión que de lucha. La resultante es el menor número de huelgas desde la Transición y un control burocrático sin precedentes. De la misma forma que el PSOE -aparentemente muerto políticamente fruto de la crisis de la socialdemocracia, incapaz de ofrecer alternativas a la crisis sistémica del capitalismo de la última década y mero ejecutor de los intereses del capital en la gestión responsable de Estado, como demostró Zapatero en la reforma del 135-, con su giro a la izquierda en la elección de Pedro Sánchez en las Primarias, ofrece dos enseñanzas para la crisis catalana: es la presión de su propia base trabajadora quien le hace ganar al aparato que dio el apoyo al PP para gobernar, y la campaña sistemática de todos los Medios en su contra fue incapaz de evitar su victoria. En la cuestión nacional y en la cuestión de clase en el próximo período, será la presión de la clase trabajadora la que significará un salto cualitativo en la lucha política: ni el PSOE en su conjunto estará al servicio de la burguesía, ni los medios de comunicación de ésta serán capaces de contrarrestar un movimiento de masas que cuestione el orden establecido.