Opinion · Dominio público

¡Hay que cortar la lengua a Willy Toledo!

Antonio Gómez Movellán

Presidente de Europa Laica

¿Cómo es posible que por solidarizarse con unas mujeres   que son procesadas judicialmente, por   manifestar públicamente críticas al machismo católico, una persona como Willy Toledo pueda ser, a su vez, investigada o molestada por los tribunales?

Es cierto que en España existe todavía el vergonzoso delito de blasfemia, enmascarado como ofensas a los sentimientos religiosos, en el vergonzoso Código penal de 1995, pero ¿es esa la razón? De ninguna forma, ya que desde el año 1995 han sido contados, con los dedos de una mano, los procesos habidos por esa bizarra tipificación penal.  Por supuesto, que desde Europa Laica luchamos, con muchísimas otras asociaciones,  para que esta tipificación penal sea extirpada definitivamente de ese Código penal pero la razón está en otro lado; desde hace unos años han surgido asociaciones ultramontanas católicas, que, al servicio de las Iglesia católica, presentan demandas sobre “ofensas a los sentimientos religiosos” en lugares donde saben que se pueden  abrir diligencias  porque los fiscales o jueces de turno utilizarán más su prejuicio ideológico–católico que su criterio jurídico. ¿Acaso es lógico citar a Willy Toledo o a cualquier otra persona por cagarse en la Virgen María? ¿Cómo y por qué se tramitan estas absurdas denuncias?  La Iglesia Católica en lo que está interesada es en que esas denuncias, se tramiten o no, sean presentadas, ya que después hacen propaganda ante organismos internacionales haciendo aparecer a España como un país intolerante en materias religiosa (¡el mundo al revés!).  Y por ello, la Conferencia Episcopal, la Federación de Comunidades Judías, la Comisión Islámica y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España han salido a la palestra para pedir respeto “para creyentes y no creyentes”, haciendo un llamado a la limitación de la libertad de expresión.

Pero para que las denuncias extravagantes prosperen requieren de un ambiente judicial propicio y en España lo hay de sobra. Se tramitan las denuncias de “Abogados Cristianos” (sic) porque existe un juez y un fiscal que, en vez de archivarlas por infundadas, las tramitan y ordenan realizar pesquisas absurdas. Los jueces y los fiscales junto a los “Abogados Cristianos” son los culpables. También el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado son culpables. Europa Laica se ha dirigido ya en varias ocasiones al Fiscal General del Estado para que utilice sus prerrogativas dando instrucciones de no tramitación de este tipo de denuncias absurdas, infundadas y falsas que atentan de plano a la libertad de expresión, pero ni siquiera hemos recibido acuse de recibo. Incluso algunas asociaciones judiciales o de fiscales como la Unión de Fiscales Progresistas o Jueces para la Democracia, aunque denuncian la existencia del delito de blasfemia en el Código Penal -por cierto , fue , en 1995, estando de Ministro de Justicia  y Secretario de Estado de Justicia dos destacados miembros de esa Asociación como Juan Alberto Belloch y Margarita Robles, cuando se introdujo, con su aplauso,  el delito de blasfemia-, no elevan mínimamente su listón de responsabilidad social al justificar la actuación de los jueces o fiscales que tramitan estas denuncias, cayendo en el corporativismo más estrecho, como ya se ha visto también con el caso del Juez Llanera. Estas asociaciones presentan a jueces y fiscales como neutrales en el procedimiento inquisitorial e incluso reprochan a Willy Toledo que no se presente ante el juez, recomendándole que acepte la jurisdicción inquisitorial; cuando aquí lo extravagante y, en nuestra opinión, con responsabilidad incluso prevaricadora, es tramitar denuncias infundadas y realizar pesquisas vergonzantes. Ni desde la Fiscalía General del Estado ni desde el Consejo General del Poder judicial se ha escuchado reproche alguno a estos procesos inquisitoriales del siglo XXI.

El problema de la penetración del sectarismo católico en la magistratura española es muy peligroso y hoy, junto a otros muchos factores, constituye uno de los problemas de credibilidad de independencia del sistema judicial español y de sus ilustrísimos funcionarios.

A finales de los 90 se produjo cierta renovación en la judicatura y ello puso a algunos sectores del centro izquierda alerta sobre lo que podría venir; en un informe del mismísimo pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre medidas para la reforma de la Justicia, un vocal, Javier Moscoso, propuso una medida para evitar la penetración de las sectas católicas  en la magistratura y que fue aprobada por  Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión de 25 julio 2000,:“Los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras se hallen en servicio activo, no podrán pertenecer ni a organizaciones secretas o que funcionen sin transparencia pública, sea cual sea la forma jurídica que adopten, que puedan generar vínculos de disciplina u obediencia ajenos a los mandatos del ordenamiento jurídico constitucional”.

Es evidente que este punto estaba pensado por la influencia del Opus Dei y otras sectas en la magistratura y fiscalía; desgraciadamente, esta influencia en la magistratura se ha reforzado mucho desde el año 2000 y ello incide notablemente en la independencia del sistema judicial. Europa Laica conoce bien el sectarismo católico de la magistratura cuando, recientemente, al impugnar la imposición de la medalla al mérito policial a la Virgen del Amor por parte del Ministro del Interior, el Tribunal Supremo ha utilizado, para rechazar nuestra demanda, argumentos tan estrafalarios como los que utilizan los “Abogados Cristianos” en sus delirantes denuncias.

La presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, en un reciente programa de televisión, anunció que seguirá persiguiendo a los que insulten a Dios; en la Edad Media, los  blasfemos eran conducidos a la fuerza, por los verdugos, al Tribunal de la Inquisición, donde les amputaban un brazo; ahora, Willy Toledo será conducido a la fuerza por la policía ante el juez con la intención de cortarle la lengua, y  de ello no solamente será responsable el   legislador por mantener en el Código Penal esa tipificación absurda, también lo es el juez que ordenó la tramitación de la denuncia de  Abogados Cristianos, y también el fiscal que dio el visto bueno, así como la Fiscal General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial,  que no han parado hace tiempo este tipo de denuncias falsas y absurdas,  y  todos aquellos   que, de una u otra forma, han ayudado a conducir a Willy Toledo, al cual deberíamos rendirle un homenaje por su coraje cívico, ante el juez Torquemada, lo cual, tendrá, sin duda, una proyección internacional digna de la “Marca España”.